Durante gran parte de los dos últimos meses, la Casa Blanca ha adoptado una postura desafiante ante una serie de órdenes judiciales —incluida una de la Corte Suprema— de tomar medidas para garantizar la libertad de Kilmar Armando Abrego Garcia, un hombre de Maryland deportado por error a El Salvador en marzo.

Pero el gobierno también está combatiendo otra orden judicial en otro caso en el que se ha pedido a los funcionarios que busquen la liberación de un migrante diferente, y menos conocido, que fue expulsado a El Salvador en el mismo conjunto de vuelos que Abrego Garcia.

Ese hombre, un venezolano de 20 años identificado en los documentos judiciales como Cristian, fue trasladado en avión a El Salvador el 15 de marzo junto con decenas de otros migrantes. Era uno de los casi 140 venezolanos deportados sin ninguna audiencia después de que funcionarios de Trump los acusaran de ser miembros de la banda callejera Tren de Aragua y los consideraran sujetos a la proclamación del presidente Donald Trump que invocaba una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII llamada Ley de Enemigos Extranjeros.

Abrego Garcia, quien es ciudadano salvadoreño, fue deportado en uno de esos vuelos a pesar de que una orden judicial anterior prohibía expresamente que fuera devuelto a su patria. A Cristian le ocurrió algo parecido: fue expulsado de Estados Unidos a pesar de que se había dictaminado que su expulsión infringía un acuerdo judicial anterior destinado a proteger a los jóvenes migrantes con casos de asilo pendientes.

El mes pasado, la jueza Stephanie Gallagher, adoptando un enfoque similar al de la jueza del caso de Abrego Garcia, ordenó al gobierno de Trump que “facilitara” el regreso de Cristian y pidiera al gobierno salvadoreño que lo devolviera a suelo estadounidense. Pero el martes, la juez Gallagher accedió a dejar en suspenso su propia orden hasta el jueves, para dar tiempo al Departamento de Justicia de apelarla.

Los dos casos, que se desarrollan en el Tribunal Federal de Distrito de Maryland, ejemplifican la forma en que la Casa Blanca ha buscado métodos nuevos y agresivos para expulsar a los inmigrantes de Estados Unidos. Los casos también reflejan la actitud cada vez más recalcitrante que la administración ha adoptado hacia las órdenes judiciales, especialmente en los casos de deportación.

En su orden inicial, de 23 de abril, Gallagher dijo que Cristian no debería haber sido deportado porque estaba amparado por las protecciones de un acuerdo al que habían llegado los abogados de inmigración y el Departamento de Seguridad Nacional en los últimos días del gobierno de Joe Biden.

En virtud de ese acuerdo, los menores no acompañados que llegan a Estados Unidos y solicitan asilo no pueden ser expulsados del país hasta que sus casos se resuelvan por completo.

Durante el fin de semana, el Departamento de Justicia pidió a Gallagher que anulara esa orden, alegando que, si se devolvía a Cristian a Estados Unidos, los funcionarios de migración rechazarían su solicitud de asilo, lo que anularía las protecciones del acuerdo.

Los abogados del departamento explicaron que se denegaría su solicitud de asilo porque era un terrorista. El departamento no ha revelado qué pruebas tiene para respaldar dicha afirmación, aparte del hecho de que el Departamento de Estado ha designado al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera.

Durante una audiencia realizada el martes, Gallagher se negó a revocar su fallo original, señalando que, aunque el gobierno planeara finalmente rechazar la solicitud de asilo de Cristian, tendría que hacerlo en un proceso que se desarrollara en los tribunales estadounidenses.

Dijo al Departamento de Justicia que el gobierno “no puede saltarse hasta el final” y simplemente dejar a Cristian en El Salvador porque cree que sería inútil traerlo de vuelta.

Aun así, Gallagher reconoció que si los funcionarios de Trump devolvían a Cristian y denegaban su solicitud de asilo, tal vez no pudiera permanecer en Estados Unidos.

“Puede que el resultado para Cristian sea que no se le conceda el asilo”, dijo. “Creo que a quien haya seguido las noticias durante los últimos cuatro meses no le sorprendería que ese fuera el resultado final”.

Los casos de Maryland no son los únicos en los que el Departamento de Justicia, actuando en nombre de la Casa Blanca, está luchando contra los esfuerzos por devolver a personas deportadas a suelo estadounidense.

El mes pasado, en un caso en Massachusetts, los abogados del departamento intentaron convencer a un juez federal de que la administración no había incumplido su orden de que los migrantes tengan la oportunidad de impugnar su expulsión a un país que no sea el suyo si tienen motivos para temer ser enviados allí.

Aunque los abogados admitieron que cuatro venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua habían sido enviados recientemente a El Salvador desde una base militar estadounidense en Cuba sin tener la oportunidad de cuestionar su expulsión, dieron una explicación limitada del motivo. Los abogados alegaron que la orden del juez solo abarcaba a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, y que, técnicamente, los hombres habían sido enviados desde Cuba por funcionarios del Departamento de Defensa.

La próxima semana, un juez federal de Luisiana tiene previsto realizar una audiencia para determinar si los funcionarios de Trump expulsaron erróneamente a una ciudadana estadounidense de 2 años a Honduras con su madre.

El juez, Terry Doughty, nombrado por Trump, tiene previsto examinar la afirmación del gobierno de que la madre solicitó que la niña —conocida solo como VML— fuera deportada con ella. Los abogados de la familia han dicho que la madre y el padre querían que VML permaneciera en Estados Unidos.

En otro caso de deportación, un juez federal de Washington ha fijado para el miércoles una audiencia en la que se debatirá si puede ordenar la devolución de todos los hombres venezolanos que fueron deportados con Cristian a El Salvador en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.