Chihuahua, Chih.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván reconoció que conoce los sondeos telefónicos que preguntan sobre la participación de ella y del alcalde con licencia, Marco Bonilla, en las decisiones políticas que rodearon al exfiscal César Jáuregui Moreno, quien fue detenido el pasado 17 de octubre. Las consultas también plantean si ambos intervinieron para impedir que el exfuncionario compitiera por la Presidencia Municipal de Chihuahua y si una eventual intervención representaría una traición política.
A su llegada al Palacio de Gobierno este viernes, Campos Galván dirigió un mensaje al panismo chihuahuense luego del arresto del exfiscal, al que calificó como un mensaje de esperanza y fe. Sostuvo que los gobiernos humanistas trabajan sobre el bien y la ley, y que nada está por encima de los compromisos que sus integrantes juraron cumplir y que se trata de un postulado de Acción Nacional.
“Un mensaje de esperanza, es un mensaje de fe, un mensaje de que nuestros gobiernos humanistas justamente trabajan sobre el bien, trabajan sobre la ley y que nada está por encima de lo que nosotros juramos que íbamos a cumplir”, expresó y luego agregó: “Es un postulado del PAN, precisamente”.
La gobernadora también fue cuestionada sobre las encuestas telefónicas que preguntan si ella o Marco Bonilla fueron quienes pusieron al exfiscal César Jáuregui. Campos Galván reconoció que tenía conocimiento de una de esas mediciones, luego de que alguien se la hizo llegar, aunque no abundó sobre el tema y dio por terminado el intercambio: “Vi por ahí que alguien me mandó que estaba sonando una encuesta por ahí, pero a ver, vámonos a trabajar todos”.
Los sondeos incluyen preguntas sobre una posible intervención de la gobernadora y el alcalde con licencia para impedir que Jáuregui compitiera por la Presidencia Municipal de Chihuahua rumbo a 2027, así como si esa eventual participación representaría una traición política. El exfiscal había manifestado su intención de participar en el proceso interno del PAN para definir la candidatura a la Alcaldía, e incluso había señalado que distintas mediciones lo ubicaban entre los perfiles con mayor respaldo.
Jáuregui Moreno dejó la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) el 27 de abril, después de que se conoció la participación de agentes estadounidenses, identificados como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), en un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos. Las acciones se realizaron entre el 17 y el 19 de abril y derivaron en un accidente carretero en el que murieron cuatro personas: el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes; su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes, y dos ciudadanos estadounidenses identificados como agentes de la CIA.
El 17 de octubre, el exfiscal fue detenido por elementos estatales en cumplimiento de una orden de aprehensión dentro de la causa penal 3055/2026, relacionada con presuntas irregularidades en la cadena de mando y los protocolos de actuación durante el operativo. La Fiscalía estatal le imputó inicialmente los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, pero el 22 de octubre un juez de control lo vinculó a proceso únicamente por el primero y descartó el segundo.
Por separado, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una causa penal por presunta traición a la patria, al atribuirle haber permitido la participación de agentes extranjeros en actividades de seguridad en territorio nacional sin autorización de las autoridades federales. El 25 de octubre, un juez federal también lo vinculó a proceso por ese delito y le impuso prisión preventiva, por lo que permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
