Una familia de la colonia Sacramento denunció públicamente haber sido víctima de despojo y abuso de autoridad, presuntamente cometido por dos abogados identificados como Eleuterio y Dora González, quienes, con apoyo de elementos ministeriales, habrían orquestado una serie de acciones ilegales para apropiarse de un terreno adquirido legítimamente en el año 2010.

Según los afectados, el predio fue comprado hace más de una década por el ciudadano Enrique, quien enfrentó un proceso legal cuando los mencionados abogados intentaron adjudicárselo utilizando documentos falsos y, presuntamente, con el respaldo de funcionarios de la Fiscalía General del Estado, con quienes tendrían vínculos familiares. No obstante, tras el juicio correspondiente, la propiedad fue legalmente reconocida y dejada en posesión de Enrique, lo que habría generado represalias por parte de los demandantes.

En dos ocasiones anteriores, los abogados habrían causado daños a la propiedad derribando construcciones en represalia por no haber obtenido el terreno. El conflicto escaló nuevamente el pasado 18 de junio de 2025, cuando un grupo de aproximadamente nueve agentes ministeriales llegó al predio a bordo de camionetas blancas, argumentando tener una orden de cateo por una supuesta denuncia anónima relacionada con venta de droga. Sin embargo, dicha orden nunca fue mostrada a los propietarios.

A pesar de ello, los habitantes permitieron el acceso al domicilio. No se localizó nada ilícito, pero uno de los agentes alegó haber encontrado una pequeña bolsa con lo que parecía ser droga en el patio del terreno, el cual mide aproximadamente 20 por 30 metros. Con ese argumento, la propiedad fue asegurada, se colocaron sellos oficiales y la familia fue obligada a desalojar el lugar bajo amenazas de ser encarcelados si violaban los sellos.

No se les permitió sacar pertenencias, documentación y un ahorro de 50 mil pesos que se encontraba dentro del inmueble.

Al día siguiente, el 19 de junio, al acudir a verificar el estado del terreno, los propietarios se percataron de que la vivienda había sido saqueada por completo.

Denunciaron el hecho ante la Fiscalía, pero aseguran que la dependencia se ha negado a recibir formalmente su queja o actuar en consecuencia.

Este domingo, al regresar nuevamente al lugar, los afectados descubrieron que todo lo que quedaba de su patrimonio había sido destruido.

Acusan directamente a los abogados mencionados de haber aprovechado su presunto poder e influencias dentro de la Fiscalía para consumar el despojo y destruir por completo el fruto de años de esfuerzo, sin que hasta el momento alguna autoridad actúe al respecto.

La familia exige justicia, el respeto a su derecho de propiedad y el fin de los actos de impunidad que, aseguran, se han cometido en su contra bajo el amparo de la autoridad.