El lunes 21 de abril de 2025, en un abarrotado salón improvisado del edificio del condado, Patrick Crusius escuchó en silencio mientras el juez Sam Medrano pronunciaba las palabras que cerraban definitivamente el capítulo legal de la masacre más letal en la historia de El Paso: 23 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional por los 23 asesinatos, y 22 cadenas perpetuas adicionales por los 22 intentos de asesinato cometidos el 3 de agosto de 2019 en el Walmart de Cielo Vista.

La decisión del fiscal de Distrito James Montoya de no buscar la pena de muerte había puesto fin semanas antes a años de promesas de que el supremacista blanco de 26 años enfrentaría la inyección letal. Ahora, con las sentencias pronunciadas, Crusius —esposado, vestido con un uniforme naranja y blanco de la cárcel— se convertía en el tirador masivo más letal en la historia de Estados Unidos que tendría que responder por sus crímenes en una corte, pero que jamás enfrentaría la pena capital.

La decisión que dividió a una ciudad

El camino hacia esta audiencia comenzó el 24 de marzo de 2025, cuando Montoya tomó uno de los teléfonos más difíciles de su carrera. Uno por uno, llamó a los familiares de las 23 personas asesinadas para informarles que había decidido no buscar la pena de muerte contra Crusius.

“Esto se trata de permitir que las familias de las 23 víctimas que perdieron su vida en ese terrible día —y los 22 heridos— finalmente tengan una resolución en nuestro sistema judicial”, explicó Montoya en una conferencia de prensa el 25 de marzo. Su razonamiento era claro: continuar buscando la pena de muerte significaría una batalla legal larga y prolongada con múltiples audiencias y apelaciones.

“En el peor de los casos, podía ver que esto no fuera a juicio hasta 2028 si seguíamos buscando la pena de muerte”, declaró el fiscal. El mensaje era directo: las familias tendrían que esperar al menos tres años más, reviviendo el trauma una y otra vez en cada audiencia, en cada apelación, en cada procedimiento legal.

Montoya, demócrata que asumió el cargo en enero de 2025 tras derrotar a un republicano designado por el gobernador Greg Abbott, enfatizó que la decisión respondía a los deseos de la mayoría de las familias.

Pero la realidad era más compleja. Montoya admitió abiertamente que no todas las familias estaban de acuerdo.

Las voces divididas: entre el perdón y la sed de justicia

“Simplemente me alegra que esto haya terminado”, dijo Elise Hoffmann-Taus, cuyo padre, Alexander Hoffmann, ciudadano alemán residente en Ciudad Juárez, fue una de las víctimas. “Este es el resultado que quería”.

Pero no todas las voces concordaban. Adria González, una sobreviviente que ayudó a compradores aterrorizados a dirigirse hacia las salidas mientras Crusius disparaba, expresó su frustración sin ambigüedades: no buscar la pena de muerte es una “bofetada en la cara de todas las víctimas”.

Jessica García Coca, cuyo esposo Javier Amir Rodríguez fue asesinado cuando salía de la tienda con su sobrina de 9 años, vivió el anuncio como una traición. Para García, renunciar a la pena de muerte se siente como renunciar a Memo, como llamaba cariñosamente a su esposo. “El pequeño Memo está ajeno, no sabe lo que está pasando”, dijo García, refiriéndose a su hijo. “Para Karina, ¿cómo le digo como mamá que quiero que lo dejen en el pasado, pero dejarlo en el pasado no significa que estamos dejando a papá en el pasado o que nos rendimos con él o que no buscamos suficiente justicia para él?”

Karla Romero, cuya madre, Gloria Irma Márquez, de 61 años, estaba entre los asesinados, adoptó una perspectiva diferente. Le dijo a El Paso Matters que la gente debería centrar su atención en prevenir futuros actos de violencia.

Una promesa rota: la política y la pena de muerte

La decisión de Montoya fue particularmente controvertida porque contradecía las promesas hechas por sus tres predecesores. Jaime Esparza, Yvonne Rosales y Bill Hicks —todos los fiscales de distrito que manejaron el caso antes que Montoya— habían declarado públicamente que buscarían la pena de muerte contra Crusius.

Durante la campaña electoral, Montoya había hecho de la búsqueda de la pena de muerte para Crusius uno de sus puntos centrales, ganando el apoyo de familias de las víctimas que creían en su compromiso. Ahora, apenas tres meses después de asumir el cargo, había dado marcha atrás.

