Ciudad de México.- En los últimos 27 años, el Instituto Nacional Electoral (antes IFE) ha gastado casi 72 mil millones de pesos en la producción de la credencial de elector, que funciona como identificación nacional.

Así como en la construcción del Padrón Electoral, que contiene los datos biométricos de 99.6 millones de mexicanos. Ésta es la base de datos más confiable en el País, pues se calcula que almacena la información del 93 por ciento de las personas mayores de 18 años.

Frente a esa inversión, expertos electorales y en seguridad ven infructuoso y oneroso gastar en la expedición de una nueva identificación oficial, como será la CURP biométrica, cuando el INE cuenta con una infraestructura para expedir 15 millones de credenciales anuales.

Ese plástico, que no sólo sirve para votar, pues es solicitado en cualquier trámite, es infalsificable, al contar con 40 elementos de identificación y seguridad, características que, advierten los especialistas, difícilmente tendría el nuevo documento gubernamental.

Como sucedió en sexenios pasados, del PAN, PRI y Morena, la Presidente Claudia Sheinbaum revivió la intención de tener una identificación nacional y una base de datos que sirva como una herramienta para combatir al crimen y ayudar en la localización de personas desaparecidas.

Hace unos días, el Congreso aprobó en varias leyes la Clave Única de Registro de Población (CURP) con huellas dactilares y fotografía, que será el "documento nacional de identificación obligatorio", por lo que, en físico o digital, deberá ser solicitado para cualquier trámite.

Además, se afirma que habrá una "interconexión" entre bases de datos públicas y privadas, y podrán consultarse por diversas autoridades de manera "inmediata".

Dichas reformas prendieron focos rojos en dos temas: la sustitución de la credencial de elector por la CURP biométrica y el riesgo de que el Gobierno federal tenga acceso a la base de datos del Padrón Electoral.

Rumbo a una nueva identificación

Desde 1992, el Instituto expide una credencial de elector, la cual ha cambiado drásticamente en 30 años.

La confiabilidad de ese plástico ha requerido cifras millonarias. En 1998, el organismo destinó mil 47 millones de pesos en la actualización del Padrón Electoral y la producción de la credencial, pero para el 2025 la cifra subió a 4 mil 705 millones 957 mil 499 pesos.

Al año, a través de sus 842 módulos, el INE emite 15 millones de identificaciones. Por ejemplo, de noviembre a la fecha se han expedido 9 millones 251 mil 254 credenciales, y están pendientes de entregar 700 mil.

Para consejeros y ex funcionarios electorales esto demuestra que existe una infraestructura y estructura sólida y confiable para seguir emitiendo un documento que, en los hechos, es la identificación nacional. Incluso, entre sus datos está la CURP.

Para Edmundo Jacobo, quien fue Secretario Ejecutivo del Instituto durante 15 años, no será fácil posicionar una nueva identificación, pues a la credencial de elector le costó 33 años consolidarse.

Además, frente a las necesidades en infraestructura y servicios en el País, es cuestionable el gasto.

"Habría un doble gasto. El INE destina el 33 por ciento de su presupuesto para la producción de la credencial de elector, en mantener casi 900 módulos, en seguridad cibernética. De este tamaño es el costo, que no es del INE, sino del Estado mexicano, entonces debería aprovecharse.

"Tú vas al módulo a entregar tus datos personales, tus biométricos, con confianza, entonces no es cosa sencilla. Si el INE ya tiene ese reconocimiento social, pues que se use también para registrar a los menores de edad", indica.

Para el ex consejero Marco Baños, desde el 2009, cuando el Gobierno de Felipe Calderón buscó una cédula de identidad, el Instituto realizó estudios en los que se advirtió que si las personas tienen otra identificación gubernamental, no tramitarían su credencial de elector.

Esto, afirma, desactualizaría el Padrón Electoral, y, en consecuencia, la participación en elecciones sería aún más baja. En la elección judicial fue del 13 por ciento.

"La ley dice que es obligatoria (la CURP), no hay opción para las instituciones ni las empresas. Entonces va a generar que las personas atiendan preferentemente ese mecanismo. Entonces el impacto va más allá.

"Lo que debería de hacerse es no engañar al pueblo de México, decirle que 'es muy onerosa', y aprovechar la infraestructura que ya existe", coincide.

El consejero Arturo Castillo demanda que el Gobierno aclare cuál es el alcance de la nueva CURP, pues en la legislación la define como "única".

"(La ley) dice que la CURP es la fuente única de identidad de las personas. ¿Qué significa esto? ¿No voy a poder salir del País con mi pasaporte? ¿No voy a poder conducir con mi licencia o no voy a poder votar con mi credencial, y sólo lo voy a poder hacer con la CURP? Son preguntas que hay que resolver, es una cuestión de interpretación", recrimina.

