Cd. de México .- En un hecho sin precedentes, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) anunció el pasado 2 de abril su decisión de solicitar al Secretario General a la ONU, António Guterres, llevar a la Asamblea General el tema de las desapariciones forzadas en el País.
La decisión de invocar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, luego de que el Comité concluyera que la información recibida parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo con su evaluación, en el País se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes zonas.
"Basándose en toda la información disponible, el Comité tomó la medida excepcional, en virtud del artículo 34, de señalar la situación en México a la atención de la Asamblea General, solicitándole que considere la posibilidad de adoptar medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el País requiere para la operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.
"Asimismo, pidió que se estableciera un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y prestar asistencia y protección a las familias, las organizaciones y los defensores que buscan a los desaparecidos", indicó la ONU en un comunicado fechado el 2 de abril.
El procedimiento, aclaró, es de carácter preventivo y tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, mas no de establecer la responsabilidad penal individual.
La decisión del Comité fue adoptada con base en la información presentada por la sociedad civil, la respuesta del Estado mexicano a la solicitud de información sobre la situación, y la información recopilada desde 2012, entre otras cosas a través de exámenes periódicos, su visita al País en 2021 y las solicitudes de acción urgente presentadas por las víctimas.
"El Comité también citó el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el País, estimando que se han encontrado más de 4,500 fosas, que contienen más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos, además de unos 72,000 restos humanos no identificados.
"En general, el Comité advirtió que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita al País en 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles. Las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis, y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas", indicó.
El 9 de abril, tras la respuesta de México de que el Gobierno federal no lleva a cabo desapariciones forzadas, sino que son perpetradas por los cárteles, el Comité precisó que las circunstancias que definen este delito aplican también a personas vinculadas a la delincuencia organizada, en tanto actúen con la complicidad u omisión de una autoridad estatal, y defendió su decisión de activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional.
"Las circunstancias contempladas en el artículo 2, se aplican, entre otras cosas, a los denominados grupos paramilitares, pero también a las personas involucradas en la delincuencia organizada, incluidos los grupos o redes informales, desde el momento en que recibieron la autorización, el apoyo o la aquiescencia de una autoridad estatal", refirió.
El organismo también recordó que el artículo 5 de la Convención establece que la práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas constituye un crimen de lesa humanidad conforme al derecho internacional, y citó el Estatuto de Roma -del que México es parte- para subrayar que dicho delito puede ser perpetrado por "un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia".
Luego de que se diera a conocer la solicitud del CED, el Gobierno de México respondió a través de un comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, fechado el 2 de abril, en el que rechazó el informe por considerarlo "tendencioso" y por no haber tomado en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas por el Estado mexicano.
Argumentó que el procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de forma generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar, circunstancias que, sostiene el gobierno, "no corresponden a la realidad del México actual".
El comunicado señaló que el informe refiere principalmente hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que se circunscribe a cuatro estados.
Destacó, además, que el propio CED reconoció que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
El Gobierno también cuestionó "la falta de rigor jurídico" en la argumentación del Comité, así como conflictos de interés de algunos de sus integrantes, señalando que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que presentaron quejas contra el Estado mexicano.
El País, entre las autocracias más recientes
México se sumó a países considerados como "autócratas", pues desde la Presidencia de la República también se controla al Poder Legislativo y Judicial, existe censura y ataque a las organizaciones civiles que difieren de la 4T.
Así lo advierte el Instituto V-Dem, perteneciente a la Universidad de Gotemburgo, Suecia, en su informe sobre la democracia en el 2026: "¿Desmoronando la era democrática?".
"México es un caso singular de autocratización impulsada por la izquierda durante la 'tercera ola' política. El giro autocrático se produjo tras la elección en 2018 de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
"Morena controla actualmente el Poder Ejecutivo y tiene mayoría en el Poder Legislativo. Además, impulsó una reforma para realizar elecciones para el Poder Judicial, politizando así los tribunales. Morena ganó una segunda vuelta y Claudia Sheinbaum ganó la Presidencia en 2024. México es una autocracia electoral desde 2024", sostiene el reporte.
