Ciudad Juárez.- El menos siete carpetas de investigación, de las que cinco ya están judicializadas, son las que se siguen en contra de Felipe de Jesús V. G., empresario juarense dueño de la licorería Carlitos Güey acusado de fraude simple y agravado por un total de 11 millones 736 mil 503 pesos y 37 mil dólares (cerca de 700 mil pesos), que ayer fue imputado formalmente de un caso por cuatro millones.

El hombre fue detenido el pasado 13 de agosto, luego de 32 días de librada la orden de aprehensión en su contra, y presentado ayer ante el juez de Garantía Luis Javier Ortiz Beltrán, en una audiencia que tomó más de 30 minutos en iniciar debido a que comparecieron al menos tres grupos de abogados que habían sido contactados por V. G. para representarlo.

Bajo la causa penal 1918/2025, V. G. fue acusado de fraude presuntamente cometido contra el empresario exfuncionario público Daniel Simón P. M. por cuatro millones de pesos, ante el juez de Control Luis Javier Ortiz Beltrán.

V. G. escuchó de la agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales Alejandra Páez que se le investiga debido a que el 30 de agosto de 2024 firmó un contrato de asociación en participación para el crecimiento, expansión, surtido y operación de la licorería Carlitos Güey y en la apertura de otras dos sucursales, con la promesa de que el 25 por ciento de las ganancias de una sucursal ya en funciones y las dos por abrir le corresponderían a la ahora víctima.

No obstante, el 30 de enero, el acusado dio la cara ante la víctima para asegurarle que no prosperó su inversión, por lo que le dio un cheque por los cuatro millones de pesos de la inversión inicial, mismo que intentó cobrar al día siguiente pero fue rechazado por insuficiencia de fondos.

Además, su contrato planteaba que de no realizarse la inversión serían devueltos el monto total sumado a un cinco por ciento mensual de intereses hasta su devolución y un 20 por ciento de penalización, mismo que no se contempló siquiera en el cheque.

Luego de escuchar la acusación, V. G. declinó la posibilidad de rendir una declaración inicial, y tras la lectura de antecedentes solicitó 144 horas para reunir pruebas que le permitan a él y a sus abogados particulares, Ubaldo Solís y Héctor Morales, plantear la no vinculación a proceso.

No obstante, fue enviado a prisión preventiva pues, argumentó el Ministerio Público, se tuvo que recurrir a una orden de aprehensión para lograr su comparecencia, pues no había sido posible su localización en tres domicilios distintos que había proporcionado para ser notificado.