Cd. de México.- Nueva York, 13 de junio de 2025
Mi amigo Victor Schwartz demandó al Presidente de los Estados Unidos porque los nuevos aranceles van a perjudicar su empresa familiar, que trae admirables vinos de Francia, España, Italia, Argentina, México y otros países. En la demanda lo acompañaron otros pequeños empresarios y juntos lograron un veredicto favorable en la Corte de Comercio Internacional, en Nueva York. Pero el Gobierno apeló y el caso sigue en litigio.
La anécdota es un ejemplo de la extraña situación que se vive en estos días, en que los ataques desde el poder provocan actos aislados de resistencia. El 12 de junio, un senador por California, Alex Padilla, fue derribado y esposado por agentes federales. Cada día trae una nueva sorpresa y la apariencia de caos. Se trata, sin embargo, de una ofensiva en varios frentes por parte del Gobierno de Trump.
Aunque no lo parezca, el abuso contra el senador Padilla tiene que ver con la importación de vinos. Victor acudió a las cortes porque el Congreso abdicó su autoridad para regular el comercio internacional. Aunque la Constitución no pone a nadie sobre la ley, Victor sabe que su batalla es como la de David contra Goliat.
Las decisiones judiciales han demostrado ser de poca utilidad contra el Gobierno de Trump. Durante meses desobedeció las órdenes de un juez para regresar al país a Kilmar Ábrego García, erróneamente enviado a una cárcel en El Salvador por motivos migratorios. Ábrego García regresó, sólo para ser detenido de inmediato por otros cargos. Mahmoud Khalil sigue en un centro de detención en Luisiana desde marzo, a pesar de que no ha cometido ningún delito y otro juez ordenó su liberación. Todos saben que la razón de su arresto fue servir de portavoz a los estudiantes de la Universidad de Columbia que protestaban la violencia desatada por Israel en Gaza.
El Gobernador de California demandó al Gobierno federal por mandar efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles sin su permiso. Ganó en primera instancia, pero otro juez permitió que las tropas siguieran ahí. La Suprema Corte autorizó al Gobierno a revocar el estatus migratorio de venezolanos y refugiados de otros países y deportarlos, y en otra sentencia limitó los derechos procesales de los inmigrantes. La última garantía del estado de derecho en el país es una Corte predispuesta a expandir los poderes presidenciales, donde seis de los nueve miembros fueron nominados por Presidentes republicanos, tres de ellos por Trump.
La ineficacia judicial es, en buena parte, un problema de escala. No existe para la sociedad civil una defensa judicial efectiva contra un Poder Ejecutivo que desacata la ley en múltiples frentes simultáneamente, y donde cada caso puede costar años y miles de dólares. El impacto de una decisión se diluye entre apelaciones, desobediencia, demoras, la certidumbre de una derrota ante la Suprema Corte, y la ruidosa insistencia de Trump y sus acólitos de que los jueces son lunáticos socialistas empeñados en perseguirlo injustamente.
La ineficacia legislativa va a la par de la judicial. El senador Padilla sólo quería hacerle una pregunta a la Secretaria de Seguridad, Kristi Noem, que estaba dando una conferencia de prensa. La violencia que sufrió es un ejemplo algo embarazoso de la situación del Congreso. La mayoría republicana no cuestiona sino que apoya la ofensiva del Ejecutivo contra la sociedad civil, abriendo sus propias investigaciones contra universidades y gobernadores, y quitando fondos a la radio y televisión públicas. Los legisladores demócratas son incapaces de montar una oposición efectiva, presa de los hábitos parlamentarios que dan el control de comités y agendas al partido dominante.
El Partido Demócrata no se atreve ni a pensar en cambios institucionales que puedan frenar la dictadura. Su razonamiento es que bastará con ganar un par de curules en las próximas elecciones para revertir el proceso. Su falta de imaginación raya en la negligencia. Como dijo David Hogg, un sobreviviente de la masacre de Parkland, Florida, en 2018, excluido del Comité Nacional por apoyar un recambio generacional en el partido: el liderazgo se ha quedado dormido en el volante.
