Chihuahua, Chih.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado revisa la solicitud que presentó la familia de Edna Marilin Ch. L. para que el juez de Control Manuel Jurado Torres sea excusado del proceso penal, luego de que la defensa de la víctima señaló una aparente relación del juzgador con uno de los abogados del imputado.
Israel Rivera Arrieta, vocero del Poder Judicial, confirmó que el pasado 16 de febrero la familia promovió ante el propio juez un escrito para que sea separado de la causa, figura jurídica que forma parte de las alternativas jurisdiccionales previstas en la ley.
“El juez recibió una solicitud para que se excusara del caso, es decir, para que se separe y ya no dirija esa causa, por una aparente relación con la parte defensora”, precisó.
El funcionario aclaró que la petición no constituye una denuncia administrativa. Explicó que cuando existe una denuncia contra un servidor público del Poder Judicial, el asunto corresponde al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), órgano que preside el magistrado Francisco Javier Acosta Molina. En este caso, la familia optó por una vía jurisdiccional, distinta al procedimiento disciplinario.
Rivera Arrieta indicó que la solicitud ya está bajo análisis y que en los próximos días deberá emitirse una determinación sobre su procedencia. Si el juez acepta excusarse, otro juzgador asumiría la conducción del proceso. En caso contrario, una sala penal revisaría la petición.
La recusación surge después de que familiares de la maestra acusaron influyentismo y cuestionaron la reclasificación del delito de feminicidio a homicidio en el caso de Edna, asesinada el 2 de febrero en Hidalgo del Parral.
Por separado, el presidente del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Francisco Javier Acosta Molina, sostuvo que ese órgano sólo interviene cuando existe una denuncia formal por la conducta de algún integrante del Poder Judicial.
“El Tribunal de Disciplina siempre está abierto a cualquier denuncia que presente la ciudadanía o un usuario del Poder Judicial. Sin denuncia no podemos iniciar un procedimiento”, afirmó.
Acosta Molina explicó que las decisiones judiciales pueden impugnarse por la vía jurisdiccional mediante apelaciones ante magistrados de segunda instancia, mientras que las faltas administrativas se investigan bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El magistrado informó que el órgano recibe entre 70 y 80 denuncias mensuales y que cada una sigue un proceso que no es inmediato, debido a los plazos y requerimientos que marca la ley. Añadió que un equipo de aproximadamente 15 investigadores atiende los casos en todo el estado.
Sobre asuntos con relevancia pública, señaló que el tribunal mantiene atención especial cuando existen señalamientos respaldados por colectivos o grupos ciudadanos, aunque evitó pronunciarse sobre expedientes en particular.
La familia de Edna ha insistido en que el caso debe juzgarse con perspectiva de género y que las autoridades revisen a fondo la actuación judicial. Mientras tanto, el TSJ deberá resolver si el juez continúa al frente del proceso o si otro juzgador asume la causa.
