Ciudad Juárez.- Entre siete y ocho de cada diez mujeres migrantes en tránsito sufrieron algún delito en México, pero no presentaron una denuncia por miedo a represalias y porque consideran que no obtendrían justicia, de acuerdo con Médicos del Mundo y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Por ello, la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM) hizo un llamado al fortalecimiento de la articulación entre sistemas migratorios y de protección a mujeres sobrevivientes de violencia de género en México.
“A pesar de esta vulnerabilidad, la mayoría carece de información oficial y confiable sobre sus derechos, dependiendo de redes sociales informales y quedando expuestas a mayores abusos”, denunció al presentar el Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad en México, el cual contempla al estado de Chihuahua.
La inseguridad en los trayectos se ha incrementado: en 2023, Acnur documentó que 42 por ciento de la población atendida sufrió algún incidente de seguridad en su tránsito antes de llegar a México y para 2024, el porcentaje aumentó a 58 por ciento. Y, ya en territorio mexicano, el 40 por ciento de las personas refugiadas y migrantes fue víctima de algún delito, como robo (19%), secuestro o rapto (9%), amenaza física o intimidación (9%), extorsión (9%) y estafa (6%).
“Ante esta problemática y dado que México enfrenta las diversas medidas de externalización de la política norteamericana, hay poco espacio para que el enfoque de seguridad nacional que ordena la gestión migratoria cambie en el mediano plazo. Ni las asociaciones civiles –en lo individual o articuladas en redes– nacionales e internacionales, ni las agencias multilaterales han sido capaces de modificar esta realidad”, apuntó.
La Red constató una brecha importante entre la legislación vigente en materia migratoria, de protección de las víctimas de la violencia basada en género (VBG), de protección de la niñez y de garantía al derecho a la salud, y su aplicación efectiva. Y aun cuando existe una política pública razonablemente bien diseñada, armonizada y con presupuesto para apoyar a las mujeres sobrevivientes de la VBG y a la niñez migrante, en el terreno la situación ha mostrado pocos cambios.
Entre las recomendaciones al Poder Ejecutivo, la Red pidió incluir al Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en los Sistemas Nacionales derivados de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Al Poder Legislativo también señaló la necesidad de verificar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se asigne un monto significativamente mayor a la operación de la Comar, con el fin de tramitar las solicitudes de asilo rezagadas desde 2024, las cuales presentan al menos un año de retraso.
Al Poder Judicial recomendó establecer una línea de trabajo sobre migración en el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), con el objetivo de financiar el diseño de programas integrales de prevención, atención y canalización de mujeres migrantes con base en las buenas prácticas reportadas por las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas.
Y a las asociaciones civiles en la respuesta les recomendó sistematizar y difundir sus estrategias de prevención y atención a la violencia basada en género dirigidas a mujeres, infancias y adolescencias en movilidad, así como su trabajo de incidencia para la formulación de políticas públicas en la materia.