Fiscal de Distrito | La decisión de Montoya (al centro) fue particularmente controvertida porque contradecía las promesas hechas por sus tres predecesores | Rubén Ramírez/El Paso Inc

El fiscal defendió su decisión con argumentos prácticos y legales. Montoya dijo que apoya la pena de muerte y cree que Crusius la merece. Pero mencionó que, después de reunirse con las familias, había un deseo predominante de concluir el proceso.

Su predecesor Bill Hicks, quien había prometido buscar la pena capital, declaró tras el anuncio que, aunque había estado dispuesto a llevar el caso a juicio y solicitar la pena de muerte, no podía culpar a Montoya por el razonamiento en que se basaba su oferta. “No es el razonamiento que yo habría seguido”, señaló Hicks. “Sé que fue muy duro para él y respeto que fuera una decisión muy difícil”.

El gobernador Greg Abbott fue mucho más directo en su crítica. “He oído sobre esto. Creo que ese tipo sí merece la pena de muerte, para ser sincero”, dijo Abbott. “Cualquier tiroteo como ese es para lo que existe la pena capital”.

La indignación se extendió por las redes sociales, donde la ciudadanía de Texas y de todo el país expresó su frustración por lo que muchos percibieron como una falla del sistema de justicia. Los internautas seguían pidiendo la pena de muerte para Patrick Crusius, “el asesino de mexicanos”, como había sido denominado en algunos medios.

Los obstáculos legales: mala conducta procesal y salud mental

Detrás de la decisión de Montoya había consideraciones legales que complicaban significativamente la posibilidad de obtener una sentencia de muerte. Los abogados de Crusius habían alegado mala conducta procesal por parte de Rosales y Hicks en el manejo del caso.

A finales de 2024, dos jueces dictaminaron que los fiscales de la Oficina del Fiscal de Distrito habían actuado de manera indebida en varios casos al alterar registros judiciales y ocultar pruebas a los abogados defensores. Los abogados de Crusius probablemente habrían utilizado esos hallazgos para respaldar sus acusaciones de mala conducta contra los fiscales en el caso del Walmart.

Además, durante la audiencia de sentencia federal en julio de 2023, tanto los abogados defensores como los fiscales reconocieron que a Crusius se le había diagnosticado trastorno esquizoafectivo, un trastorno de salud mental caracterizado por alucinaciones, delirios y cambios de humor. Este diagnóstico complicaba significativamente la búsqueda de la pena de muerte.

Una investigación ordenada por el juez Medrano encontró que el entonces fiscal auxiliar Curtis Cox y Roger Rodriguez, un abogado privado que trabajaba para Rosales, habían tomado represalias contra la familia de Hoffmann, un hombre de Ciudad Juárez asesinado en el ataque, porque se negaron a participar en un esfuerzo para atacar a Medrano y a un fiscal anterior en el caso.

La audiencia: un calvario de dolor y perdón

Más de 100 familiares de los asesinados por Crusius llenaron el improvisado tribunal establecido en el espacio de reuniones de los comisionados del condado para acomodar a una gran multitud. La audiencia se llevó a cabo en medio de una seguridad intensa, tanto dentro como fuera del tribunal del condado. Las personas que asistieron tuvieron que pasar por múltiples controles de seguridad antes de ser admitidas en la sala.

Crusius —esposado y vestido con un uniforme de prisión naranja y blanco— dijo poco durante la audiencia, aparte de declararse culpable y proporcionar respuestas breves a las preguntas del juez Medrano sobre si su declaración de culpabilidad era voluntaria y que entendía sus derechos.

Durante la audiencia, Montoya leyó los nombres de cada una de las 23 personas asesinadas en el ataque, así como de las 22 personas heridas. Las edades de las personas asesinadas oscilaban entre Jordan Anchondo, un deportista de escuela secundaria de 15 años, hasta varios abuelos. Entre las víctimas había inmigrantes, un conductor de autobús urbano jubilado, profesores, comerciantes, incluido un exobrero metalúrgico, y varios ciudadanos mexicanos que habían cruzado la frontera para ir de compras.

Tras la declaración de culpabilidad y la sentencia, 12 personas que perdieron seres queridos o fueron heridas en el tiroteo compartieron lo que se conocen como declaraciones de impacto de las víctimas. Decenas de otras víctimas estaban programadas para testificar en los días siguientes. El juez Medrano dijo que permitiría a las víctimas hablar tanto tiempo como quisieran, y continuaría la audiencia durante toda la semana si era necesario para permitir que todos hablaran.