De acuerdo con la Universidad, desde 2025 se registra un debilitamiento democrático en América Latina y el Caribe, pues aunque parecía revertirse con las elecciones en Brasil en el 2023, empeoró con las elecciones en Argentina y México.
"Si bien las mejoras en Brasil propiciaron un notable aumento en los promedios ponderados por población en 2023, el deterioro en Argentina, México y Perú está revirtiendo nuevamente esta tendencia. Ahora vuelve a revertirse debido a la autocratización en Argentina y México", indica.
Así, México forma parte de los 44 países considerados en el mundo como "autócratas", cuyo primer indicador, sostiene, es obstaculizar la libertad de expresión, así como censurar a los medios.
De esos países, 28 eran democracias cuando comenzó su autocratización, como sucede en el caso de la nación mexicana.
"Los esfuerzos gubernamentales por censurar a los medios de comunicación -que encabezan la lista- se están deteriorando sustancialmente en 44 países. Los gobiernos de Hong Kong, México, Myanmar, Eslovenia y Togo se encuentran entre los principales infractores de la última década.
"La censura de los medios de comunicación sigue siendo la táctica más común entre los gobiernos autócratas, utilizada por 32 países (73 por ciento). Sin embargo, la represión de la sociedad civil se ha intensificado y afecta a 30 países (68 por ciento). Casi una cuarta parte de las naciones del mundo (44) figuran ahora en la lista de países autócratas, lo que refleja un aumento vertiginoso de la autocratización", indica el informe.
A manera de contexto, el estudio académico indica que sólo el 5 por ciento de la población vive en democracias liberales, como considera a Chile, Costa Rica y Uruguay; otro 65 por ciento en democracias electorales, como Argentina y Brasil; y en autocracias otro 29 por ciento.
De ese último porcentaje, el 20 por ciento de los ciudadanos reside en México.
Además de esta nación, agrega, están otras que son potencias regionales o mundiales influyentes, capaces de influir en el futuro de sus regiones y moldear la política internacional, como Estados Unidos, Reino Unido, Indonesia, India y Pakistán.
Además del deterioro de la libertad de expresión, tanto en el sector académico como cultural, la autocensura en medios y el sesgo mediático a favor de los gobernantes en el poder, la libertad de debate se está debilitando significativamente tanto para hombres como para mujeres.
"El acoso a periodistas está aumentando en 23 casos. La oferta de una amplia gama de perspectivas en los medios impresos y audiovisuales está desapareciendo en 22 países, y la crítica de las decisiones y acciones gubernamentales por parte de estos medios está desapareciendo en 21", apunta.
Existe un ataque contra las organizaciones de la sociedad civil más frecuente, como sucede en México.
"La represión contra las OSC ocupa ahora el segundo lugar en la lista de los 20 principales problemas, y ha empeorado sustancialmente en dos tercios de los países autoritarios, por ejemplo, en Bielorrusia, El Salvador, Georgia, Guinea y México.
"Otro aspecto del declive de la libertad de asociación es el grado en que los gobiernos ejercen un control directo sobre la entrada y salida de las OSC, que está aumentando en 23 países autoritarios, entre ellos Kirguistán, Libia, Madagascar y Mozambique", señala.
En América Latina y el Caribe, cuatro países se encuentran en proceso de democratización, como es República Dominicana, Bolivia, Brasil y Guatemala, los últimos tres, reporta, "están revirtiendo la autocratización".
"Si una democracia comienza a autocratizarse, es más probable que colapse a que sobreviva", advierte el reporte.
Además, indica, las autocracias también se afectan así mismas, haciéndolas más represivas.
Advierten, desde 2024, afectaciones a independencia judicial
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó desde 2024 su preocupación por la aprobación de la reforma al Poder Judicial y advirtió sobre sus posibles impactos en el acceso a la justicia, las garantías de independencia judicial y la vigencia del Estado de Derecho.
El organismo interamericano emitió el 12 de septiembre de 2024 -un día después de que el Senado de la República avalara la reforma- un pronunciamiento en el que reconoció la necesidad de fortalecer el sistema judicial mexicano, pero cuestionó la forma, la celeridad y el contenido de los cambios constitucionales impulsados por el Ejecutivo federal.
