Ciudad Juárez.- A mil 293 días del incendio en el Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, organizaciones sociales reclamaron que “nada ha cambiado”, y la próxima semana un juez podría absolver del caso al entonces responsable de la política migratoria en México, Francisco Garduño Yáñez.
“Nada ha cambiado. Las condiciones de detención de las personas en movilidad siguen siendo de hacinamiento y aislamiento, reflejando grandes violaciones a los derechos humanos”, denunciaron el Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi), la Clínica jurídica Alaide Foppa, Fundación para la Justicia y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).
El 27 de marzo de 2023 un incendio ocurrido en la estación migratoria del puerto fronterizo Lerdo provocó la muerte de 40 hombres de origen extranjero que se encontraban bajo custodia del Gobierno federal y a quienes según los videos de vigilancia no se les abrió la puerta para que pudieran ponerse a salvo, por lo que 27 sobrevivientes también sufrieron lesiones de por vida, mientras que 15 mujeres a quienes sí se les abrió la puerta lograron sobrevivir, pero permanecen sin ser reconocidas como víctimas.
El 13 de octubre se realizará una nueva audiencia para revisar si fueron o no cumplidas las condiciones imputadas por el juez en la suspensión condicional del proceso que obtuvo el excomisionado del INM en 2025. Si el juez determina que fueron realizadas, el imputado podría quedar desvinculado del proceso penal que actualmente enfrenta.
“En julio de 2023, medios de comunicación reportaron la inauguración de un mural en la estación migratoria de Ciudad de México Las Agujas, presentado por el INM como parte de la ‘humanización’ de las estancias. Una estrategia para limpiar la imagen de las estaciones luego del incendio. Tres años después, en 2026, se han reportado dos incendios más en estaciones migratorias: en Janos, Chihuahua y Tapachula, Chiapas”, denunciaron ayer las organizaciones que han acompañado a las víctimas.
Señalaron que la información disponible sobre estos casos señala posibles irregularidades que ya habían sido documentadas tras el incendio de Ciudad Juárez. Entre ellas detenciones que superarían el límite legal de 36 horas y condiciones de alojamiento que generan cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos.
“Resulta alarmante que vuelvan a surgir elementos que recuerdan las fallas documentadas tras el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023. Pintar paredes no humaniza la detención. Las estaciones migratorias no pueden seguir siendo espacios de impunidad y vulneración de derechos. Lo ocurrido en Ciudad Juárez no puede repetirse. Los nuevos incendios obligan a cuestionar: ¿qué medidas de no repetición se han implementado y si realmente están funcionando?”, cuestionaron.