El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia devolvió a la Fiscalía la proposición acusatoria contra el ex Presidente Evo Morales y el ex Vicepresidente Álvaro García Linera por el caso del Hotel Las Américas para que subsane observaciones de forma, en una etapa preliminar del procedimiento para un eventual juicio de responsabilidades.
La magistrada del TSJ, Norma Velasco, dijo hoy que la Sala Penal restituyó el expediente al Ministerio Público para corregir las observaciones identificadas durante el control jurisdiccional del trámite para un juicio de privilegio constitucional.
Una vez subsanadas, el TSJ podrá emitir el decreto correspondiente para dar inicio a la fase preliminar de investigación, según la información proporcionada por Velasco sobre el procedimiento.
Explicó que la Fiscalía cuenta con un plazo de 30 días para emitir el requerimiento acusatorio y que "lo único que vamos a hacer es remitir a la Asamblea Legislativa para que los asambleístas puedan autorizar el juicio de responsabilidades".
En ese plazo, la Fiscalía debe reunir elementos de prueba y, si encuentra fundamentos suficientes, presentar un requerimiento acusatorio contra Morales y García, quienes gobernaron Bolivia entre 2006 y 2019, que permita avanzar hacia la solicitud de autorización legislativa para el juzgamiento de ambos ex Mandatarios.
De acuerdo con el procedimiento boliviano, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe aprobar por dos tercios la autorización para un juicio de responsabilidades contra quienes ejercieron la Presidencia o Vicepresidencia del Estado por presuntos delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.
El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, informó el 12 de octubre que el Ministerio Público admitió una proposición acusatoria presentada por la bancada opositora de la alianza Libre contra Morales y García Linera.
La denuncia señala a ambos ex funcionarios por la presunta comisión de delitos como asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad, relacionados con el operativo policial ejecutado en abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en la ciudad oriental de Santa Cruz de la Sierra.
En ese operativo murieron tres personas extranjeras, señaladas entonces por las autoridades como integrantes de un presunto grupo irregular armado, mientras que otras dos fueron detenidas.
El episodio generó una prolongada controversia política y judicial en el país.
El caso también tiene antecedentes en el ámbito internacional de los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que se produjeron vulneraciones de derechos en relación con los hechos y estableció obligaciones de reparación para el Estado boliviano.