Para el consejero Uuc-Kib Espadas, ante los riesgos que representa una nueva identificación oficial en los procesos electorales, más que pedir prudencia al Gobierno, demanda una amplia discusión.

"Riesgos a futuro hay distintos. Dependerá de cómo se vayan concretando estas cosas.
Ellos tienen conocimiento del asunto, intencionalidad, y esto, más que un asunto de reflexión del Gobierno, amerita una discusión pública muy amplia", apunta.

Mal uso del padrón

En 1990, cuando nació el Instituto Federal Electoral (IFE), uno de los principales cuestionamientos fue la inexistencia de un padrón, pues existía una lista de electores pero, acusaban, era manipulable.

Incluso, los primeros años del Padrón se detectó repetición de nombres o inventados, fallecidos, alteración de edades para producir nuevas credenciales, domicilios ficticios, confusos o erróneos. Un caos.

En 30 años, ese documento se ha convertido en la base de datos más confiable que existe en el País, la cual tiene un estricto blindaje para que pocas personas tengan acceso a la base de datos y quede registro de quién y qué busca.

Sin embargo, para expertos y consejeros, la legislación aprobada tiene muchos vacíos que podrían interpretarse como que el Gobierno federal busca obtener la información del Padrón Electoral.

El consejero Castillo reconoce que el organismo protege a capa y espada el Padrón, por una sencilla razón: la Constitución obliga al INE a mantener en resguardo los datos confidenciales de 100 millones de mexicanos.

"Candados que justamente a lo largo de 30 años hemos ido perfeccionando para proteger la información que nos da la ciudadanía", justifica.

En la última década, han "abierto" la información a instituciones gubernamentales y privadas. Por ejemplo, para bancos y notarías existe una plataforma en la que pueden verificar si la credencial que les presenta el usuario es real. Pero dicho sistema únicamente les arroja un "negativo" o "positivo", ningún dato adicional.

El INE tiene firmados acuerdos con 32 fiscalías, Semefos o comisiones de búsqueda para la identificación y localización de personas. Dichas autoridades entregan huellas digitales, información personal o fotografías y el sistema los ubica.

En casi una década, a través del Padrón han sido identificadas 25 mil 271 personas y el organismo aportó datos para localizar a 152 mil 181 reportadas como desaparecidas.
También proporcionan información por orden judicial.

La propuesta

Para Castillo, sí existen elementos para pensar que se busca "una consulta libre y en tiempo real, incluso sin orden judicial" de los datos almacenados en el Padrón.

"¿Qué significa la palabra consulta inmediata? Es algo que hay que definir", alerta.

Considera que "consulta inmediata" podría considerarse como lo que hacen los bancos o las notarías, pero también consultar, adquirir o bajar directamente la información personal de los ciudadanos.

"Ninguna de estas leyes utiliza la palabra transferir para referirse al manejo de las datos, pero esta 'consulta inmediata' es un concepto muy abierto, por lo que si no se delimita correctamente podría causar un indebido uso de datos personales", añade.

De concretarse esa obligación para el INE, advierte, los ciudadanos tendrían dudas sobre el uso que el organismo hace de su información, debilitando la confianza que ahora se tiene.
Además, agrega, otro impacto indirecto es que también se va a cuestionar o minar la confiabilidad de las propias elecciones.

El consejero Uuc-Kib Espadas no ve un riesgo inminente, pero si en algún momento el Gobierno cae en la "tentación" de acceder al Padrón, así como se afirmaba hace 30 años, podría dársele un uso "faccioso" a base de datos.

"Cualquier Gobierno tiene un signo partidista, así debe ser en democracia, los gobiernos emanan de partidos, pero lo cierto es que al manejar un Padrón Electoral, la tentación de su uso faccioso se vuelve presente.

"Ese uso faccioso ha existido antes y no creo que sea el momento de volver a experimentar con ese riesgo. Este Padrón concentra información electoral como ningún otro instrumento de los que el Gobierno pueda tener a disposición, de forma tal que sí es un problema distinto", apunta.

Edmundo Jacobo detalla que en muchas ocasiones han intentado hackear el Padrón Electoral, pero las medidas de seguridad cibernética lo evitan, porque en torno a dicho documento existe un blindaje estricto.

E incluso, recordó, en ocasiones se denunció se filtró o se vendió en el mercado negro, pero, defiende, es falso, pues fueron fragmentos mínimos.

Los expertos afirman que si bien el INE es una institución pública, es autónoma, y no tiene porqué compartir información con el Gobierno sin un propósito concreto.

"Lo que nosotros siempre alegamos es que esa base de datos esté manos de una institución autónoma e independiente del gobierno y de todos los actores políticos, para evitar un uso inadecuado, un uso político", dijo Jacobo.

