Chihuahua, Chih.- La demolición de las antiguas instalaciones de Denimtex comenzó luego de que el inmueble fuera vendido en 70 millones de pesos, como parte de un proceso judicial de concurso mercantil. A 25 años de haber iniciado los litigios, entre 100 y 150 extrabajadores aguardan a que determinen los montos que les corresponden por concepto de liquidación.
Alfonso Anselmo Gallegos, integrante del grupo de extrabajadores afectados, explicó que sólo esperan que la jueza Tercera de Distrito emita su dictamen final con los montos que deberán pagarles.
Explicó que la autoridad judicial solicitó al síndico que justificara las cantidades calculadas para el pago a los trabajadores, al considerar necesario conocer el procedimiento y los criterios utilizados para establecer los montos. Aunque inicialmente le otorgó un mes para presentar las aclaraciones, el síndico solicitó una ampliación por otro periodo igual.
Mencionó que sus abogados solicitaron que tomen en cuenta el laudo favorable que obtuvieron, además de los salarios caídos que deben considerarse para calcular las indemnizaciones.
Indicó que existe una diferencia de criterios respecto al monto que debe reconocerse por salarios caídos, pues el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje mencionó que adeudan los laudos más los salarios caídos hasta la fecha en que concreten el pago, sin embargo, los abogados les han explicado que la legislación establece un límite de uno o hasta dos años, además de las cantidades reconocidas en el laudo.
Los extrabajadores estiman que durante el próximo mes, posiblemente a mediados, podrían conocer finalmente las cantidades que les serán reconocidas.
A inicios del año, los extrabajadores calificaron como “ridícula” y una falta de respeto la propuesta de pago presentada por el síndico que contemplaba montos que oscilaban entre los 10 mil y hasta un poco menos de 100 mil pesos por trabajador.
Suman 25 años sin justicia
En 2001, la empresa Denimtex, dedicada a la industria textil, se declaró en quiebra y cerró sus puertas sin cubrir los derechos de los trabajadores.
Anteriormente, Gallegos detalló que en ese momento, Denimtex S.A. de C.V. era propiedad del empresario José Atri Jalife, dedicado a la industria textil por muchos años. De acuerdo con registros periodísticos era también propietario de una de las empresas pioneras del textil denominada Concordia, en donde aparecía como representante junto con otras personas.
Explicó que, en un inicio, el propietario de la empresa era don Luis H. Álvarez. Posteriormente, la vendió al empresario de Torreón Manuel Haidar Veloz, quien adquirió la compañía junto con toda su plantilla laboral y respetó la antigüedad de los trabajadores.
Sin embargo, narró, “no pudo con el paquete” y él mismo pidió a los trabajadores que colocaran las banderas de huelga al verse imposibilitado a pagar los sueldos.
“Entonces pusimos las banderas, nos fuimos a la huelga que duró cuatro años e iniciamos el juicio en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje”, recordó.
La planta fue finalmente adjudicada a los trabajadores, quienes la vendieron precisamente a José Atri Jalife, esto con la promesa de que les siguiera brindando trabajo, pues la empresa requería de mano de obra calificada que no era fácil de encontrar.
Con esto, dijo, podía aprovechar el conocimiento de los trabajadores y arrancar la empresa.
El nuevo propietario compró telares y maquinaria para empezar a operar la empresa, sin embargo, también llegó el momento en que ya no pudo sostenerla y se vino abajo, que fue cuando cerró sus puertas.
La situación se complicó, mencionó, pues el banco le había otorgado un préstamo a Atri Jalife para la compra de maquinaria por la que, al no pagar, le embargaron diversas propiedades.
Es así, señaló, que en 2001 alrededor de 200 empleados interpusieron diversas demandas laborales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 26, por no otorgarles la liquidación de ley.
La empresa vendió al menos dos terrenos con los cuales logró liquidar a algunas personas, mientras que continuó en litigio la propiedad ubicada en la avenida Agustín Melgar, entre la Tecnológico y avenida De las Industrias.
Apuntó que al iniciar el juicio otorgaron un laudo a favor de los trabajadores, sólo esperaban vender la propiedad para pagar el adeudo de las liquidaciones y lo que restara quedaría depositado por si había más acreedores. Al poco tiempo que inició el juicio, dijo, falleció José Atri Jalife.
Expuso que, como estrategia de los abogados de la empresa, el juicio pasó de laboral a mercantil, con lo que el juez tercero de Distrito de la Ciudad de Chihuahua ordenó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje suspender todo, lo que derivó en que los trabajadores quedaran sin liquidación.
“En su momento no fuimos registrados en el juicio mercantil porque el abogado siempre nos dijo que nuestros derechos estaban garantizados, que no teníamos por qué estar en ningún juicio mercantil, pues nosotros ya teníamos un laudo a favor. Ya teníamos el gane, ya nada más era esperar a que nos liquidaran”, dijo.
A través de un edicto publicado hace tres años convocaron a la subasta pública de los activos de la empresa que contemplaba tres bodegas e igual número de naves industriales valuadas en 153 millones 058 mil 186.73 pesos que derivó del expediente 3/2001 del Juzgado Tercero de Distrito en la ciudad de Chihuahua.
No obstante, la jueza Segundo de Distrito otorgó un amparo para suspender de manera provisional la subasta de los activos de Denimtex, al considerar que podría violarse el derecho preferente de los trabajadores en el pago de lo que les adeudan.
“Nuestros abogados pelearon durante todo este tiempo para que fuéramos reconocidos como acreedores laborales preferentes, lo que logramos”, señaló.
Finalmente, la subasta fue realizada el año pasado.