El karma persigue irremediablemente al temperamento miserable, negativo y corrupto, de Javier Corral Jurado.
Cada día que transcurre la verdad aparece por alguno de sus incontables actos contrarios a la decencia y al humanismo ejecutados cuando fue gobernador. No tuvo escrúpulos ni cargos de conciencia.
Imposible olvidar cuando el traidor al PAN, hoy morenista, impostaba la voz para señalar y amenazar a El Diario con denuncias en México y los Estados Unidos justo por la publicación de aquel descubrimiento, el “terreno caliente”, adquirido bajo un procedimiento judicial cuestionable y una venta nada clara, cuya sola difusión generó reacción iracunda del autoritario.
Hoy acaba de emitir una sentencia el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa que ordena la inhabilitación de una de sus funcionarias porque ocultó todo un expediente relacionado con el caso. No se detuvo en gastos para empuercar el asunto de cabo a rabo, de principio a fin.
Involucró a un juez que en paz descanse. Por vergüenza y honorabilidad, solo un notario rechazó sus órdenes. De ahí partió la debacle.
No hubo, contrario a lo que anunció, denuncia alguna en contra de esta casa editora en el país, sino en la tierra a cuya nacionalidad supuestamente había renunciado, como un falso arranque de congruencia con la invasión a Panamá.
Nada más simulador del hoy pobre senador, que sigue ostentando la doble nacionalidad, con aparente carta renuncia a cualquier protección de nación extranjera, y que le permite ocupar altas posiciones en el sector público mexicano, tal y cual quedó asentado en los expedientes abiertos tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE) como en el Tribunal Federal Electoral (Trife).
Así, mitómano, en su denuncia en Texas ostenta el exgobernador un carácter de aparente víctima de una campaña mediática existente solo en su mente, -alegando afectación en su fama pública en la comunidad paseña de la cual forma parte, dijo él- porque las publicaciones de El Diario tienen todo el sustento que surge de las pruebas documentadas y de la misma responsabilidad ética del medio.
La información publicada, con fuente y todo, devela una trama en la cual resulta el exgobernador casi gratuito beneficiario de un procedimiento irregular de remate -casi 30 años tenía guardado-, cuando el asunto estaba prescrito y fue rescatado el expediente de un archivo muerto, para quedarse a precio de risa con un terreno de 227 metros colindante con la calle Costa Rica; y lo más importante, para convertirlo en el patio de su casa en Ciudad Juárez.
Trató de engañar a la corte norteamericana, negando evidencias del caso existentes, y que con puntual veracidad publicó esta casa editorial, en un juicio supuestamente financiado por sus “amigos empresarios”, que al parecer ya lo abandonaron porque ya no se deja ver ni en la Corte.

***

El TEJA no deja lugar a dudas en su sentencia que el exgobernador, “al haber tomado posesión del inmueble (de la calle Costa Rica 179 de Juárez, conocido como el terreno caliente), el 29 de octubre de 2018, adquirió un derecho sobre él que aumentó su patrimonio”.
Corral debió simplemente haber declarado la adquisición del bien, que no era más que un acto jurídico que lo blindaba de cualquier otra acusación, pero contrario a ello, prefirió el camino tortuoso de evadir reportarlo, mintiendo, y haciéndose merecedor de la inhabilitación por un año, que aún no empieza a correr. Por qué no lo hizo. No lo hizo porque traía pecado. Sabía que había delito.
Para el TEJA se trató nada menos que de una intención de ocultar aumento patrimonial, en resolución que involucra a otros actores, como Enrique Torres Valadez, como gestor de un permiso municipal para derribar un árbol dentro del “terreno caliente”, y a otros funcionarios más que por complicidad posterior, ocultaron la denuncia de Omar Bazán.
El caso es el 073/2024-3 JRA, resultado del procedimiento notificado a Corral mediante el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa EPRA049/2024.
Pataleó Corral pidiendo desestimar la acusación, al considerarla improcedente por no existir, a su juicio, pruebas de que hubiese incrementado su patrimonio de forma desproporcionada con sus ingresos.
Pero el daño ya existía, la conducta antijurídica era ocultar el bien, y a través de ello, el enriquecimiento ilícito, con evidencias aportadas por la autoridad investigadora consistentes en 24 documentales públicas y privadas para probar la irregularidad atribuida al exgobernador.
Ahí estaban las declaraciones patrimoniales de Corral del 2018 al 2021, en las que se asientan todos sus bienes, entre ellos su casa de la calle Ignacio de la Peña, de la colonia Partido Romero, en Ciudad Juárez, propiedad a la que habría anexado de forma irregular el terreno que era objeto de un conflicto jurídico -con embargos millonarios-, ubicado en la calle Costa Rica número 179 del mismo sector.
Corral tomó posesión de ese inmueble desde octubre de 2018, y no fue sino hasta septiembre de 2019 que lo admitió públicamente, luego de que El Diario diera a conocer públicamente la anexión del terreno a su casa, así como toda la trama procesal fraudulenta existente, con tres dueños, un banco involucrado, un procedimiento fast track de venta y un comprador-vendedor Ricardo Álvarez Chabre ya muerto, lo cual dejó a la propiedad en el limbo.

