Chihuahua, Chih.- Los 10 mineros de Vizsla Silver y una persona adicional que no tendría nada que ver con ellos habrían sido secuestrados mientras dormían el 23 de enero, entre las 6:30 y las 7:30 horas, por un grupo armado que ingresó al residencial La Clementina, en el municipio de Concordia, Sinaloa, hechos que la empresa denunció públicamente hasta cinco días después, revelaron dos proveedores de la compañía canadiense.
Ayer el Gabinete de Seguridad federal, en voz del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo en ‘La Mañanera’ que las víctimas habrían sido confundidas por grupos criminales.
Lo anterior fue informado en una entrevista para el noticiario radiofónico Reporte 100 de Hermosillo, Sonora, de donde es oriundo Antonio Jiménez, uno de los identificados dentro de los cinco cuerpos localizados, junto con el chihuahuense Jesús Antonio de la O Valdez.
En dicha entrevista, dos empleados de la mina negaron que el móvil fuera la extorsión, señalando que más bien fue una acción para que cancelarán los trabajos de exploración porque aún no existía explotación.
Criticaron el tardío reporte del secuestro y dijeron que hubo advertencias de Vizsla Silver con respecto a los hechos, tanto a ellos como a familiares de las víctimas.
Denunciaron que la minera dirigida por Hernando Rueda, y los mismos colegas, ya había recibido amenazas de grupos delictivos desde el año anterior, quienes les exigieron abandonar la zona debido a la falta de condiciones de seguridad.
Pese a ello, les instruyeron que continuaran con las actividades y modificaron el color de los chalecos de seguridad, cambiando de naranja al amarillo, con el objetivo de que el personal fuera identificado por uno de los grupos en conflicto en la región, de acuerdo con narrado por los trabajadores.
Revelaron al periodista y conductor Juan Carlos Zúñiga que, tras la desaparición de los mineros, la empresa emitió un comunicado sobre los hechos el 28 de enero, cinco días después de lo ocurrido.
Dijeron que hay seguimiento en redes sociales y mensajes de comunicación digital por parte de la empresa para evitar declaraciones públicas sobre el caso bajo el argumento de posibles repercusiones laborales.
Asimismo, informaron que el Gobierno federal no recibió el reporte inmediato de los hechos por parte de la compañía.
De las 11 personas afectadas, cinco han sido identificadas como fallecidas, entre ellas José Antonio Jiménez, originario de Sonora, seis más continúan desaparecidas, incluyendo al geólogo Antonio Esparza.
Señalaron que en la zona de Concordia registraron desplazamientos de la población previos al evento. El proyecto Pánuco, lugar donde laboraban, está en fase de construcción de rampa y minado de prueba, sin registro de extracción de mineral o procesamiento de metales a la fecha.
Confesaron que en su actividad “tuvimos algunos encuentros con grupos delictivos. Nos revisaban vehículos, volaban drones en las áreas en las que estábamos trabajando... incluso en el paro técnico que hubo el año pasado, ellos nos dijeron literalmente, por favor, sálganse que no podemos garantizar su seguridad".
Dijeron que fueron los grupos delictivos “los que nos dijeron eso. Realmente la empresa no tuvo esa delicadeza... somos varios contratistas... y todos en algún momento recibieron amenazas y se lo hicieron saber a la empresa”.
Sostuvieron que la minera no los cuidaba. “Algunos compañeros, yo personalmente no puedo decir que me trataron mal, pero algunos fueron maltratados por la empresa diciéndoles que eran flojos, que no querían trabajar, que no había (amenazas), que eran miedosos”.
Informaron que funcionaba en La Concordia desde 2019 o 2020, y que “desde el año pasado había advertencias para que dejara de trabajar y no sé por qué interés... nunca quiso parar actividades. Esa zona es una zona de guerra, básicamente, y ellos llegaban con nosotros y nos decían "por favor, retírense", pero la minera nos decía que continuáramos trabajando”.
Destacaron que a ellos les pidieron cambiar de color de chaleco para que los pudieran identificar. “Era naranja y cambiábamos a color amarillo para que nos pudiera identificar uno de los grupos y que no nos hicieran daño. Creemos que por eso se llevaron a Pablo también, que era un muchacho que no tenía absolutamente nada que ver con la mina”.
Indicaron que en el caso de las víctimas levantadas, no llevaban los chalecos “porque los levantaron desde su cama en Clementina, un residencial que rentaban para el campamento. En el caso de Pablo sí lo confundieron, estamos casi seguros, porque se lo llevaron de la carretera. Pablo no está en la lista porque no era trabajador de la mina. Pretenden reducir la lista a 10 cuando son 11”.
Acerca de la Clementina señalaron que es un residencial con casas pequeñas donde dormían: “era una zona que en teoría estaba segura. Tenía caseta de entrada de vigilancia por parte de una contratista de seguridad”, expresaron. Acerca de testigos de los hechos, indicaron que “los vecinos vieron que llegaron estas personas y sacaron a los compañeros. Ocurrió entre las 6:30 y 7:30 de la mañana del 23 de enero”.
Ante las amenazas de hace un año, dijeron, la compañía no actuó; “se entera de los levantones y no reporta inmediatamente; y amenaza a los trabajadores para que no hablen. Esto pasó el día 23 de enero y ellos sacan un comunicado muy escueto el día 28 de enero. A las familias se les dijo que no hablaran porque "expertos" estaban trabajando, para que no les hicieran daño”, precisaron.
De la posibilidad de encontrarlos con vida, señalan que no lo creen. “La empresa sabía perfectamente la situación de la región. Pararon en abril por presión de nosotros, pero volvimos a trabajar en mayo. Concordia fue la población con más desplazados. ¿Cómo es posible que mandes a tus trabajadores a la boca del lobo?”, cuestionaron.
Tampoco piensan en que la versión de extorsión sea correcta. “No creo esa versión. Yo creo que pudo ser una represalia, porque se nos dijo en su momento que dejáramos de trabajar y como no quisieron, les dieron un motivo. Este caso es un problema de seguridad; no tenemos conocimiento que otras tengan estos errores tan garrafales”.
Aclararon que el proyecto Panuco está ahorita en un minado de prueba; “no han sacado ni una tonelada de mineral ni hay procesamiento de metal. No hay minería activa. Pedimos que no compartan notas donde criminalicen a nuestros compañeros; eran personas de excelente calidad moral”, concluyeron.