Ciudad Juárez.- Las familias de los 10 custodios asesinados durante el motín registrado en enero de 2023 en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez siguen sin recibir indemnizaciones, denunció la diputada local de Morena, María Antonieta Pérez Reyes.
El 1 de enero de 2023, un grupo armado irrumpió en el penal estatal y atacó a personal de seguridad, en un hecho que derivó en la fuga de decenas de personas privadas de la libertad y dejó a 17 personas muertas, entre ellas 10 custodios y siete internos.
La legisladora informó este lunes que se reunió con las viudas de los trabajadores como parte del acompañamiento legal que les ha brindado y señaló que, hasta ahora, no han obtenido respuesta favorable a sus demandas de reparación del daño.
De acuerdo con Pérez Reyes, las familias también reprochan que Gilberto Loya Chávez, quien recientemente dejó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) para asumir responsabilidades en la Fiscalía General del Estado (FGE), no las haya recibido para escuchar sus planteamientos.
La diputada acusó a la dependencia estatal de litigar en contra de las demandas de indemnización y daño moral presentadas por los deudos, en lugar de atender sus solicitudes.
“No descansaré hasta que se imparta justicia a ellas y sus hijos”, aseguró la legisladora, quien sostuvo que continuará con el acompañamiento de su equipo jurídico hasta que las 10 familias obtengan la reparación del daño.
Pérez Reyes atribuyó la muerte de los custodios a presuntas deficiencias en su capacitación y en las condiciones de seguridad del penal. Sostuvo que se trata de una tragedia que pudo haberse evitado en un centro penitenciario administrado por el Gobierno del Estado.
La congresista también criticó la falta de prioridad que, a su juicio, tiene la reparación del daño para las víctimas en Chihuahua, y señaló que las familias quedaron sin el sustento económico que aportaban los trabajadores asesinados.
A casi cuatro años de los hechos, los familiares de los custodios continúan a la espera de una respuesta sobre sus reclamaciones económicas y legales.