Con Crusius sentado al otro lado del tribunal, las víctimas hablaron de cómo el tirador había destrozado sus vidas. Él no reaccionó a sus declaraciones, la mayoría de las cuales se pronunciaron en español con traducción al inglés.

Adriana Zandri habló de lo que su familia perdió cuando Crusius asesinó a su esposo, Ivan Feliberto Manzano. “Mis hijos han perdido a su héroe, su príncipe, su columna, su apoyo y su padre. No va a estar allí para enseñarle a mi hija a jugar baloncesto. No va a estar presente para dar la mano de mi hija en su ceremonia de boda. No va a poder enseñarle a mi hijo a afeitarse o a conducir”, dijo.

Su hijo tenía 5 años y su hija 9 cuando perdieron a su padre. “Lo único que quería era que no crecieran con odio en sus corazones porque el día que empiecen a sentir odio hacia ti es cuando su vida habrá terminado”, le dijo Zandri a Crusius.

Muchas de las víctimas hablaron de su fe y del perdón. Liliana Muñoz Puente, quien resultó herida en el ataque, dijo que le otorgaba el perdón a Crusius “porque esto es lo que Jesús, mi Dios, me enseñó: Perdonar lo imperdonable porque ¿cuál sería el punto de perdonar lo que es fácil de perdonar?”

Crusius permaneció impasible mientras ella hablaba.

Las palabras del juez: “Tu nombre y tu odio serán olvidados”

Después de pronunciar la sentencia, el juez Sam Medrano se dirigió directamente a Crusius con palabras que resonaron en todo el tribunal y que capturaron el sentimiento de una comunidad que había sufrido lo inimaginable.

“La comunidad que intentaste romper se ha convertido en un símbolo de resiliencia, de amor venciendo al odio, de humanidad perdurando frente al mal”, dijo Medrano. “Esta comunidad siempre recordará a aquellos cuyas vidas robaste: sus nombres, sus historias, sus logros. Su luz nunca se desvanecerá. Mientras que tú, tu nombre y tu odio, serán olvidados”.

El contexto que no desaparece: la retórica de la “invasión”

Mientras la audiencia se centraba en un crimen de odio horroroso de hace 5 años y medio, tanto la fiscalía como la defensa hablaron de la retórica antiinmigrante que encendió la mecha para la explosión de Crusius y que continúa animando las conversaciones políticas y mediáticas.

“Si bien Patrick afirmó en su manifiesto que sus opiniones eran anteriores al entonces presidente (Donald Trump) y que las figuras políticas no tenían la culpa, también declaró explícitamente que el ataque fue una respuesta a la invasión hispana de Texas, haciendo eco del lenguaje utilizado por figuras políticas”, dijo el abogado defensor Joe Spencer ante el tribunal. “De hecho, Patrick creía que estaba actuando siguiendo la dirección del presidente en ese momento, viéndolo como su deber detener la invasión porque eso es lo que él creía que el presidente le estaba diciendo”.

Spencer había hablado por primera vez sobre la influencia de la retórica de Trump en una entrevista de marzo con El Paso Matters. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios en ese momento, y no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones en el tribunal el lunes.

El fiscal de distrito Montoya también citó la retórica antiinmigrante en sus comentarios al tribunal. Pero instó a la comunidad a enfocarse en aquellos cuyas vidas fueron destrozadas por el ataque de 2019. “Hay mucho que decir sobre el acusado y la ideología odiosa que lo motivó, y que hay otras figuras públicas y funcionarios electos que defienden y promueven esta ideología”, dijo. “Pero mi sincera esperanza es que por el resto de este procedimiento, esta tarde en los próximos días y en adelante, el enfoque pueda permanecer en las 23 vidas que nos fueron arrebatadas demasiado pronto”.

El camino de sanación de El Paso se ha visto complicado por cambios políticos que han visto la retórica del tirador de una “invasión” de inmigrantes hispanos como parte de un “gran reemplazo” moverse desde los rincones más oscuros de internet hasta la conversación política y mediática mainstream.

El final de un capítulo, no del dolor

Con las sentencias pronunciadas, Patrick Crusius se dirigirá probablemente al sistema penitenciario estatal de Texas para cumplir sus sentencias, dijeron portavoces de los sistemas penitenciarios federal y estatal a El Paso Matters. Ya había sido condenado a 90 cadenas perpetuas consecutivas a nivel federal tras declararse culpable en 2023 de cargos de delitos de odio y armas. El juez federal de distrito David Guaderrama recomendó que Crusius cumpliera su sentencia en la prisión de “supermáxima” en Colorado, pero los funcionarios penitenciarios no están obligados por esa recomendación.