La reforma fue enviada al Congreso de la Unión el 5 de febrero de 2024. La Cámara de Diputados la aprobó el 3 de septiembre y el Senado la ratificó el 11 del mismo mes, en el marco de un paquete de reformas constitucionales que se discutían de manera simultánea en el Poder Legislativo.
Uno de los ejes centrales de la preocupación de la CIDH es la disposición que establece el cese de las autoridades judiciales en funciones -a ejecutarse en fases entre 2025 y 2027- para dar paso a la elección popular de todas las personas juezas, magistradas y Ministras del País.
La Comisión recibió información de organizaciones de la sociedad civil, expertas y operadoras de justicia sobre las afectaciones que derivarían de ese cambio frente a las obligaciones internacionales de México.
Entre las críticas centrales, destacó que la reforma podría vulnerar las garantías de idoneidad y el acceso meritocrático a la carrera judicial.
En su informe sobre Garantías para la Independencia de los Operadores de Justicia, la CIDH había señalado que un proceso adecuado de nombramiento y selección constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia judicial.
El organismo enfatizó que los sistemas de selección deben basarse en el mérito, las capacidades profesionales y las calificaciones jurídicas, realizarse en el marco de procesos públicos y transparentes, y garantizar la igualdad de género en el acceso a la carrera.
La Comisión también señaló que la reforma no partió de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia, ni contempló cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país.
La CIDH reconoció que persisten desafíos en el acceso a la justicia en México que se traducen en altos niveles de impunidad y corrupción, tal como lo ha resaltado en sus informes anuales de los últimos lustros. Sin embargo, subrayó que una reforma de esta envergadura debió conducirse en el marco de un diálogo amplio, debidamente informado y participativo.
Si bien el Estado informó sobre diálogos nacionales realizados entre el 21 de febrero y el 18 de abril de 2024, la CIDH observó que la celeridad en la tramitación impidió considerar efectivamente las críticas de un sector de la ciudadanía, como lo demostraban las manifestaciones de las semanas previas a su aprobación.
El organismo también expresó preocupación por las descalificaciones públicas contra personas juzgadoras realizadas por autoridades impulsoras de la reforma, a raíz de las opiniones que estas emitieron sobre los cambios constitucionales.
En esa línea, la Relatora Especial sobre la independencia de magistradas y abogadas de la ONU había señalado previamente su preocupación por la incompatibilidad de las propuestas con las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos.
La relatora advirtió que las consideraciones políticas podrían superponerse a los méritos objetivos en la selección de juzgadores, y alertó sobre riesgos en la estabilidad del cargo y afectaciones a la autonomía administrativa y disciplinaria de la judicatura.
La CIDH apuntó además que una reforma comprehensiva del sistema judicial debería haber abarcado a otras instituciones encargadas de la impartición de justicia, como la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las defensorías públicas, instituciones que la reforma constitucional dejó fuera de su alcance.
Ante el panorama descrito, la Comisión instó a las autoridades del Estado a asegurar que toda reforma judicial se realice de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia.
También las exhortó a garantizar instancias de diálogo real que aseguren la participación de todos los sectores interesados.
'Esperamos que CIDH revierta la reforma judicial'
Hace un par de semanas, tras 11 meses de análisis, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio trámite a la denuncia presentada por 65 jueces y magistrados mexicanos contra la reforma judicial de 2024 por socavar la independencia de los impartidores de justicia y relevarlos de sus cargos, dando fin a la carrera judicial.
Representados por el abogado Zamir Fajardo, los juzgadores buscan que CIDH declare que la reforma judicial, mediante la cual se elige por voto popular a los impartidores de justicia, es violatoria de los derechos humanos al no garantizar la imparcialidad de las resoluciones.
La reforma, que dejó fuera en 2025 a más de 7 mil impartidores de justicia, priva a la sociedad de tener jueces que resuelvan a partir de criterios técnicos, pues al llegar mediante una elección le deben su cargo a la política y a quienes les ayudaron a obtener los votos necesarios.
¿Cuál es la importancia de que la CIDH haya admitido la denuncia de 65 impartidores de justicia afectados por la reforma judicial?
