Especialistas y activistas demandaron al Gobierno federal incluir a migrantes de 65 años y más al programa de pensiones para adultos mayores.

En el conversatorio "Por una Pensión para el Bienestar más allá de las fronteras", convocado por la Cámara de Diputados, José Joel Paredes Olguín, representante de la Red Nacional de Jornaleros en Estados Unidos, detalló que actualmente en ese país viven casi cinco millones de mexicanos en condición de migrantes no autorizados, pero con un tiempo de residencia, en promedio, de entre 11 y 30 años.

Dijo que estos mexicanos no viven el sueño americano, porque enfrentan condiciones de mucha adversidad y precariedad.

"Existe la falsa percepción de que las condiciones de vida que los Estados Unidos ofrecen a los migrantes que logran cruzar la frontera y están allá son excelentes. Pareciera y ese es el mito, esa es la leyenda urbana, que viven en condiciones de holgura, de abundancia, que la sociedad americana les otorga una serie de ventajas en términos de salud, economía, transporte, vivienda. Nada más alejado de la realidad", afirmó.

Como ejemplo, detalló que de esos cinco millones, el 1.8 por ciento, es decir, poco menos de 90 mil personas, tienen más de 65 años de edad, y la mitad de ellas son mujeres.

Señaló que de acuerdo con un perfil elaborado por la Red, sólo la cuarta parte puede trabajar, ya que el 72 por ciento tiene una lesión de trabajo generalmente no atendida, porque no tienen acceso a servicios médicos.

La mayoría de los migrantes indocumentados, agregó, se desempeña en el sector de la construcción, que no se caracteriza por otorgar las mejores condiciones laborales.

Paredes Olguín aseveró que, ante ello, enfrentan condiciones de vida y de trabajo muy precarias, pero a pesar de ello, continúan trabajando, dado su compromiso de enviar dinero a sus familias en México.

"Quizá ellos podrían resolver medianamente sus condiciones de vida, pero la gran mayoría de ellos, la principal razón que manejan, es su compromiso con sus familias en México. 'Si yo me enfermo, si yo no trabajo, ¿qué va a a ser de mi familia en México si yo no mando dinero?", señaló.

El especialista recordó que México tiene una deuda histórica con quienes llama "héroes" y "heroínas", la cual pese a que ha pasado generación tras generación no se ha intentado pagar mínimamente.

Por eso, solicitó incorporar al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores a las y los mexicanos migrantes mayores de mayores de 65 años.

De acuerdo con información de la Red, la incorporación de los cerca de 90 mil mexicanos residentes no autorizados mayores de 65 años de edad tendría un costo para el país de 274.9 millones de pesos mensuales.

"Esta deuda de la nación para consigo misma podría ser paliada si terminara la exclusión de estos mexicanos adultos mayores en Estados Unidos al programa de la pensión para el bienestar, equivalente a seis mil pesos bimestrales, poco más de 300 dólares en Estados Unidos que, pareciera una cantidad menor, pero que por las condiciones de vida tan precarias, tan vulnerables que tienen, sería muy significativo", afirmó.

El especialista demandó que esta medida sea implementada a partir del Presupuesto 2026, cuya propuesta deberá ser remitida por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados en septiembre próximo.

Teresa Vivar, presidenta de la Comisión de Pueblos Originarios de Fuerza Migrante dijo que, si bien, la pensión para el bienestar es un derecho constitucional, sigue estando limitada para quienes radican en México, a pesar de que hay connacionales que contribuyen al país desde el extranjero.

Argumentó que en Estados Unidos hay 1.9 millones de mexicanos adultos mayores sin acceso a pensión o a seguridad social y una parte de ellos pertenece a pueblos originarios.

La activista coincidió en que reconocer a las y los trabajadores mexicanos en el exterior como sujetos plenos de derechos sociales y económicos sin importar dónde estén no sólo es crucial, sino algo que es algo que se les debe, como un acto de reparación histórica y de justicia por lo que han contribuido a la nación.

"Creo que ya México puede ser con esta propuesta el pionero en mostrar que de las palabras ya pasamos a las acciones. No es un favor, nos lo hemos ganado, lo hemos luchado, lo hemos trabajado. Muchos no logramos ver a nuestros padres con vida", indicó.

En su turno, Martha Salazar, trabajadora residente en Estados Unidos confirmó que vivir en Estados Unidos "no es un lecho de rosas".

En un testimonio grabado, narró que perdió a su hijo por Covid, pero no pudo verlo antes de morir, porque no podía dejar de trabajar para pagar médicos privados, ya que no cuenta con seguridad social.

"No podemos salir, no podemos ir a ver a nuestros enfermos. Tenemos que dejarlos ir sin verlos", lamentó Salazar.

Con un ingreso semanal de entre 400 y 500 dólares, reconoció que le preocupa qué va a pasar mañana cuando, por su edad, ya no pueda trabajar.

"Nosotros estamos en el limbo. Siempre he trabajado, me he valido por mi misma, pero ahora que está este alivio (la pensión), pienso que lo merecemos mucho, nos lo hemos ganado con tantos años de trabajo, de apoyar a los nuestros, porque al mandar nosotros para nuestros hijos, no dejamos que nuestro país cayera, porque nuestros hijos tenían para comer", dijo.