Organizaciones que acompañan a sobrevivientes y familiares de personas fallecidas en el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez interpusieron un recurso de apelación contra la resolución que dio por cumplidas las condiciones de la suspensión condicional del proceso a Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).
Marcos Zavala, integrante de la representación legal de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), informó este miércoles que el recurso fue presentado el martes 20 de octubre contra la determinación del juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón, emitida el día 13 de octubre.
DHIA, junto con la Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración y la Clínica para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana, acompaña a 10 sobrevivientes y 10 núcleos familiares de personas fallecidas.
En conferencia de prensa de este miércoles, sus representantes expusieron lo que consideraron incumplimientos de las condiciones impuestas a Garduño.
Zavala sostuvo que la causa penal 237/2023 no está concluida de manera definitiva, pues también permanece sin resolverse un amparo relacionado con la suspensión condicional del proceso concedida al excomisionado en enero de 2025. Dijo que la asesoría solicitó al juez que no celebrara la audiencia del 13 de octubre mientras se resolvía ese recurso.
Entre los argumentos para impugnar la resolución, la abogada Gabriela Romero Reza señaló que, aunque existía un convenio para brindar atención médica a las víctimas mediante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las solicitudes realizadas no se tradujeron en servicios efectivos para algunas de las personas afectadas. Sostuvo que las gestiones para pedir consultas no significan que la atención se haya proporcionado.
Romero también indicó que las víctimas no consideraron que la disculpa pública ofrecida por Garduño fuera una medida de satisfacción, y cuestionó que no se tomara en cuenta su opinión sobre el acto. Además, señaló que la interpretación para las personas que no hablan español fue limitada.
Otro de los cuestionamientos expuestos por Zavala fue el cumplimiento de las condiciones relacionadas con la capacitación en protección civil y derechos humanos, así como las verificaciones en estancias migratorias. Afirmó que, de las 25 instalaciones previstas, solamente cinco fueron revisadas y que no se acreditó suficientemente el cumplimiento de las medidas correspondientes.
”Quiere decir que el 80 por ciento de las estancias migratorias no fueron supervisadas. No se cumplieron de manera trimestral estas visitas de verificación. De las cinco que sí se revisaron se descubrieron fallas estructurales que crearon las condiciones para que ocurriera este incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez”, afirmó.
El abogado calificó el caso como una presunta “simulación procesal” y cuestionó que el juez diera por cumplidas las condiciones pese a los señalamientos de la representación de las víctimas. La apelación busca que esa determinación sea revisada.
El incendio ocurrió el 27 de marzo de 2023 y dejó 40 personas fallecidas y 27 lesionadas. Garduño enfrentaba la causa penal 237/2023 por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, sin embargo, a consideración de las organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañan a las víctimas, el caso aún no se ha cerrado.
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