Chihuahua.- “Las pensiones no se pueden incrementar”, indicaron el sábado los dos vinculados a proceso por el caso del fraude a 22 pensionados del IMSS, quienes aseguraron que ellos no tuvieron nada que ver con el caso de la Consultoría Legal G &L y que sólo quisieron cargarles el muertito.

Cristina Isabel M. L.y Martín de Jesús H. C fueron vinculados a proceso la madrugada de ayer por fraude agravado en contra de 22 pensionados del IMSS que habían acudido a dicha consultoría qué atendía en la avenida Zarco, de octubre de 2025 a enero de 2026 que fue abandonada.

En su declaración, Cristina Isabel M.L. dijo que había llegado en febrero a la ciudad de Chihuahua y que estuvo en Monterrey todo el año pasado, que tenía cómo demostrarlo con los vuelos desde Monterrey, pero que le habían quitado su celular cuando la detuvieron el 1 de abril en las oficinas de Oportunidades M-40, ubicadas en la calle 43ª #3402, en la colonia Independencia.

También declaró que había sido golpeada al momento de la detención, que jamás le mostraron una orden judicial y que podía escuchar cómo agredían a su compañera que estaba embarazada.

Accedió a una prueba de identificación a través de una cámara de Gessel en la que a través de un vidrio fue identificada por dos de los denunciantes; sin embargo, aseguró que ella no era responsable de ese hecho y pidió que mostraran el video de circuito cerrado que aseguraron en el domicilio de la Zarco con el fin de que le demostrarán que era ella, la acusada que se hacía llamar Dania Melisa Gutiérrez Monjaraz y quien les explicaba a los clientes la forma de acceder al servicio.

La coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, Miriam Tarango, al presentar los antecedentes leyó uno a uno los expedientes de las 22 denuncias y todas mostraban el mismo modus operandi: todos fueron contactados por medio de Facebook por un anuncio o mensaje en donde les ofrecían aumentar su pensión y para ello debían acudir a la Consultoría Legal Administrativa G&L.

Luego les hacían un cálculo con base en la pensión que recibían y les aseguraban que podían ganar más: uno de los casos que ganaba $5 mil 017 le decían que debería recibir 15 mil 700 pesos y que recibiría un retroactivo de 145 mil pesos, para lo cual tenía que pagar 9 mil 700 pesos por trámites administrativos.

El costo del trámite debía ser en efectivo, por transferencias o depósitos bancarios a la cuenta 415231315516045278 del Banco BBVA a nombre de Cinthia Lorena Pérez López: siete lo hicieron en efectivo, seis en una sola exhibición; siete en tres partes, uno en cuatro pagos y uno más divido en cinco.

La mayoría acudía a las oficinas a ver cómo iba su trámite y amablemente le decían que iba bien y que en marzo verían su incremento en su pensión, para eso le solicitaban su Número de Seguro Social (NSS) y llenar un formato de inconformidad por pensión por cesantía de edad. Incluso simularon a un cliente que acudía a la oficina y narraba que le había funcionado muy bien, lo que les daba confianza.

Después, en enero cerraron la oficina y muchos comenzaron a marcarles a la Lic. Melisa y al Lic. Gerardo Javier Noriega al que describían como un hombre de aproximadamente 40 años, estatura media y la cara cacariza. Ellos les pedían 16 mil pesos para concluir el trámite como pago de impuestos, algunos los pagaron, otros comenzaron a sospechar y acudieron a Fiscalía a interponer la denuncia.

Martín de Jesús H. C., de 21 años de edad, también indicó que fue golpeado al momento de su detención y que desde que se subió a la camioneta de la Fiscalía la licenciada Blanca le había dicho que lo iban a vincular a proceso por este delito; dijo que lo habían metido a un cuarto y lo golpeaban en la cara y en el pecho y que le robaron un reloj.

Afirmó que había llegado a la capital apenas en febrero a trabajar en Oportunidades M-40, donde aseguró que el servicio era totalmente diferente al que mencionan en el caso, pues ellos sólo asesoraban a aquellas personas que aún no estaban pensionadas y que les interesaba jubilarse por la Modalidad 40.

Al igual que su compañera dijo que no conocía a ninguna de las víctimas y que jamás trabajó en la Consultoría Legal G&L, que él en octubre había estado en Monterrey visitando a una tía y en diciembre con su familia en Juárez, Chiapas, un poblado prácticamente enseguida de Villahermosa, Tabasco, de donde es originario.

Indicó que fue entonces cuando recibió una oferta de trabajo a través de Facebook para laborar en Chihuahua y que le habían pagado su boleto, lo que le pareció muy serio. También confesó que no quiso someterse a ninguna prueba de identificación porque no estaba su abogado presente.

Ambos pidieron la revisión del video de circuito cerrado, que no fue presentado en los antecedentes para demostrar su inocencia e incluso que los carearan con sus víctimas, ya que aseguran que no eran de ellos.

La defensa de ambos estuvo a cargo de tres abogados, dos de ellos de Monterrey, Nuevo León: Ricardo Vergara Laguna y Cirilo Muñiz Rodríguez, éste último sólo participó como asesor, además del representante jurídico de Chihuahua, Jorge Alejandro Ordóñez Valdez, quienes hicieron una férrea defensa que, sin embargo, no logró convencer al juez; pesó más la investigación de la Fiscalía Zona Centro y sobre todo los testimonios de los adultos mayores que al ver la fotografía, aun con los ojos difuminados en los medios de comunicación, identificaron a los dos vinculados a proceso como quienes los habían estafado con otros nombres.