Chihuahua, Chih.- Un total de nueve denuncias han sido interpuestas contra jueces y magistrados por presuntos actos de corrupción, incluyendo la presentada contra la magistrada de la Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, María Elizabeth Macías, de acuerdo con información que trascendió ayer.
En la lista figura la magistrada Nancy Escárcega, quien fue señalada por presuntamente haber estado relacionada con el cambio de condena de su hermano, Édgar Hernán Escárcega, sentenciado por secuestro y a quien le habían dado el beneficio de cumplir su condena en semilibertad en septiembre del año pasado, la cual fue revocada como resultado de una apelación.
De acuerdo con la información, los jueces con denuncias corresponden a Chihuahua, Parral y Cuauhtémoc, mientras que los motivos son resoluciones, que a criterio del denunciante fueron influenciadas por factores externos no apegados a lo legal.
La información establece que los juzgadores con denuncia son: María Alejandra Ramos, Agustín Fernando Saláis Ortiz, Claudia Alejandrina Barraza, Nancy Josefina Escárcega, Cristian Denisse Durón Flores, Diego Alberto Valdez Vega, Manuel Jurado Torres y Aram Delgado García.
Hasta el momento ninguna ha sido judicializada, debido a que son procesos complicados, ya que requieren revisar el contexto en que fue emitida la resolución, lo que implica hacer entrevistas y revisar documentación.
El lunes Héctor Villasana, abogado que fue herido en hechos ocurridos el 29 de septiembre en Parral, presuntamente por Fernando R., comentó que presentaron una contra la magistrada de la Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, María Elizabeth Macías Márquez, por haber concedido la apelación y dejó libre de cargos al principal sospechoso. “La intención es que sean investigados los motivos de su resolución”, dijo.
Respecto al caso de la magistrada Macías, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) indicó en un posicionamiento que:
“El Poder Judicial del Estado es respetuoso de la autonomía jurisdiccional y de las determinaciones que emiten las y los juzgadores en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales”.
“Entendemos que resoluciones de esta naturaleza puedan generar debate público; por eso las decisiones judiciales deben analizarse y, en su caso, controvertirse por las vías legales e institucionales previstas en nuestro sistema jurídico”.
“En Chihuahua seguimos fortaleciendo la profesionalización y capacitación permanente de quienes integran el Poder Judicial, convencidos de que una justicia técnica, imparcial y apegada a derecho es la mejor garantía para la ciudadanía”.
