CDMX.- Los cambios que se contemplan en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión atentan contra la neutralidad de la red, el libre acceso a la información, equidad y la no discriminación de contenidos, tanto en plataformas como en medios de comunicación, alertaron empresas y analistas.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) señaló que el nuevo marco legal que propone el Ejecutivo elimina los y lineamientos que desde 2014 regulaban de forma clara y transparente la neutralidad de la red.
"En un entorno donde la conectividad es el eje de múltiples derechos, permitir que se degrade la neutralidad de la red es un retroceso democrático", expuso en un análisis publicado la semana pasada.
El organismo sostiene que, sin reglas claras, los proveedores podrían priorizar ciertos contenidos o servicios, cobrar tarifas diferenciadas o incluso bloquear aplicaciones, lo que afecta la libre elección de los usuarios.
La propuesta tampoco incorpora mecanismos de supervisión efectivos para verificar el cumplimiento de la neutralidad de la red.
"La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, concebida como un órgano subordinado al Ejecutivo y sin independencia técnica ni colegialidad, no ofrece garantías suficientes de imparcialidad frente a posibles presiones comerciales o políticas", añadió la Amedi.
Recomendó restituir los siete lineamientos generales de neutralidad de la red contenidos en la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como el trato no discriminatorio del tráfico, la transparencia en la gestión de red y la prohibición de bloqueo, degradación o priorización de contenidos.
"México necesita una legislación moderna, sí, pero que no sacrifique los principios que han permitido construir un ecosistema digital más justo, abierto y competitivo. La neutralidad de la red no es un lujo regulatorio; es un pilar de los derechos digitales en una sociedad conectada", sostuvo la Amedi.
Añadió que el hecho de defender la neutralidad de la red no solo es una cuestión técnica, sino una defensa del derecho ciudadano a participar plenamente en la vida digital.
La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) sostuvo que la iniciativa omite el "principio de gestión de tráfico" que afectaría los servicios que recibe el conjunto de la sociedad.
