Chihuahua, Chih.- El Consejo de la Cuenca del Río Bravo acordó por unanimidad impugnar el Acta 331 del Tratado de Aguas Internacionales de 1944, con el objetivo de evitar que se extraiga agua de las presas mexicanas sin el consentimiento de los usuarios nacionales. Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua y recientemente nombrado presidente suplente del Consejo, explicó que esta decisión busca proteger los derechos hídricos de los estados mexicanos afectados.
El Acta 331, firmada en noviembre de 2024 por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), establece mecanismos para mejorar la confiabilidad y predictibilidad de las entregas de agua del Río Bravo a Estados Unidos, en cumplimiento del tratado de 1944. Sin embargo, críticos argumentan que esta acta permite la extracción de agua de presas mexicanas sin consultar a los usuarios locales, lo que podría afectar gravemente a agricultores y comunidades en estados como Chihuahua y Tamaulipas.
Durante la reunión del Consejo de Cuenca celebrada el 8 de mayo en Monterrey, Nuevo León, se discutió la estrategia legal para impugnar el acta. Aunque aún no se ha definido si la impugnación será presentada por una persona física o moral, ya se han contratado especialistas para analizar la legalidad del acta y sus posibles efectos.
Mata Carrasco enfatizó que la impugnación busca garantizar que las presas nacionales no se abran para entregar agua a Estados Unidos sin un acuerdo previo con los usuarios mexicanos. "Por lo menos que no se abran las presas nacionales cuando se requiera, a menos que haya un acuerdo con los usuarios", declaró.
El director ejecutivo de la JCAS también aclaró que el Consejo de Cuenca es un ente ciudadano independiente del Organismo de Cuenca Río Bravo, que pertenece a la administración federal. Durante la sesión del 8 de mayo, además de la renovación de la mesa directiva, se abordaron temas administrativos y se ratificó la decisión de impugnar el Acta 331.
La controversia en torno al Acta 331 se suma a las tensiones existentes entre México y Estados Unidos respecto al cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. Recientemente, el expresidente estadounidense Donald Trump acusó a México de incumplir el tratado y amenazó con imponer sanciones si no se resuelve el adeudo de agua pendiente.
La situación se agrava debido a la severa sequía que afecta a varias regiones de México, lo que ha dificultado el cumplimiento de las obligaciones del tratado. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha afirmado que México está cumpliendo dentro de sus posibilidades y ha destacado la flexibilidad del tratado para compensar déficits en ciclos posteriores, siempre que no haya incumplimientos consecutivos.
La impugnación del Acta 331 representa un esfuerzo por parte de los estados mexicanos para proteger sus recursos hídricos y garantizar que las decisiones sobre el uso del agua se tomen con la participación de los usuarios locales. Se espera que en las próximas semanas se definan los detalles legales de la impugnación y se presenten las acciones correspondientes.