***
El asunto de Corral con la justicia chihuahuense, en este caso, lleva entre las patas a dos funcionarias de su gobierno, Mónica Vargas y María Antonia Arreola Valenzuela (Ex-directora de Procesos de Investigación, de la Secretaría de la Función Pública), quienes recurrieron a una práctica burda para intentar protegerlo de cualquier implicación legal posterior. No podía faltar la cereza en el pastel.
Con ellas suben a 20 y 21 los exfuncionarios corralistas procesados o sancionados, en la vía penal y/o administrativa-, titular y funcionaria de la secretaria de la Función Pública, respectivamente, quienes decidieron hacer a un lado cualquier prurito ético, en aras de “ayudar” al senador de la república hoy con las siglas morenistas.
A la más vieja usanza de los juzgados antes de la digitalización de expedientes y su sistematización transparente, ocultaron las denuncias interpuestas por Omar Bazán, haciéndolas perdedizas, incluso dejándolas fuera del delicado proceso de entrega recepción.
Esas conductas también fueron procesadas en lo penal y no sólo en lo administrativo, cuyo tema no toca al TEJA -que las inhabilitó-, sino la Fiscalía Anticorrupción, donde están los expedientes aún pendientes, junto con el de Corral, con la ventaja de que éste goza de fuero.
Por el momento les salió barata la inhabilitación de unos meses y un año respectivamente. Incluso, Mónica Vargas hoy ocupa la titularidad del Órgano Interno de Control del Sistema Nacional Anticorrupción, en descaro completo porque la sanción en su contra fue muy grave.
Recibieron castigos de inhabilitación temporal porque no pudo acreditarse que recibieran algún beneficio, pero lo que ellas hicieron fue esconder el expediente de la denuncia interpuesta por Bazán en contra de Corral, con mil subterfugios.
De las constancias se deriva que al parecer Mónica (Ex secretaria de la Función Públca) no supo cómo contestar a la acusación, pateando el bote hacia su subalterna, porque ella no estaba directamente encargada del manejo de los expedientes, por lo que Arreola debió cargar esta semana con la sanción más fuerte, de un año de inhabilitación.
El expediente en el caso de María Antonia es el OIC/SFP/RESP-002/2022, en que está detallado que la exfuncionaria ocultó información relacionada con la denuncia del “terreno caliente”, escondiéndola en otra carpeta, la EPRE-79/2019.
Estos asuntos, aún vivos en la Fiscalía Anticorrupción, forman parte del expediente abierto al exgobernador por la conducta principal, consistente en ocultar en declaraciones patrimoniales un predio que al día de hoy continúa anexo a su casa.
Ha sido este tema escenario de un tránsito continuo en las mentiras y medias verdades; desde la renuncia a una doble nacionalidad de la que aún goza, hasta la elaborada trama para quedarse con el terreno, más la irregularidad plena de revelar que supuestos empresarios pagan su litigio contra esta casa editora.
Ahora forma parte del anecdotario el ocultamiento de la denuncia presentada en su contra por mentir en su declaración patrimonial, en cascada inacabable de hechos que tuercen la legalidad para sacar ventaja, como siempre ha sido su deshonesta conducta.