A 25 años del descubrimiento de un cementerio clandestino en el que se encontraron los cuerpos de ocho mujeres con visibles huellas de tortura, mutilación y agresión sexual, y a 17 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitiera una sentencia por el denominado “Caso González y otras (Campo Algodonero) contra México”, para las madres buscadoras la justicia sigue negada.
Cuando Nancy Iveth Navarro Muñoz y Diana Rocío Ramírez Hernández desaparecieron, la sentencia contra el Gobierno mexicano tenía dos años, pero de nada sirvió, porque ellas no regresaron a casa y 15 años después “no ha cambiado nada”, denunciaron sus mamás, Lucy Muñoz y Rosa María Hernández.
Ambas madres acudieron ayer al memorial del Campo Algodonero, acompañadas por el investigador de violencia de género y derechos humanos Alfredo Limas Hernández, quien también forma parte del equipo de litigio de la Sentencia Campo Algodonero y de la Red Ciudadana de No Violencia.
Recordaron que hace 25 años, los días 6 y 7 de noviembre de 2001, a un costado de los plantíos de algodón ubicados entre Paseo de la Victoria y la avenida Ejército Nacional, se descubrió un cementerio clandestino en el que se encontraron los cuerpos de ocho mujeres que fueron torturadas y asesinadas, y que el 16 de noviembre de 2009 la Corte IDH determinó que existieron irregularidades en las investigaciones por parte de las autoridades mexicanas, por lo que culminaron en la impunidad, violando los derechos de las mujeres y sus familias.
A 17 años “no se han cumplido la mayoría de los resolutivos de esa sentencia… y nos parece que ya es no solamente impostergable, sino ya es un acto criminal que haya tanta omisión de las autoridades porque se trata de resolutivos que favorecerían una mejor investigación no sólo de feminicidios, sino también de otras violencias, como las desapariciones de niñas y jóvenes mujeres en Juárez, que como sabemos siguen siendo de un perfil de vulnerabilidad como las víctimas de feminicidio en su momento a través de los años”, señaló Limas.
Destacó que todo lo que tiene que ver con el resolutivo que indica toda la estandarización de protocolos, el desarrollo de mecanismos jurídicos, técnicos y de investigación en relación con la desaparición, no se ha cumplido.
“El Protocolo Alba, como sabe, tiene ya casi dos décadas de instituido acá, pero tiene 15 años que no ha sido adecuado. El tiempo cambió terriblemente, la violencia en Ciudad Juárez creció después de aquellos años del 2010, 2011 y el Protocolo Alba no solamente no corresponde con las indicaciones de la sentencia en ese resolutivo, sino que aparte ya no es congruente con las necesidades de esta realidad actual en donde, como sabemos, hay miles de víctimas de desaparición en esta ciudad y en este estado y el protocolo sigue viejo, no tiene una perspectiva de género interseccional. Se habla de una perspectiva de género, porque dicen diligencia para buscar niñas y jóvenes, y no vemos que sea diligente. Si alguien cree que pueda demostrar que eso es diligente no lo hemos encontrado, porque no es diligente”, denunció.
El investigador también reclamó que las investigaciones de búsqueda son lentas y limitadas porque no hay recursos ni humanos, ni técnicos, ni tecnológicos, lo cual es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.
Se queda FEM sin titular a causa de El Pinal
Limas y las madres buscadoras reclamaron también que desde el 25 de abril pasado, cuando la gobernadora María Eugenia Campos Galván designó a Wendy Paola Chávez Villanueva como responsable de la Unidad de Investigación de los Hechos relacionados con el
Desmantelamiento del Narco Laboratorio de ‘El Pinal’, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) no cuenta con una titular, sólo con una encargada de despacho.
“Veinticinco años desde aquel noviembre y la justicia sigue negada. No solamente ha sido lenta y tardada, sino negada, con esta historia terrible que sabemos de fabricación de expedientes, de tantos presos inocentes y de que en la Fiscalía Especializada de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género no hay avances sustantivos en esa sentencia… no hay ninguna conclusión de ese caso”, señalaron.
‘Pareciera que hay permisividad’
La sentencia de la Corte IDH indica que cuando hay impunidad y omisión existe un mensaje a la sociedad de que es posible cometer violencia hacia niñas y mujeres, que incluso puede haber crímenes tan graves como cualquier violencia feminicida, y pareciera que hay permisividad.
El mismo memorial sigue incompleto, las madres “plantearon que hubiera ocho nichos donde pudiera estar la historia del feminicidio y la historia parece que se quiere borrar o que no se quiere escribir, si vemos los nichos están vacíos y lo hemos planteado a titulares de diferentes instancias del gobierno municipal, en el gobierno estatal y no hay respuesta”, subrayó el investigador.
Responsabilidad del Estado
La Corte IDH responsabilizó al Estado por “la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición […]; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos […], así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada”.
Sin embargo, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el estado de Chihuahua existe el histórico de 4 mil 374 personas con un reporte vigente de desaparición y el municipio de Juárez cuenta con la mayor cantidad de casos, con 231 mujeres y 828 hombres.
“Desafortunadamente en nuestro caso, que ya son 15 años en los cuales no tenemos nada, prácticamente todas las investigaciones han sido nulas, y lo peor del caso es que sigue habiendo desapariciones y que no hay realmente algo que las aminore o que las detenga definitivamente… lo que siempre pedimos es justicia para las personas que, desafortunadamente, como aquí en el Campo Algodonero, ya están sin vida, porque nosotros no queremos eso, no queremos encontrar a nuestras hijas sin vida, queremos la búsqueda en vida”, dijo la madre de Diana Rocío, quien el 1 de abril de 2011, le pidió dinero prestado a su abuela para tomar el camión de transporte público de la colonia Felipe Ángeles hacia al Centro, pero nunca regresó.
Desde ese día, su mamá se ha dedicado a buscarla, primero en hospitales, entre sus amigos y con la esperanza de que las autoridades la iban a encontrar, pero después de 15 años sigue sin regresar a casa.
“No queremos ser parte de este Campo Algodonero, que estén nuestras hijas en una placa al rato. Entonces, sí, sí pedimos mucho a las autoridades que busquen, que busquen en vida y que haya justicia”, exigió.