Asumir que las próximas elecciones van a ser limpias es una prueba de la somnolencia demócrata: las maniobras en este frente empezaron con la derrota de Trump en 2020 y consisten en sembrar dudas sobre la limpieza de las votaciones en los distritos donde ganan los demócratas, y limitar el derecho al sufragio donde los republicanos tengan mayorías en los congresos estatales. Los medios de comunicación favorables al gobierno amplifican las teorías conspirativas y las hordas MAGA se hacen cargo de intimidar a funcionarios de casilla y distrito.
La futilidad de los demócratas es evidente si recordamos que, en otro frente que estos días no atrae tanta atención, la aprobación del presupuesto federal que envió el Ejecutivo traerá consecuencias irreversibles. Varios efectos son probables y ya han sido calculados: sufrirán las pensiones y los servicios sociales y educativos; los efectos impositivos serán negativos contra los que ganan menos pero benéficos para los más ricos; aumentará el déficit y con ello caerán la calificación de los bonos gubernamentales; la inflación subirá (estimulada por los aranceles y la escasez de mano de obra inmigrante), lo que podría obligar a alzar las tasas de interés y deprimir una economía que hasta hace unos meses carburaba muy bien.
La violencia es un componente de todos estos frentes de ataque, y no perdona a jueces, legisladores o autoridades locales. A Padilla lo trataron de la misma manera que diariamente tratan a migrantes y manifestantes. Una jueza de migración en Wisconsin fue arrestada y enfrenta una larga sentencia de prisión porque ICE la acusó de dejar salir del juzgado a un inmigrante que había comparecido a una cita de rutina.
A Ras Baraka, Alcalde de Newark, lo arrestaron agentes de ICE por denunciar un centro de detención en su ciudad. El Gobierno ha dado rienda a suelta a efectivos paramilitares, como los agentes enmascarados que todos los días capturan inmigrantes y los desaparecen en El Salvador, o los guaruras que maltrataron a Padilla. La violencia verbal, en los medios y el Congreso, se ha vuelto un hábito de la vida pública. De manera indirecta, serán violentos en términos de pobreza y mortalidad los efectos del presupuesto y el desmantelamiento de instituciones de salud. La táctica de militarizar la vida pública, desplegado marines y guardias nacionales en California, o montando un desfile militar el día del cumpleaños de Trump, no es más que la amenaza implícita del uso de fuerza contra toda oposición.
Hay muchos eventos pero una sola estrategia: Neutralizar a la sociedad civil y los gobiernos estatales en múltiples frentes. Derrocar primero a los enemigos más visibles (el estado de California con el envío de tropas o la Universidad de Harvard cortándole todos los fondos de investigación) para lograr la sumisión de los demás. Consolidar la autoridad presidencial e intimidar a los demás poderes.
Hay varios problemas con esta estrategia. El primero es que, por varias razones, su ejecución ha sido apresurada. Trump tiene fecha de caducidad: no puede ser reelegido y probablemente no le queden muchos años de claridad verbal. El costo del nuevo presupuesto le quitará margen de maniobra en poco tiempo, cuando sus efectos se empiecen a sentir en la vida cotidiana, al subir los precios y millones de derechohabientes quedarse sin servicios médicos. Habrá elecciones legislativas el año próximo y el riesgo de perder la mayoría republicano en el Congreso, a pesar de todo, sigue ahí.
La celeridad del Gobierno contrasta con el avance metódico de los líderes autoritarios que inspiran al Gobierno actual. Putin, Erdogan, Orban, Jong Un se han tomado sus buenas décadas para acumular el poder del que gozan hoy. Trump los invoca constantemente y con admiración, y tal vez en secreto admire a Ortega, Maduro y Díaz-Canel. Para todos esos regímenes, restringir derechos para llegar a la autocracia tomó tiempo y costó vidas y silencio.
Finalmente, el uso de la violencia para acelerar el proceso de consolidación de un régimen dictatorial inserta un factor de incertidumbre en la estrategia. Los efectos de la violencia pueden ser útiles a corto plazo pero a la larga nunca se sabe cómo pueden transformar un Estado y una sociedad. Como decía Hannah Arendt, usar constantemente la violencia es síntoma de debilidad.
Lo único seguro es que mañana seguiremos disfrutando el breve consuelo de un vaso de vino tinto.