Zamir Fajardo: Mira, en principio, me parece que la importancia radica en que el Estado mexicano va a tener que rendir cuentas ante la comunidad internacional sobre esta reforma y sus implicaciones, tanto para la democracia como para las personas que se están viendo afectadas con el cese masivo.
Recordarán ustedes que esta reforma, entre otras implicaciones, dejó fuera a más de 7 mil personas que obtuvieron su empleo mediante concursos de méritos dentro de la carrera judicial. Entonces, el Estado tendrá que explicar ante la comunidad internacional por qué hizo ese cese masivo y cuál es el sentido de destruir una carrera judicial que, con sus dificultades y sus oportunidades, era una de las dimensiones institucionales más sólidas del Estado.
¿Qué es lo que seguiría?
Lo que suele pasar en estos casos es que primero el Estado tiene que decidir si quiere un litigio internacional o quiere intentar resolver el caso con una solución amistosa. Si el Estado quiere un litigio y llegamos al fondo y la Comisión Interamericana considera que violó los derechos humanos, lo procedente es que hace un informe y le dice al Estado qué debe hacer para reparar las violaciones cometidas. Si el Estado no puede o no quiere por la razón que fuere, política o de cualquier otra orden, la Comisión Interamericana presenta el caso ante la Corte. Nosotros, representantes de víctimas, compareceríamos también a defender el enfoque del caso que hemos venido trabajando.
¿La resolución de la Corte Interamericana sería vinculante?
En efecto, la decisión de la Corte es definitiva e inatacable, es decir, es claramente vinculante. Pero yo diría algo muy importante, y es que también el informe que hace la Comisión Interamericana es un informe que vincula al Estado, porque el procedimiento que sigue la comisión está en un tratado, y México se obligó con ese tratado a respetar esos procedimientos.
Entonces, bajo el principio de buena fe del derecho internacional público, el Estado estaría obligado a cumplir con ese informe.
En el caso de la reforma judicial, además es la afectación a los derechos de las otras personas, de los justiciables, al privarlos de tener jueces competentes, preparados, que hicieron carrera judicial.
Absolutamente, yo creo que esa es una dimensión muy fuerte de este caso y de la situación que estamos viviendo, y es que no sólo se están viendo afectados miles de proyectos de vida de las personas juzgadoras, sino que se le está quitando a la ciudadanía, a la sociedad en general, la posibilidad de tener jueces que resuelvan a partir de criterios técnicos, de criterios objetivos, y ponemos a resolver, o puso el régimen a resolver a jueces que deben sus cargos a la política, con lo cual le quitó el derecho a la protección judicial y el acceso a la justicia a la ciudadanía en general y a las víctimas de violaciones a derechos humanos en específico.
¿Qué alcance podría tener una resolución de la Comisión favorable a los impartidores de justicia mexicanos? ¿Puede recomendar revertir la reforma judicial?
Eso es lo que se está solicitando, que la reforma judicial sea declarada violatoria a derechos humanos como un todo, es decir, integralmente, y que se le ordene al Estado mexicano restituir la carrera judicial y mantener los principios de independencia judicial como estaban antes de la reforma.
Esperamos que la Comisión Interamericana pueda entrar a hacer el estudio, pero, por lo pronto, si no, habrá que establecer algunos criterios y medidas básicas que el Estado tendría que asumir.
Cuando menos, revisar el tema de la de la elección judicial, cómo funciona, los mínimos de integridad electoral que no están garantizados, y naturalmente los principios de independencia, sobre todo de cara al Tribunal de Disciplina Judicial, que es una figura abiertamente agresiva de los principios básicos de debido proceso y de independencia judicial, y también, el respeto por los méritos en el acceso a los cargos públicos.
La politización de la justicia es una mala idea, y eso va a generar que, como ya se ha dicho, no haya justicia para las víctimas, que se decida lo que la mayoría o el régimen en turno quiera, y no lo que los derechos humanos, la Constitución y los tratados establecen. Entonces, lo que se esperaría es que la Comisión Interamericana determine que la reforma es violatoria de derechos humanos, y, en ese sentido, que le ordenen al Estado mexicano revertirla.
