Chihuahua, Chih.- Durante el primer semestre del año, la Secretaría de la Función Pública ( SFP) revisó 409 contratos por un monto superior a los tres mil 842 millones de pesos, informó su titular, Roberto Fierro Duarte.
En reunión con empresarios constructores afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), expuso que la Secretaría actúa como la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, con la misión de vigilar la correcta administración de los recursos públicos, asegurar el cumplimiento de la ley y combatir la corrupción con una visión preventiva.
Expuso que la fiscalización es un eje fundamental de la gestión. En este sentido, destacó que durante 2025 realizaron 117 auditorías de cumplimiento financiero, revisión operativa y supervisión de obras y programas, que representaron un monto cercano a los 16 mil millones de pesos.
Agregó que, para cumplir con sus objetivos, la SFP se apoya en cuatro subsecretarías principales: Fiscalización, Mejora Continua, Investigación y Evolución Patrimonial y Asuntos Jurídicos y Contrataciones Públicas y Responsabilidades, que es el área con mayor interacción con el sector de la construcción, encargada de vigilar las contrataciones desde su inicio para garantizar el cumplimiento de la ley y la igualdad de condiciones entre todos los participantes.
Indicó que a través del programa de acompañamiento preventivo tan sólo en 2025 dio seguimiento a contrataciones de obra pública por un monto superior a los nueve mil 554 millones de pesos.
Con ello, dijo, buscan brindar certeza jurídica tanto a las dependencias como a las empresas participantes, promoviendo procesos transparentes con pleno cumplimiento de la ley.
Detalló que son causas de sanción no firmar contratos adjudicados, incumplimiento contractual e información o documentación falsa.
Las sanciones posibles contemplan multas, inhabilitación de tres meses a cinco años, castigos económicos, disolución de empresas en casos graves y consecuencias penales.
El presidente de la CMIC, Juan Carlos Montaño, expuso que para el organismo es fundamental generar espacios que permitan a las empresas mantenerse informadas, actualizadas y preparadas ante los cambios que se presentan en el entorno normativo del territorio que rige la obra pública.
Al ser la construcción una actividad altamente regulada y en constante evolución, mencionó que es indispensable que quienes participan en el sector estén atentos a las modificaciones y las disposiciones, lineamientos y normatividad aplicable, para actuar con certeza, transparencia y con pleno cumplimiento de las obligaciones.
"Los cambios normativos no deben tomarse por sorpresa; al contrario, debemos asumirlos como una oportunidad para fortalecer nuestras empresas, mejorar nuestros procesos y garantizar una participación responsable en los proyectos de infraestructura que demanda nuestro estado”, dijo.
Expuso que en CMIC cuentan con asesoría y acompañamiento en materia de obra pública para apoyar a las empresas afiliadas en el cumplimiento de la normatividad y la gestión de los diversos procesos administrativos relacionados con su actividad.
En este contexto, exhortó a los empresarios constructores a acercarse y hacer uso de las herramientas, así como a apoyarse en personal jurídico que tiene un conocimiento muy claro en la obra.
Mencionó que la prevención, la capacitación y la actualización permanente son siempre la mejor inversión para proteger el patrimonio, la reputación y la continuidad de las empresas. “En esta Cámara nos enorgullecemos de fomentar que las empresas sean serias y responsables”, subrayó.