Chihuahua, Chih.- Aplazar la elección de jueces para 2028 representa una oportunidad para garantizar una selección "más auténtica" y profesional de jueces y magistrados, lo que además brindará certidumbre a la inversión, sostuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Leopoldo Mares.
Esto tras informar la presidenta Claudia Sheinbaum que enviará al Congreso una reforma constitucional para posponer a 2028 la segunda elección del Poder Judicial, con modificaciones al modelo de votación, reducción de candidaturas y nuevos filtros de evaluación.
El dirigente de la máxima cúpula de representación empresarial señaló que este tiempo adicional es fundamental para asegurar que quienes resulten electos cuenten con una capacidad superior a la observada en la primera etapa de este ejercicio.
Mencionó que la labor en el Poder Judicial conlleva una responsabilidad de alto nivel que no todos los seleccionados han podido sostener, pues ya se han presentado casos de jueces que han renunciado.
“Tenemos tiempo para hacer una elección más seria de la que ya fue realizada y asegurar que los elegidos tengan capacidad para el cargo”, dijo.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) nacional reconoció que la propuesta de postergar la elección judicial a 2028 es un avance y coincide con el planteamiento que previamente impulsó el organismo, precisamente con el objetivo de evitar mayores riesgos de organización, reducir complejidades logísticas y generar condiciones más adecuadas para una revisión integral del proceso.
“El tiempo adicional es fundamental para asegurar que quienes resulten electos cuenten con una capacidad superior a la observada en la primera etapa”
Leopoldo Mares, Presidente del CCE
La cúpula patronal consideró positivo que abran espacio para perfeccionar los mecanismos de evaluación y selección de perfiles judiciales.
Mencionó que el país requiere perfiles con sólida preparación jurídica, experiencia profesional acreditada, trayectoria ética y conocimientos técnicos suficientes para resolver asuntos de alta complejidad.
“Si elevamos los estándares, contribuirán a fortalecer la carrera jurisdiccional, dignificarán la función judicial y podrán garantizar que la impartición de justicia recaiga en personas con capacidad, independencia y mérito profesional. Si queremos consolidar un sistema judicial confiable, requieren privilegiar la excelencia y la especialización por encima de criterios políticos o de popularidad”, sostuvo.
