Ciudad Juárez– La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por el delito de cohecho, tras señalamientos de presuntos cobros de hasta 20 mil pesos a transportistas para permitirles continuar su camino en retenes de la carretera entre Ciudad Juárez y Chihuahua.
En un oficio fechado el 9 de octubre y dirigido a la senadora Nora Elena Yu Hernández, la Fiscalía informó sobre el inicio de la carpeta FED/CHIH/ JUA/0002178/2026, contra quien resulte responsable.
El documento refiere un escrito de denuncia atribuido a la senadora, en el que exponen quejas de usuarios por tres puntos de revisión operados por la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la propia FGR, cerca de Precos, en Samalayuca.
Según el relato incorporado al oficio, transportistas denunciaron que, además de las revisiones y demoras, en algunos casos les habrían exigido hasta 20 mil pesos para dejarlos circular, bajo la amenaza de imponerles multas o retener sus unidades.
La Fiscalía señaló que los hechos podrían constituir cohecho, previsto en el artículo 222, fracción I, del Código Penal Federal, y solicitó a la senadora información precisa sobre el tiempo, modo y lugar para identificar a posibles responsables y continuar las diligencias.
Largo historial de quejas por retenes en carretera
El 12 de agosto, El Diario publicó declaraciones de Édgar Olivas, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas de México (Conatram), quien denunció que presuntos agentes en retenes de la carretera ChihuahuaJuárez exigían hasta 20 mil pesos a operadores de carga.
Olivas señaló que algunos puntos eran instalados por personas en camionetas sin logotipos, quienes revisaban documentos y buscaban motivos para amenazar con multas o retener las unidades. Mencionó ubicaciones como el kilómetro 80 y un punto pasando Villa Ahumada. También relató que, en otro caso, presuntamente solicitaron 200 mil pesos para permitir el paso de una carga de cerveza.
El 23 de noviembre de 2025, El Diario de Juárez publicó el testimonio de un pasajero que pidió el anonimato por seguridad y afirmó que entregaba dinero de manera recurrente en un retén del kilómetro 301, en Samalayuca, donde los agentes se identificaban como integrantes de la FGR.
La publicación reportó tres puntos de revisión consecutivos entre Juárez y Ahumada, así como demoras de hasta varias horas.
Precos y otros puntos de revisión
Los reportes periodísticos distinguen el retén del kilómetro 301 del puesto militar de Precos, ubicado aproximadamente en el kilómetro 310, cerca de Samalayuca. En este último participaban elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional. También han reportado un punto de revisión de la Guardia Nacional cerca del kilómetro 21, a la salida de Juárez.
Las quejas por las demoras en Precos han sido recurrentes. El 22 de septiembre de 2025, El Diario de Juárez reportó una fila de aproximadamente 1.5 kilómetros; en marzo de 2026, lectores informaron de otra fila de más de medio kilómetro.
El 11 de agosto de 2026, un ciudadano relató que fue sometido a tres revisiones durante su trayecto desde Chihuahua hasta Juárez: una de la FGR en el kilómetro 92, otra de la SSPC después de la caseta de Ahumada y una más en Precos, a cargo de la Guardia Nacional. Denunció demoras y cuestionó el trato recibido, pero no reportó que le exigieran dinero.
El 14 de agosto, Thor Salayandía, coordinador del Bloque Empresarial Fronterizo, cuestionó la legalidad de retenes que atribuyó presuntamente a la Fiscalía General del Estado (FGE) y criticó la falta de información pública sobre sus resultados.
El 3 de octubre, El Diario de Juárez informó que la Guardia Nacional desplegó elementos en la entrada de Villa Ahumada tras una denuncia sobre presuntos retenes del crimen contra transportistas. Según la publicación, hombres con pasamontañas que viajaban en una camioneta interceptaron una unidad de carga y ordenaron al conductor orillarse.
Sin embargo, la carpeta de investigación iniciada por la FGR pone en la mira los retenes de diversas corporaciones, omitiendo mencionar las denuncias y quejas por retenes instalados por personas ajenas a cualquier institución oficial.
