Chihuahua, Chih.- Ochenta personas originarias de las comunidades de El Ocote y Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, tuvieron que abandonar sus hogares debido a las balaceras registradas en días pasados, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAVE).
La titular, Norma Ledezma Ortega, informó que desde el martes recibieron la noticia por parte del fiscal general, César Jáuregui Moreno, quien le giró la instrucción de ponerse de acuerdo con el fiscal del Distrito Zona sur, Guillermo Hinojos Hinojos, para darles atención a las familias.
“Tuvimos comunicación con los que venían llegando y realizamos una intervención en colaboración con el diputado Arturo Medina y la Comisión de Víctimas y con nuestro personal que está allá, en conjunto, entregaron diversos alimentos, refrescos y aguas. Eso fue lo que atendimos porque era la inmediatez”, señaló. Ledezma Ortega dio a conocer que están en la construcción de la Mesa de Desplazamiento, para hacer una intervención integral, la cual será tal vez el hoy o mañana.
El desplazamiento ocurrió después de que grupos criminales se enfrascaran en una balacera desde el lunes pasado en Atascaderos, misma que, a decir de los pobladores, duró cerca de siete horas y dejó daños en viviendas, vehículos y otras estructuras.
Pese a estas versiones, el fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos, informó que dicha refriega no fue prolongada ni continua, mientras que el fiscal general, César Jáuregui, aseguró que no afectó a la población pues los disparos “eran de cerro a cerro”.
Los enfrentamientos en la región comenzaron desde el domingo 15 de febrero, cuando los habitantes de la comunidad reportaron que dos grupos delictivos iniciaron un intercambio de disparos que obligó a la gente a resguardarse por completo en sus casas. Mediante redes sociales, los pobladores pidieron orar por Atascaderos: “Pedimos de sus oraciones por la comunidad de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Dios dé cobertura y protección a esta bella comunidad y a su gente, a nuestra amada Iglesia Apostólica De la fe en Cristo Jesús. Unidos en oración hermanos por cobertura.
No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10”.
En las mismas publicaciones, testigos de los hechos dijeron haber visto ingresar al pueblo a más de 50 hombres armados que portaban logos de las “Fuerzas Especiales de Isidro” (FEDI) aliados de “La Mayiza”.
Aunque preliminarmente fue informado sobre el hallazgo de una persona sin vida y que otra más había sido privada de la libertad, sólo fue confirmada la localización de una camioneta Suburban totalmente calcinada.
Entre la noche del miércoles 18 y la madrugada del jueves 19 de febrero hubo otro hecho violento en dicha comunidad durante el cual volvieron a dañar viviendas.
El mismo jueves, el fiscal Jáuregui dijo haber recibido un primer reporte en el que señalaban a dos personas asesinadas durante las balaceras; sin embargo, tras concluir los recorridos fue encontrado el cuerpo de un adolescente de 14 años, identificado con las iniciales A.R.N.
Durante el fin de semana trascendió también que en estas refriegas había sido atacada la casa del comisariado ejidal de Redondeados, Otoniel Herrera, hijo de Alipio Herrera, empresario maderero ampliamente conocido en la región serrana.
Para el lunes volvieron las agresiones entre grupos delictivos, esta vez el nivel de violencia forzó a las familias a salir de la comunidad para traslarase a Parral, Chihuahua y otros municipios, donde fueron atendidos por personal de la CEAVE y organizaciones de la sociedad civil.
“ES DIFÍCIL SUBSISTIR EN EL FUEGO; ESO ES UNA CRISIS HUMANITARIA”
Isela González Díaz, defensora de los derechos humanos, reconocida por su labor en defensa de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara en Chihuahua y directora ejecutiva de la Asociación Civil Alianza Sierra Madre (ASMAC) dijo que para las víctimas es difícil subsistir en el fuego y que esta situación ya es una crisis humanitaria.
“A mí me parece muy grave que no tengamos una estadística, tanto la sociedad civil como el Gobierno del Estado.
Supondría que quien tendría los números más acercados a la realidad sería la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque ellos están dando asistencia no solamente en la ciudad, sino que también van a las comunidades cuando empiezan a desplazarse”, dijo. La activista refirió que movimiento comenzó desde 2008, que fue cuando empezó el combate al narcotráfico de Felipe Calderón.
“Era muy silencioso; se iban a los primeros lugares de acogida ubicados en las poblaciones con mayor densidad poblacional; por ejemplo, a las cabeceras municipales y eso fue durante muchos años.
