Ciudad de México.- Con críticas de la Oposición, que acusó riesgos en materia de contabilidad pública y disciplina financiera, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que busca alinear la inversión pública, privada y social en el desarrollo de proyectos de infraestructura estratégica en sectores como comunicaciones, transporte, agua, medio ambiente, energía y salud.

El proyecto expide la Ley de Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar y plantea modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La reforma, avalada con 315 votos a favor y 89 en contra de la Oposición y turnada al Senado, considera a la inversión privada como un mecanismo de colaboración para acelerar la ejecución de proyectos prioritarios a través de Esquemas de Participación Mixta, cuya rectoría estará en manos del Estado.

Plantea también la posibilidad de constituir Vehículos de Propósito Específico que podrán invertir en acciones o instrumentos bursátiles y, para financiarse, podrán emitir certificados bursátiles o instrumentos de deuda análogos.

Los proyectos estratégicos para el desarrollo con bienestar serán aprobados por un Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, que estará presidido por la Presidenta de la República y contará con la participación de 12 dependencias y nueve invitados permanentes.

Señala, además, que la Secretaría de Hacienda podrá autorizar el inicio de procedimientos de contratación sin contar con suficiencia presupuestaria y excluye del gasto corriente estructural los montos correspondientes a programas sociales y servicios personales correspondientes en sectores como educación, salud y seguridad pública.

La reforma fue avalada luego de que la mayoría aprobó una reserva presentada por el morenista Carlos Ventura Palacios que eliminó el artículo noveno transitorio, el cual disponía que los proyectos estratégicos debían sujetarse a lo dispuesto en la Constitución, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Presupuesto y los criterios de sostenibilidad de las finanzas públicas.

El legislador argumentó que la disposición es una redundancia normativa, porque ya se encuentra contemplada en 13 artículos; no obstante, diputados de Oposición advirtieron que el artículo medianamente limitaba la discrecionalidad de una reforma que, afirmaron, promueve el endeudamiento, proyectos sin suficiencia presupuestaria y la centralización en la toma de decisiones.

"Esta reserva la bautizamos como la reserva Varguitas. Les estorba la Constitución, quítenla, les estorba la ley, desháganse de ella. les estorba el presupuesto, ya no lo aprueben, les estorba el Congreso, disuélvanlo, les estorban los diputados que aprueban los presupuestos, que ya no existan. Les estorba el Poder Legislativo, les estorba este transitorio, arránquenlo Varguitas. Eso es lo que está promoviendo Morena, la Ley de Herodes", advirtió el panista Héctor Saúl Téllez.

El diputado advirtió que las modificaciones proponen proyectar obras y proyectos sin tener suficiencia presupuestal, lo que podría traducirse en deuda disfrazada.

Téllez sostuvo que modificar del gasto corriente estructural para eliminar conceptos como los programas sociales y los servicios personales, permite manipular la contabilidad pública y rompe con el principio de disciplina financiera.

"¿Qué significa esta estrategia? Que el Gobierno podrá gastar más sin que se note realmente ese gasto, ni como ha gastado, ni como se está endeudando. Esto en cualquier país, en cualquier negocio, se llama manipular y maquillar las cuentas", afirmó.

El priista Emilio Suárez Licona dijo que lo que les preocupa es la forma en la que se pretende reimpulsar el modelo de asociaciones público-privadas, incorporando elementos que abren espacios de discrecionalidad, concentración de decisiones y generando riesgos fiscales y presupuestales relevantes.

Advirtió que la flexibilización en registro de compromisos plurianuales, junto con la exclusión de ciertos rubros de gasto estructural debilitará la transparencia y distorsionará la lectura real de las finanzas públicas.

"No se trata de negar la necesidad de esquemas modernos de financiamiento, sino de evitar que so pretexto de su implementación se diluyan los tramos y controles de sostenibilidad y trazabilidad presupuestaria", dijo.

Suárez agregó que si bien el uso de vehículos fideicomisos y contratos de largo plazo no es nuevo, en os términos propuestos facilita el desplazamiento intertemporal de compromisos sin reflejarlos plenamente en los indicadores tradicionales de deuda.

Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, dijo que la reforma es una corrección de rumbo porque después de años de desconfianza al sector privado, se acepta que sin él no hay crecimiento posible.

La legisladora expuso que el problema de ésta no es lo que busca, sino cómo lo está intentando resolver, porque se crean vínculos, contratos y esquemas complejos, pero no crea lo más importante: una instancia técnica verdaderamente autónoma.

Flores mencionó que en los países en donde ha funcionado el esquema propuesto por la nueva ley, como Colombia y Chile, la infraestructura no depende del poder político, pero en México sí, porque el Consejo que la nueva ley crea dependerá del Ejecutivo federal, lo que significa que la infraestructura podría responder más a prioridades políticas, que a criterios técnicos.