Recordó que el INAI tenía el propósito de proteger el uso de datos personales, pero desapareció, por lo que el Gobierno no tendría controles.

Baños, quien ha estado en las pláticas con administraciones anteriores para el uso del Padrón, acusa al Gobierno de pretender controlar esa base de datos con fines políticos, pues los datos que existen en otras instituciones no se comparan con este listado.

Recuerda que desde la reforma electoral de López Obrador se le quitaba al INE su autoridad sobre el Padrón.

"Este control se confirmará cuando conozcamos su reforma electoral", dijo.

Para Castillo podrían ampliarse los convenios de colaboración para que las autoridades tengan acceso a información en casos concretos, pero no a toda la base de datos.

Por ejemplo, expone, las autoridades podrían contar con la misma plataforma que tienen bancos y notarías.

Tanto Castillo como los ex funcionarios electorales coinciden en que el INE podría producir la identificación para menores de edad, la cual tendría las mismas medidas de seguridad que el plástico para adultos.

Así los recursos que podrían invertirse en una nueva CURP biométrica podrían destinarse a micas para menores.

Necesaria base de datos para combatir crimen, pero no sin controles.- Rivas

Cualquier Gobierno requiere de una base con datos con información de sus ciudadanos para combatir al crimen, pero lo aprobado por el Congreso permite un uso desmedido de información confidencial de los mexicanos.

Así lo advierte Francisco Rivas, director general de Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad Justicia y Legalidad.

"Es bueno que una autoridad cuente con información de sus ciudadanos, biométricos, para cuestiones de seguridad. Eso está documentado por un sinfín de experiencias internacionales. Un país que quiera tener control de las personas y resguardarlas, pues tiene que saber dónde estás, a qué te dedicas.

"Pero hoy (como se aprobaron las leyes) cualquiera puede hacer uso indiscriminadamente de la información porque no hay controles", considera.

Para el experto en seguridad, hubiera sido sencillo establecer en dichas leyes candados. Por ejemplo, cómo se resguardaría la información o quiénes tendrían acceso a ella.

En países europeos, detalla, existen diversos controles sobre la población, y han logrado tener un efecto positivo en el número de delitos.

Sin embargo, advierte, el problema no es si existe una CURP biométrica y una Plataforma Única de Identidad, que contendrá huellas, fotografía y demás información confidencial, sino la falta de reglas para resguardar esos datos.

"¿Quién la resguarda? ¿Cómo la reguarda? y ¿Cómo se puede o no usar? El problema es cuando un tema poblacional lo juntas con otras leyes, en este caso de seguridad, que en su conjunto sí ponen en severo riesgo la información de los ciudadanos.

"Cuando vemos que no hay reglas para reguardar la información, los beneficios tal vez se vuelven menores que los posibles daños", apunta.

Recuerda que en un país como México, con un sello de corrupción y abusos, resulta peligroso que el Gobierno pueda usar datos sensibles sin órdenes judiciales, sin controles internos y sin necesidad de rendirle cuentas a la sociedad.

Critica que en la urgencia por aprobar dichas leyes, no se cuidó el mal uso de la información, y, asegura, era necesario que en dichas reformas quedarán claros los candados, no en reglamentos o normas internas de las dependencias.

Además, indica, se dan tiempos muy cortos para crear esas bases de datos, por lo que se vuelve más dudoso que se vaya a regular el acceso.

Por ejemplo, indicó, en Italia, en los años 70 había un grave problema: terrorismo de extrema izquierda, y se crearon padrones de ciudadanos, identificaciones únicas, incluso, estaba prohibido vivir en una casa ajena sin avisar a la Policía.

Dicha información, detalla, está bajo resguardo del Ministerio del Interior, con fuertes controles y candados judiciales para evitar mal uso de la información.

Este caso, apunta, pareciera que existe "otro tipo de interés" porque no existe un blindaje concreto.

"Pensemos que hoy con la nueva ley de inteligencia el Gobierno federal cuente con los datos personales, con los datos de geolocalización, y lo pueda revisar cualquier persona que trabaje en las áreas involucradas. Pues la ley lo deja en esta ambigüedad.

"Podría un empleado, que pudiera estar involucrado en actividades ilícitas, vender la información tranquilamente a alguien que quiera hacer daño. Sea un delincuente, un adversario", alerta.

Incluso, agrega, los periodistas, críticos o activistas podrían estar más expuestos.
"Lo ideal es que hubieran establecido esos candados, esos elementos que no nos hagan tener que estar confiados en la buena fe de nuestros funcionarios, sino que están las reglas establecidas de manera tal que nadie pueda hacer un mal uso de nuestra información", lamenta.