Chihuahua, Chih.- Desde 2023 no existe un diagnóstico penitenciario femenil actualizado en el estado, denunció el Servicio Civil para la Paz, integrado por el CEDEHM, CAMT y Aluna, entre otras organizaciones.
En ese año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), mostró las principales problemáticas que enfrentan las personas privadas de la libertad (PPL´S), sin embargo, desde entonces ese documento ya no existe.
Sin ese diagnóstico, el sistema penitenciario opera a ciegas: no hay cifras oficiales sobre cuántas mujeres privadas de la libertad son madres, cuántas son indígenas y no cuentan con intérprete, cuántas necesitan atención psiquiátrica, cuántas trabajan sin pago justo o cuántas enfrentan montos impagables de reparación del daño.
La ausencia de información viola el estándar de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que obliga a contar con un expediente único y diagnósticos individualizados para trazar un plan de reinserción desde el ingreso.
Pero en el caso de las mujeres, el vacío es mayor: la mayoría de los protocolos, talleres y empleos en los Ceresos fueron diseñados para hombres y luego adaptados, sin considerar embarazo, lactancia, menopausia, responsabilidades de cuidado o violencia previa.
El posicionamiento emitido en septiembre por 11 organizaciones civiles recuerda que más del 70% de las mujeres en prisión en México son madres y sostén económico de sus hogares, y que su encarcelamiento genera un efecto dominó sobre hijas, hijos y otras mujeres cuidadoras.
Lo que piden: un diagnóstico penitenciario femenil público y con datos desagregados.
Protocolos de atención para mujeres indígenas, con intérpretes, auditoría a las condiciones de trabajo y educación dentro del Cereso femenil, mecanismos seguros para denunciar violencia al interior sin represalias.
“Las mujeres privadas de la libertad no pueden ser una población invisible”, señalan.