En 2023, Crusius acordó pagar más de 5 millones de dólares a sus víctimas. Los registros judiciales mostraron que sus abogados y el Departamento de Justicia llegaron a un acuerdo sobre el monto de la compensación, el cual fue aprobado posteriormente por un juez federal de distrito.

El ataque del 3 de agosto de 2019 al Walmart de Cielo Vista mató a 23 personas, convirtiéndolo en el sexto tiroteo masivo más mortal en la historia de Estados Unidos. Los tiradores en los cinco asesinatos más letales —en Las Vegas; Orlando, Florida; Blacksburg, Virginia; Newtown, Connecticut; y Sutherland Springs, Texas— se quitaron la vida o fueron asesinados por las fuerzas del orden.

Crusius, de raza blanca, originario de Allen, un suburbio de Dallas, es el tirador masivo más letal de Estados Unidos que ha tenido que responder por sus crímenes en un tribunal. Tenía 21 años y había abandonado sus estudios en un colegio comunitario cuando, según la policía, condujo más de 1,100 kilómetros desde su casa cerca de Dallas hasta El Paso.

Momentos antes de su ataque, publicó lo que llamó un “manifiesto” en un sitio web frecuentado por nacionalistas blancos que describía sus motivaciones racistas.

“Esta explicación de una enfermedad mental grave y un entorno político tóxico no justifica ni excusa de ninguna manera la violencia horrible que Patrick cometió. Él es responsable de las decisiones que tomó y la devastación que causó”, dijo.

El defensor agregó: “El 3 de agosto de 2019, Patrick Crusius infligió una herida a nuestra comunidad que puede que nunca sane completamente. Trajo violencia y terror a un lugar de paz, destrozando vidas y cambiando para siempre el paisaje de El Paso. A todos los que perdieron seres queridos, a los que resultaron heridos, a todos cuyo sentido de seguridad fue violado, ofrecemos nuestras más profundas y sinceras condolencias”.

Mirar hacia el futuro

Mientras las víctimas y sus familias continúan enfrentando vidas que han sido horriblemente alteradas, El Paso mismo —seleccionado por un hombre que vivía a 600 millas de distancia para ser el objetivo del acto más mortal de violencia anti-hispana en la historia moderna— continúa sanando.

“En la Universidad de Texas en El Paso, no estamos enviando el mensaje a todo el mundo de que está bien entrar ilegalmente cuando cruzas la frontera”, había declarado Tom Homan, el “zar fronterizo” de Trump, apenas meses antes de esta audiencia, durante una visita controvertida a UTEP. Las palabras resonaban incómodamente con el manifiesto que Crusius había publicado antes de comenzar su masacre.

Para las familias de las víctimas, el 21 de abril de 2025 marcó el final de un largo camino legal, pero no el final del dolor. Jessica García seguirá preguntándose cómo explicarle a sus hijos que el sistema no buscó la máxima justicia para su padre. Adria González continuará sintiendo que las víctimas recibieron una “bofetada en la cara”. Y Karla Romero seguirá instando a la sociedad a confrontar el racismo, la radicalización y la violencia que hicieron posible aquel terrible día de agosto.

Mientras tanto, Patrick Crusius pasará el resto de su vida en prisión. Sin posibilidad de libertad condicional. Sin esperanza de ver de nuevo el mundo libre. Como dijo el juez Medrano, su nombre y su odio serán olvidados, mientras que los nombres de André Anchondo, Jordan Anchondo, Arturo Benavides, Leonardo Campos, Angie Englisbee, María Flores, Raúl Flores, Guillermo “Memo” García, Jorge Calvillo García, Adolfo Cerros Hernández, Alexander Gerhard Hoffmann, David Johnson, Luis Alfonzo Juárez, María Eugenia Legarreta Rothe, Maribel Hernández Loya, Ivan Manzano, Elsa Mendoza Marquez, Gloria Irma Márquez, Margie Reckard, Sara Esther Regalado, Javier Amir Rodríguez, Teresa Sanchez y Juan Velázquez vivirán para siempre en la memoria de una comunidad que se levantó más fuerte frente al odio.

El fiscal James Montoya defendió su decisión hasta el final: “Creo que, al permitir que estas familias eviten años de procedimientos prolongados, estamos dándoles la oportunidad de comenzar a reconstruir sus vidas y de dejar atrás esta pesadilla. El Paso puede finalmente mirar hacia el futuro”.

Si tenía razón o no, solo el tiempo y las familias que viven con el dolor cada día podrán decirlo.