Los principales ejecutivos reunidos en la Convención Bancaria celebrada en mayo se encontraron con un invitado inesperado: un alto funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que había ido hasta Nuevo Nayarit-Vallarta para lanzar una firme advertencia.

La Administración de Donald Trump quería dejar en claro que no se seguiría haciendo negocios como de costumbre con los bancos sospechosos de colaborar con los cárteles de la droga, catalogados por Estados Unidos como organizaciones terroristas.

El funcionario reunió a representantes de entidades crediticias mexicanas en un encuentro privado y les dijo que Estados Unidos no dudaría en cortar el acceso a su sistema financiero a cualquier banco mexicano que se descubriera que blanqueaba dinero para los cárteles.

El mensaje dejó a los bancos de todo México preguntándose si podrían ser los siguientes si no eran meticulosos a la hora de erradicar el dinero de los cárteles.

Las investigaciones que ahora sacuden al sistema bancario mexicano reflejan el poder del enfoque agresivo adoptado por la Administración Trump, mediante un nuevo mecanismo legal que podía suponer un golpe letal.

El método busca aislar a los bancos sospechosos del sistema estadounidense, dejándolos prácticamente inoperantes sin pasar antes por una audiencia, sin pruebas ante un juez y sin derecho a apelación.

Funcionarios estadounidenses defienden que se trata de una herramienta necesaria para combatir a los cárteles responsables del tráfico de fentanilo que ha potenciado una epidemia en Estados Unidos que ha causado cientos de miles de muertes. Pero también forma parte del arsenal poco convencional de herramientas que el Presidente ha utilizado para doblegar a sus enemigos, desde investigaciones sobre derechos civiles destinadas a castigar a las universidades de élite y amenazas arancelarias contra países cuyos sistemas fiscales no le gustan, hasta persuadir a bufetes de abogados para que ofrezcan servicios probono a los conservadores.

Estados Unidos también notificó a sus contrapartes mexicanas sobre su intención de actuar contra tres entidades financieras, lo que llevó a México a iniciar su propia auditoría en abril. En junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue informada de la situación y solicitó a Washington retrasar las medidas para ganar tiempo, según fuentes al tanto.

Pero las autoridades estadounidenses creían que podían actuar sin alterar la economía mexicana. En lugar de un anuncio conjunto, el Tesoro procedió de forma unilateral la semana pasada contra dos bancos y una casa de bolsa: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Las tres niegan haber cometido irregularidades, mientras que Sheinbaum insiste que Washington no ha presentado pruebas suficientes para justificar medidas tan drásticas.

El mensaje de Estados Unidos fue claro: "si no me escuchan, miren lo que puede pasar, porque esto es sólo una pequeña muestra", dijo Mauricio Basila, abogado y exfuncionario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). "Podrían desaparecer del mapa".

Las medidas adoptadas por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) marcan la primera aplicación de la legislación contra los bancos de la ley Fend Off Fentanyl. La FinCEN calificó a las empresas financieras como "de interés prioritario en materia de blanqueo de capitales", una designación que le permite bloquear todas las transferencias entre instituciones financieras de Estados Unidos y las entidades mexicanas designadas.

"Se considera la opción nuclear, porque es muy poderosa", afirmó Kevin Carr, experto en política financiera, exfuncionario del Tesoro y diplomático con sede en México. "Es el cese total de las actividades. Es una sentencia de muerte".

La decisión unilateral podría tensar la relación con México y con Sheinbaum, quien ha buscado cooperar con Trump.

En el caso de las entidades sancionadas, autoridades mexicanas hallaron infracciones administrativas, pero no relacionadas con lavado de dinero. El regulador bancario impuso sanciones el mismo día del anuncio estadounidense, según personas con conocimiento de la decisión. Hacienda reportó multas por 134 millones de pesos, cuyos detalles se harán públicos a fin de mes.

Las drásticas medidas de Trump generan inquietud entre otros bancos mexicanos, según Ilan Katz, abogado penalista especializado en delitos financieros en Ciudad de México.

"Las mayores organizaciones criminales del mundo operan en México, es imposible imaginar que otros bancos no estén expuestos", señaló Katz.

En su comunicado, las autoridades estadounidenses subrayaron que los tres bancos eran pequeños y que el sistema bancario en general no se vería afectado, un punto que también resaltaron las autoridades mexicanas.

No obstante, la medida causó caos en mesas de operaciones y oficinas ejecutivas mexicanas. Mientras Estados Unidos limitaba el contacto con las entidades, la comunidad financiera local las aisló masivamente, dijeron las personas. Bancos y casas de bolsa redujeron rápidamente su exposición.

Las tres empresas quedaron repentinamente sin acceso a fondos para cumplir sus obligaciones, con transferencias interrumpidas y clientes retirando sus depósitos, según una carta del regulador bancario a la que tuvo acceso Bloomberg News. El regulador consideró que la reacción fue excesiva, ya que no existía prohibición de operaciones locales.

Las consecuencias siguen: estudiantes en Estados Unidos sin tarjetas de crédito, ahorradores preocupados por sus fondos, y una gran incógnita para el sistema financiero mexicano por el papel de CIBanco como fideicomisario de la mayoría de las emisiones financieras del País.

El mayor dolor de cabeza para el sistema financiero mexicano en su conjunto proviene del papel que desempeña CIBanco como fideicomisario de la mayor parte de las emisiones financieras del País, tales como certificados de capital privado y fondos de inversión inmobiliaria.

Es posible que CIBanco deba venderse o que se reasignen todos los fideicomisos, un proceso complejo. El plazo para cumplir con la normativa vence el 21 de julio, 21 días después de la publicación de la orden de la FinCEN en el Registro Federal de Estados Unidos.