Puebla.- Pese a advertencias de organizaciones, en Puebla, entró en vigor la Ley de Ciberseguridad, popularmente conocida como "Ley Censura" que castiga con penas de hasta tres años de prisión a quienes emitan insultos u ofensas en redes sociales.

El Gobierno de Puebla, con control de Morena tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, ha oficializado un nuevo delito en su Código Penal: el ciberasedio o ciberacoso. Esto se oficializó al ser publicado en el Periódico Oficial del Estado ayer viernes, lo que ha desatado una amplia controversia.

"Comete el delito de ciberacoso quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional", refiere el artículo 480, que entró en vigor ayer.

La ambigüedad en la definición de "insulto" y la severidad de las penas son los puntos más criticados de esta modificación legislativa que se suma a otros cambios al Código Penal para tipificar delitos como usurpación de identidad, espionaje digital, fraude electrónico, hacking y grooming.

La preocupación expuesta por organizaciones como Artículo 19 y Sociedad Civil México, radica en que estas nuevas disposiciones podrían ser utilizadas para reprimir la libertad de expresión y la crítica hacia el gobierno.

El artículo 480 del Código Penal de Puebla establece que la persona responsable de cometer ciberasedio será sancionada con una pena de once meses a tres años de prisión y una multa de cincuenta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. La ley contempla un aumento en la sanción cuando la víctima sea menor de edad, presumiendo el daño a la dignidad dada su etapa de desarrollo.

"(Aumentará) desde una tercera parte de la pena mínima, hasta dos terceras partes de la pena máxima", se detalla.

La iniciativa, propuesta en noviembre de 2024 por José Luis García Parra (entonces diputado y actual coordinador de Gabinete del gobernador Alejandro Armenta), fue aprobada este 12 de junio en un proceso que la Oposición calificó de "fast track" con 35 votos a favor, cinco en contra y una abstención, con el voto mayoritario de Morena y sus aliados.

Partidos contrarios a la 4T como Movimiento Ciudadano (MC), el PRI y el PAN emitieron críticas, acusando que la ley es ambigua y podría ser perjudicial para víctimas que deseen denunciar a través de redes sociales, o incluso ser utilizada para censurar a activistas y críticos del gobierno.

La diputada panista Susana Riestra manifestó durante la discusión legislativa que la ley es un riesgo para la crítica y que otorga la posibilidad de una "Ley Censura". Similarmente, la priista Delfina Pozos Vergara señaló la ambigüedad del delito de ciberasedio, la falta de especificación en la identificación de evidencia digital y la limitada capacidad de la Policía Cibernética del estado, que cuenta con solo 16 agentes.

En contraste, la diputada Graciela Palomares (Morena) defendió la medida, argumentando que las sanciones buscan "poner mano dura" a los insultos en redes, de los cuales afirmó ser víctima diariamente.

"(Los delitos que incorpora) incumplen principios de derechos humanos y libertad de expresión, violentan el principio de taxatividad en materia penal, y en su elaboración no han incorporado el expertise técnico de especialistas", manifestó Artículo 19, una de las voces más críticas a la Ley de Ciberseguridad de Puebla.

Artículo 19 y la Red de Periodistas Puebla advirtieron que la reforma puede ser utilizada de forma arbitraria contra la ciudadanía, especialmente contra periodistas, medios de comunicación y activistas. Recordaron que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión protege discursos que pueden "ofender, insultar", siempre que no inciten a la violencia o al odio.

Criticaron que las definiciones de otros delitos, como el espionaje digital y la usurpación de identidad, son igualmente amplias e imprecisas, lo que podría criminalizar el ejercicio periodístico y poner en riesgo investigaciones sobre corrupción.

Esta mañana, la senadora panista Laura Esquivel, consideró que esto es una muestra de autoritarismo.

"Lo que sucede en #Puebla refleja el verdadero rostro del autoritarismo de #MORENA. El gobernador @armentapuebla_ quiere meter a la cárcel a quienes lo cuestionen en redes. ¡La libertad de expresión está en riesgo! Hoy más que nunca debemos defenderla y levantar la voz", posteó.

Tras críticas a Armenta

La aprobación de esta reforma se da en un contexto de polémica por una cuenta anónima en la plataforma X denominada "Aldea Poblana", que ha emitido constantes críticas contra el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta y su Gabinete.

Los cambios legislativos desataron críticas en redes sociales, al opinar que el gobierno poblano busca identificar y sancionar a los responsables de esta cuenta, y que la aprobación de esta iniciativa fue acelerada para dar camino abierto a este fin.

El Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) también lamentó la aprobación de la iniciativa sin una adecuada inclusión ciudadana y análisis de expertos. Alertaron sobre "debilidades" en la implementación y posibles violaciones a derechos.