Los jueces afines al partido político de izquierda que gobierna México dominan ahora la Suprema Corte. Los leales al partido controlan un nuevo tribunal con potestad para destituir a jueces y el tribunal que decide los litigios electorales federales.

Los dirigentes del partido Morena, que ya controla la presidencia y el Congreso, habían insistido en que su polémico rediseño del sistema judicial, uno de los de mayor alcance jamás intentados por una gran democracia, no sería una toma de poder. Por el contrario, dijeron, haría que los jueces rindieran cuentas ante los votantes y empezaría a arreglar un sistema que, según la mayoría de los mexicanos, está viciado por la corrupción, el nepotismo y la impunidad generalizada de los delincuentes.

Sin embargo, el hecho de que México haya pasado de un sistema basado en nombramientos a un sistema en el que los votantes eligen a los jueces ha supuesto, al menos por ahora, un paso crucial en la consolidación del poder de Morena, según los resultados electorales publicados el domingo.

Los candidatos con el sello de aprobación de Morena obtuvieron victorias en los tribunales más poderosos de México y en los circuitos judiciales de todo el país, poniendo de manifiesto los temores de los críticos de que las elecciones pudieran eliminar el último gran freno al poder de Morena.

“Tienes ahora a un régimen que tiene a la presidencia, tiene al poder legislativo, porque tiene mayorías absolutas en ambas cámaras, y ahora va a tener a las personas juzgadoras”, dijo María Emilia Molina, magistrada de circuito y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.

Ella y otros 13 jueces han impugnado el rediseño judicial a través de una comisión internacional de derechos humanos, presentando una demanda que sostiene que este viola la independencia judicial y los derechos de los jueces en activo.

Molina, de 53 años, dijo que pensaba dimitir en algún momento de este año.

“Yo no soy parte de este circo”, dijo. “Estoy en un absoluto duelo por dentro”.

Quedan muchas preguntas sobre cómo cambiará el sistema en la práctica, sobre todo porque el cambio no abordó elementos que muchos mexicanos critican como corruptos o insensibles, como las fiscalías y la policía.

Otro factor que no se ha puesto a prueba es el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que tiene amplios poderes para investigar e incluso destituir a algunos jueces, poderes que, según los críticos, podrían utilizarse para destituir a los jueces que no cooperen.

Celia Maya, miembro de Morena y presidenta del tribunal, rechazó tales críticas, diciendo en una entrevista que el organismo “está creado para combatir las prácticas corruptas: la desviación que sí hay en la justicia para favorecer a grupos poderosos”. Y añadió: “Eso es lo que viene a hacer este tribunal. A evitar que se den esas cosas para que prevalezca una justicia precisamente correcta e independiente”.

Pero los cálculos de poder político también estuvieron en la base de los cambios, según los analistas.

Como presidente, Andrés Manuel López Obrador consiguió apoyo el año pasado para elegir a los jueces después de que los tribunales intentaran bloquear algunos de sus principales proyectos y planes.

Un momento oportuno y la inigualable popularidad actual de Morena también fueron factores decisivos. Para acabar de cimentar el dominio del partido, Claudia Sheinbaum ganó las elecciones presidenciales del año pasado de forma aplastante, mientras que los aliados del partido obtuvieron inesperadamente las mayorías necesarias en el Congreso para cambiar la Constitución de México.

Sin embargo, aunque las encuestas mostraron apoyo al rediseño, casi el 90 por ciento de los votantes se abstuvo de votar este mes, una de las participaciones más bajas en unas elecciones federales desde que México pasó a la democracia a principios de la década de 2000.

La pésima participación, de solo el 13 por ciento de 100 millones de votantes, avivó la preocupación sobre la legitimidad de las elecciones, sobre todo cuando se hizo evidente que muchos votantes también invalidaron sus boletas o las dejaron en blanco.

Entre los factores que contribuyeron a la escasa participación figuran el vertiginoso número de opciones que figuraban en las papeletas, un presupuesto limitado para organizar las elecciones y una comprensión relativamente escasa de lo que hacen los jueces, dijo Ernesto Guerra, analista político.

“Evidentemente, la ciudadanía no estaba interesada en este proceso”, dijo Guerra.

La votación también permitió vislumbrar las posibles fisuras que están surgiendo dentro de Morena. En numerosos estados, los votantes se desviaron de la guía de Morena para elegir a candidatos menos inclinados a alinearse explícitamente con el partido gobernante, aunque estos candidatos tampoco estuvieran alineados con la oposición.

“Esas fracturas se podrían ir amplificando en la medida que pasa el tiempo”, dijo Úrsula Indacochea, experta judicial de la Fundación para el Debido Proceso, con sede en Washington.

“Eso es la prueba de que es mala idea la elección judicial, incluso para los que la propusieron”, dijo. “Al politizar la justicia, los jueces actúan como políticos. Y los políticos se cambian de bando”.

Recientemente, la presidenta Sheinbaum pareció reconocer algunas críticas, especialmente en relación con la participación.

“Hay que revisar qué se puede perfeccionar para facilitar el voto de las mexicanas y mexicanos”, dijo. Pero, añadió, “estoy convencida de que esta elección va a sanear el Poder Judicial”.

La oposición, que parece estar en agonía en gran parte del país, no tendrá oportunidad de desafiar el dominio de Morena en los tribunales hasta 2027, cuando se celebre la votación de la segunda fase de las elecciones judiciales.

“No hay ningún contrapeso institucional que valga por lo menos para los próximos dos años”, dijo Juan José Garza Onofre, investigador de derecho constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para entonces, los mexicanos también habrán tenido la oportunidad de remodelar otras partes del gobierno, votando por 17 nuevos gobernadores, 500 escaños en la Cámara Baja del Congreso, cientos de alcaldes y más de mil legisladores locales.