Chihuahua, Chih.- El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, reconoció que el proyecto de transporte todavía no está concluido, pero defendió avances sustanciales, como, por ejemplo, que al inicio de la administración, solamente el siete por ciento de los camiones de Ciudad Juárez cumplía con el criterio legal de antigüedad, mientras que actualmente lo hace alrededor del 56 por ciento.

En la ciudad de Chihuahua, agregó, el cumplimiento del modelo permitido pasó del 70 al 96 por ciento en las rutas alimentadoras.

“El transporte es un relojito al que hay que darle cuerda todos los días”, expresó al advertir que cualquier administración futura deberá mantener este asunto entre sus principales prioridades, pues retirar el esfuerzo institucional podría provocar un retroceso acelerado.

Otro de los temas centrales fue el rescate del transporte público, particularmente el sistema Juárez Bus, al que describió como uno de los proyectos que mayores satisfacciones le ha producido por su impacto directo en la población.

De acuerdo con las cifras presentadas por el funcionario, en reunión con dos decenas de integrantes de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua (AECHIH), indicó que el Gobierno del Estado adquirió 104 autobuses para las tres rutas troncales y ha destinado alrededor de dos mil millones de pesos al proyecto. El sistema acumula más de 57 millones de servicios sólo en Juárez y han expedido cerca de 600 mil tarjetas de acceso.

Destacó que una parte de esas credenciales permite aplicar tarifas preferenciales para adultos mayores, estudiantes, personas con discapacidad e integrantes de pueblos originarios.

En otro tema, De la Peña consideró que la capital cumplió la visión planteada durante la década de los noventa, cuando distintos sectores sociales, empresariales y políticos imaginaron una ciudad cercana al millón de habitantes. Sin embargo, advirtió que Chihuahua continúa funcionando con reglas urbanas, administrativas y de movilidad diseñadas hace más de dos décadas.

“Estamos avanzando en un molde que ya no nos contiene”, expresó al señalar que la ciudad debe prepararse para una población de entre un millón y medio y dos millones de habitantes.

Entre los asuntos que deberán atenderse mencionó el abastecimiento de agua, el crecimiento de la mancha urbana, la seguridad, el transporte público, la recolección de basura, el alumbrado y la creación de espacios públicos dignos.

También planteó la necesidad de revisar el modelo de expansión territorial y analizar políticas de redensificación urbana que permitan reducir los costos de llevar agua, seguridad y servicios públicos a zonas cada vez más alejadas.

El secretario general de Gobierno propuso avanzar hacia una ciudad caminable, con parques lineales, corredores urbanos, estaciones seguras de transporte y espacios que disminuyan la dependencia del automóvil.

“Hay que escuchar a los ciudadanos, sí, pero luego hay que responderles con acciones concretas”, afirmó.

En ese contexto, reconoció su interés por participar en el futuro político de la capital: “A mí me gustaría tener la oportunidad de servir a mi ciudad por tres años”. Añadió que su propósito sería concluir ese periodo con la frente en alto y con resultados que pudieran ser evaluados por la ciudadanía.

En un diálogo con integrantes de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua (AECHIH), el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, expuso su visión sobre algunos de los principales desafíos que enfrenta el estado y sostuvo que el ejercicio público debe medirse a partir de una fórmula concreta: “trabajo y resultados”.

El funcionario habló de la reforma judicial, los avances y pendientes del transporte público, el desplazamiento de comunidades y, particularmente, de la necesidad de comenzar a planear desde ahora la ciudad que requerirá Chihuahua durante los próximos 20 o 25 años.

Al referirse a la reforma judicial, De la Peña señaló que, desde su perspectiva como abogado, primero debió fortalecerse la procuración de justicia antes de modificar al Poder Judicial.

También habló del impacto humano que tuvo la salida de juzgadores con décadas de servicio y defendió la necesidad de construir condiciones dignas para quienes hicieron de la carrera judicial un proyecto de vida.

Sobre el nuevo modelo de organización, consideró que la división entre la Presidencia del Tribunal, el órgano administrativo y el Tribunal de Disciplina genera dificultades permanentes. Lo describió como un “ente de tres cabezas” cuya operación exige coordinación y madurez institucional.

El funcionario abordó igualmente el desplazamiento de familias en regiones colindantes con Sinaloa y Durango. Explicó que se trata de un fenómeno que no solamente responde a la violencia, sino también a la falta de alimentos, medicamentos, servicios de salud y presencia gubernamental.

Reconoció la coordinación existente con el Ejército y la Guardia Nacional en las labores de campo, pero cuestionó la reducción de personal y capacidades operativas de distintas dependencias federales en Chihuahua.

Frente a los editorialistas, De la Peña sostuvo que la crítica hacia el gobierno es legítima y necesaria cuando las autoridades no cumplen con su responsabilidad. Sin embargo, pidió que el análisis público también considere las condiciones presupuestales e institucionales en las que actualmente trabaja el estado.

El encuentro concluyó con un intercambio de preguntas y opiniones en el que abordaron la seguridad, la situación de la Fiscalía General del Estado (FGE), la modernización administrativa municipal y el escenario político de la capital.