La Presidenta Claudia Sheinbaum debe aprovechar la presión de Estados Unidos para proceder penalmente contra funcionarios de alto nivel ligados al crimen organizado, aunque sean de Morena, consideró Crisis Group.
En un informe sobre la disputa interna del Cártel de Sinaloa y la estrategia de seguridad del Gobierno federal, la organización advirtió que los operativos militares y las detenciones realizadas en esa entidad no serán suficientes mientras no se persiga a las redes de corrupción política, empresarial y de seguridad que han permitido la expansión del narcotráfico durante décadas.
"Así como las sucesivas exigencias de Washington han influido en las acciones que Sheinbaum ha tomado, ella debe aprovechar esta presión para superar la resistencia interna e impulsar procesos legales contra altos servidores públicos, incluidos aquellos que pertenecen a su coalición de gobierno", recomendó.
En el reporte, titulado "La guerra de los herederos en Sinaloa: combatir el crimen en México bajo presión de EU", sostuvo que la ofensiva contra el crimen debe centrarse en fortalecer las instituciones de investigación y judicializar a funcionarios corruptos, así como a quienes financian las actividades de los grupos delictivos.
La organización reconoció que la Presidenta ha rechazado los llamados del Gobierno estadounidense para permitir una intervención militar en territorio mexicano, pero consideró que la presión de Washington puede convertirse en un incentivo para emprender una ofensiva judicial contra quienes han permanecido intocables.
"La Casa Blanca también ha recurrido a acciones punitivas, tanto legales como políticas. Un funcionario estadounidense explicó a Crisis Group que la estrategia consiste en crear una 'campaña de máxima presión' sobre México con la 'destrucción total de los carteles' como objetivo.
"Estas acciones incluyen la imputación por parte del Departamento de Justicia de EU del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, junto con otros nueve funcionarios gubernamentales, algunos en funciones", señaló.
El documento estableció que, aunque las fuerzas federales han desplegado hasta 15 mil efectivos en Sinaloa, destruido laboratorios clandestinos, detenido a casi 2 mil 500 sospechosos y asegurado más de 68 toneladas de drogas, esas acciones no han modificado de fondo el equilibrio de poder del crimen organizado.
También refiere que México aún no ha emprendido procesos judiciales efectivos contra los principales jefes criminales del estado ni contra "los oficiales militares, políticos y empresarios corruptos que han permitido que el cartel prospere durante décadas".
La acusaciones estadounidenses contra Rocha e integrantes del gobierno estatal y del municipio de Culiacán, indicó han puesto de relieve las complejidades políticas que entraña abordar las acusaciones de corrupción de alto nivel en México, especialmente cuando está implicado el partido de la presidenta, Morena.
"Sheinbaum ya se encuentra en una situación delicada en lo que respecta a mantener el apoyo de sus principales aliados políticos en materia de seguridad. Al movilizar a las fuerzas armadas en Sinaloa, se distanció de la estrategia de su mentor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuya política de 'abrazos, no balazos' restringió el margen de maniobra de los militares en la lucha contra el crimen organizado", consideró.
Crisis Group afirmó que la estrategia aplicada en Sinaloa ha reducido los enfrentamientos que paralizaron Culiacán, pero mantiene rasgos de la llamada guerra contra las drogas iniciada en 2006, basada en despliegues militares y la captura o abatimiento de líderes criminales, sin afectar de manera sustancial las estructuras que sostienen al narcotráfico.
La organización también planteó que Estados Unidos debe corresponder intensificando las investigaciones contra traficantes de armas, proveedores de precursores químicos e intermediarios logísticos vinculados con los cárteles, además de reforzar las acciones para frenar el flujo de recursos que alimenta a las organizaciones criminales.
