Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un hombre señalado como presunto responsable de seis hechos de violación y abuso sexual agravado contra su hija de cinco años ha recurrido a juicios de amparo para evitar la ejecución de una orden de aprehensión, de acuerdo con la madre de la niña y sus asesores jurídicos.

Durante una rueda de prensa, la madre identificó al señalado como Mario Gabriel P. P. y afirmó que es socio de El Viejo Oeste y propietario o administrador de Mario’s Bar, ubicado sobre la avenida Gómez Morín.

Según la representación legal de la víctima, la denuncia fue presentada el 4 de agosto de 2026 y dos días después se libró una orden de aprehensión. Los abogados señalaron que ese mismo día el señalado promovió un juicio de amparo en la ciudad de Chihuahua.

La madre aseguró que el primer amparo le concedió una suspensión condicionada a que el acusado se presentara ante el juez dentro del plazo establecido. Sin embargo, los asesores jurídicos afirmaron que no compareció ni por escrito ni de manera presencial, por lo que solicitaron que se retomara el procedimiento.

Posteriormente, de acuerdo con los abogados, el hombre promovió un segundo juicio de amparo, por lo que la orden de aprehensión continúa sin poder ejecutarse mientras se resuelve ese procedimiento.

La audiencia constitucional del juicio de amparo quedó programada para el 25 de septiembre a las 9:30 horas en la ciudad de Chihuahua, informaron los asesores jurídicos, quienes buscan que se deje sin efecto la protección para que pueda ejecutarse la orden de captura.

Los abogados también cuestionaron que el primer amparo haya sido promovido el mismo día en que se libró la orden de aprehensión. Consideraron que esto podría indicar que el acusado tuvo conocimiento previo de la orden, aunque reconocieron que hasta ahora no se ha determinado responsabilidad por una eventual filtración de información.

La madre, por su parte, denunció una campaña pública de apoyo al señalado y manifestó temor por posibles represalias. También afirmó que el hombre tiene conocidos dentro de corporaciones policiales.

La representación legal sostuvo que se trata de seis hechos de violación y estimó que la posible pena superaría los 80 años de prisión.