La familia del agente ministerial que se suicidó en 2021, tras ser detenido y exhibido en redes sociales por policías municipales de Parral, interpuso una demanda formal contra el Municipio ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), exigiendo una indemnización por el presunto daño derivado de la actuación de los elementos de Seguridad Pública.

El alcalde Salvador Calderón Aguirre confirmó este viernes 8 de agosto de 2025 que el caso ya está en seguimiento por parte del área Jurídica del Ayuntamiento, aunque evitó ofrecer mayores detalles al tratarse de un proceso en curso, incluso fuentes al interior del departamento jurídico señalan que tendrán que pagar una considerable cantidad.

El edil señaló que la denuncia fue promovida por los familiares del agente fallecido y que, en su momento, la administración municipal en funciones no dio atención adecuada al caso.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2021, cuando un agente de la Fiscalía General del Estado fue localizado sin vida dentro del panteón municipal de Allende, con un disparo en la cabeza y un arma de fuego a su lado. Horas antes, había sido detenido por elementos de la Policía Municipal de Parral, quienes además grabaron un video en el que se le observaba portando ropa interior de mujer. Dicho material fue difundido en redes sociales, situación que habría derivado en la decisión del agente de quitarse la vida.

El entonces director de Seguridad Pública, Jesús Altamirano Alanís durante la gestion de Alfredo "Caballo" Lozoya, reconoció la falta de profesionalismo de los policías involucrados, quienes fueron turnados a Asuntos Internos. Se identificó a al menos cuatro agentes como partícipes de la detención y la difusión del video.

A raíz del caso, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió la recomendación CEDH:5s.1.036/2021, en la que se exigía una disculpa pública por parte de los elementos policiacos, misma que se cumplió durante la administración del exalcalde César Peña Valles. Sin embargo, aún está pendiente el cumplimiento de la indemnización económica a los deudos, cuyo monto podría definirse en próximas resoluciones.

El caso ha generado un precedente en materia de responsabilidad institucional ante conductas que vulneran los derechos humanos y la dignidad de las personas, incluso tras su muerte.