Quienes defendían el territorio tuvieron que irse por el asesinato de los activistas, el hostigamiento y la amenaza, evidentemente, llegaron con la red de apoyo fundamental para ellos, que eran las organizaciones no gubernamentales, como la consultoría técnica comunitaria, Alianza Sierra Madre, y otras que no tengo presente”.
En ese mismo sentido, González Díaz señaló que el desplazamiento inició cuando llegaron hombres desconocidos para las comunidades – todo esto en el combate contra el narcotráfico- y que luego instalaron retenes.
“Posteriormente comenzaron a diversificar al cobro de cuota de piso, la tala ilegal del bosque y también llegó a haber secuestros después de 2008 y ese fue el que determinó que la gente empezara a salir”.
La defensora externó que de cinco años para acá, los desplazamientos han sido masivos.
“Cuando hablo de eso, es por ejemplo, que ahora vemos en las noticias que llegaron más de 70 personas de una ranchería y que algunos de ellos se iban quedando en Cuauhtémoc, otros en Parral y aquí, este fenómeno se da a partir de los enfrentamientos que hay entre los grupos que están disputando el territorio entre grupos delictivos”. Así mismo, Isela externó que en las rancherías pequeñas es muy difícil subsistir en medio del fuego.
“Me refiero a cuando hay cinco, 10, 15 familias, porque hay muchas relaciones de parentescos, entonces es toda una población.
Es muy difícil que la gente pueda subsistir en el fuego cruzado entre dos grupos de la delincuencia organizada, trátese de quien se trate, porque generalmente tienen relaciones de parentesco.
Entonces tienen mucho temor a ser atacados por algún hecho, porque alguno de sus familiares estén en uno de los bandos; ellos salen, pero hay otros que salen porque de plano está el fuego que pasa por enfrente de su casa y es terrorífico escuchar las balaceras”. En cuanto a la atención por parte de los gobiernos, dijo que esto le compete a la Comisión de Desplazamiento Forzado que es un interinstitucional y que está comandada por la Secretaría General de Gobierno.
“A ellos les dan la asistencia con alimentos, no la Secretaría General de Gobierno, sino esta Comisión interinstitucional que les da la asistencia así como llegan. Desafortunadamente ahí no dan vivienda, entonces llegan con sus redes de apoyo, los que tengan redes de apoyo, los que no tengan, pues no sé cómo le hacen”.
Además externó que hay otros tipos de víctimas que generalmente son los que tienen más tiempo aquí por diversos factores y que son personas que no van a regresar, ni en el corto, ni en el mediano plazo, a sus lugares de origen.
“Ellos sí denunciaron e identificaron a los perpetradores, a ellos sí les da la atención la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y ellos tienen como un poco más de sistematicidad.
Es más, tienen el apoyo psicosocial también con todas sus limitaciones porque entiendo que están súper rebasados con este fenómeno que se está dando en Chihuahua”.
De igual manera, la defensora dijo que no hay coordinación entre el Gobierno del Estado y el Gobierno federal.
UNA GUERRA INTERNA SIN ATENDER
“A nivel federal no hay una ley que obligue a dar la atención a esto que se ha convertido en una crisis humanitaria, porque ya está siendo un fuerte fenómeno el hecho de que un gran número de personas salgan de sus casas, dejando todas sus pertenencias y perdiendo todo. En el sexenio pasado, del Poder Legislativo, había una ley que nunca se aprobó sobre desplazamiento forzado en el Senado de la República y es por eso, tienen que volver a presentar otra, o la misma ley, pero tienen que hacer algo”.
En ese mismo sentido, la activista dijo entender que el Gobierno federal no quiere reconocer esta problemática porque tendría muchas implicaciones entre ellas, los recursos económicos pero además, la guerra interna que hay.
“No es una guerra contra otro país; desafortunadamente, los cárteles a eso nos han llevado. Hay guerras entre países, pero aquí todo pasa en el mismo. Falta coordinación entre el Gobierno estatal y federal y el Gobierno estatal, tendría que presionar para que el federal pusiera mayor atención en esto”.
Isela González hizo un llamado a la gobernadora, María Eugenia Campos Galván para incidir en ese tema y sobre todo, ponerlo sobre la mesa frente a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum para que no nieguen el problema. (Con información de Alejandra Sánchez y Argelia Domínguez).
