Chihuahua, Chih.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) descartó investigaciones contra Luis Iván Ortega Ornelas, exdirector del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), pese a que el organismo acumuló 12 denuncias penales por irregularidades en licitaciones de obra escolar. El auditor superior, Héctor Acosta Félix, precisó que las acciones legales derivadas de la Cuenta Pública 2024 fueron contra contratistas que presentaron documentación falsa para obtener contratos y que las denuncias ya fueron presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción.

Acosta Félix confirmó que las 12 denuncias corresponden a la fiscalización del ejercicio 2024 y que no están dirigidas contra el exfuncionario. La precisión ocurre luego de que trascendió la salida de Ortega Ornelas de la dirección del Ichife, el pasado martes, sin que hasta ahora la Secretaría de Educación y Deporte haya ofrecido una explicación oficial sobre su relevo.

La revisión de la ASE colocó al Ichife entre las dependencias con mayor número de acciones derivadas de presuntas irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2024. Mediante una auditoría especial forense, el organismo fiscalizador examinó la totalidad de 27 procedimientos de licitación pública, de los cuales derivaron 120 contratos de obra para construcción y rehabilitación de planteles educativos.

La revisión dejó 29 observaciones no solventadas relacionadas con las propuestas técnicas de los participantes. De ese total, 12 derivaron en denuncias de hechos ante la Fiscalía Anticorrupción por la posible presentación de documentos apócrifos, mientras que otras acciones fueron para investigar posibles responsabilidades administrativas de particulares y servidores públicos.

Entre las irregularidades identificadas aparecen constancias de cumplimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que no correspondían a documentos registrados en las bases de datos de esa institución. En algunos casos, los contratistas presentaron cartas con fechas modificadas o códigos QR manipulados para aparentar que no tenían adeudos ante el organismo federal.

La ASE también detectó alteraciones en opiniones de cumplimiento fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), documentos que los participantes entregaron con resultado positivo, aunque al verificar sus códigos QR y cadenas originales aparecían con resultado negativo o correspondían a fechas distintas.

Otro mecanismo consistió en ocultar contratos de obra que los participantes ya tenían en ejecución. En el formato T-7, mediante el cual debían declarar los trabajos vigentes y la disponibilidad de personal y maquinaria, algunos concursantes asentaron que no tenían obras en curso, pero el cruce de información con el portal de contrataciones públicas permitió identificar que mantenían entre uno y siete contratos simultáneos.

La auditoría también documentó el caso de Alejandro Arizmendi Armendáriz, quien en la licitación ICHIFE-LP006-2024 presentó una opinión del IMSS a nombre de otra empresa, Rojua Ingeniería y Construcción, y aun así el Comité de Obras del instituto le adjudicó el contrato.

Entre las empresas y personas señaladas en los hallazgos aparecen Construcciones y Productos Aislantes, Grupo Hageo, Constructora Aren, Caba Construcciones de Chihuahua y Joel Óscar Esparza González, además de otros contratistas que presentaron inconsistencias en documentos fiscales y de seguridad social o no declararon obras que tenían comprometidas.

Durante la reunión de confronta, funcionarios del Ichife argumentaron que actuaron bajo el principio de buena fe, debido a que las propuestas se reciben en sobres cerrados y la responsabilidad sobre la autenticidad de los documentos corresponde a los licitantes. También expusieron que existía una imposibilidad material y falta de tiempo para consultar directamente las bases de datos del SAT y del IMSS durante los procedimientos.

La ASE rechazó esa justificación al señalar que corresponde al organismo público verificar que los participantes cumplan los requisitos establecidos en las convocatorias antes de adjudicar los contratos. Además de las denuncias penales contra particulares, promovió informes de presunta responsabilidad administrativa por faltas graves ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y promociones de sanción ante el Órgano Interno de Control para investigar a servidores públicos que adjudicaron contratos a participantes que no cumplían las bases.

La ASE precisó que el alcance de esta auditoría fue exclusivamente forense e investigativo, por lo que no emitió una opinión sobre la razonabilidad financiera del Ichife. La revisión se concentró en comprobar la autenticidad de los documentos y el cumplimiento de los requisitos legales de quienes participaron en las licitaciones. Ortega Ornelas fue nombrado director del Ichife por la gobernadora Maru Campos Galván el 11 de febrero de 2025, después de ocupar la rectoría de la Universidad Tecnológica de Paquimé. Su salida ocurrió el pasado martes y, de acuerdo con versiones extraoficiales, obedecería a motivos políticos por su cercanía con el exfiscal César Jáuregui Moreno.

En tanto definen quien ocupará la dirección general, Norberto Luján, ingeniero civil y hasta ahora director de Construcción del instituto, quedó como responsable provisional de los proyectos en curso. Hasta el momento, la Secretaría de Educación y Deporte no ha informado oficialmente las razones del relevo ni ha anunciado un nuevo titular.