Esperan otra tragedia en la colonia Pacífico

Arranca elección 2027; precampañas en diciembre

Otra pifia de la Ministra del pueblo

En el primer acto, el reo identificado como Edwin C.C., fue reportado como muerto por un paro respiratorio, posiblemente provocado a causa de una riña con otro interno de Aquiles Serdán, tras una audiencia dentro del proceso al que estaba sometido. Eso fue el 8 de julio pasado.

En el segundo acto, cuatro “policías procesales del Tribunal Superior de Justicia del Estado” -Ramón Alejandro O. O., Carlos Gerardo O. A., Silvino P. M. y Luis Carlos G. C.-, fueron detenidos con orden de aprehensión por la Fiscalía del Estado, la tarde del pasado martes, acusados de tortura y homicidio en contra de Edwin, imputaciones por las que ayer fueron puestos a disposición de un juez penal.

El tercer acto, sin embargo, reveló algo más profundo, cuando comenzaron a aparecer videos en redes, la noche del martes y la madrugada de ayer, que muestran la participación en actos de tortura muy crueles de al menos siete personas en contra de quien presuntamente es el ahora fallecido, con registro digital claro de que es el 8 de julio a las 15:52 horas.

Pero hay algo indispensable que debe quedar muy claro. No existen “policías procesales del TSJE”, aunque los boletines oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Fiscalía General del Estado hablen de esos inexistentes agentes. Ignorancia o muy mala leche de los investigadores; es gravísima la mentira.

La realidad es que los presuntos responsables traen uniformes de custodios de la SSPE, de la que es titular Gilberto Loya, quien desde 2023 sostiene con empecinamiento al general Ricardo Fernández Acosta como subsecretario del Sistema Penitenciario, con una larga lista de tropelías en su haber, desde fiestas hasta muertes en los Ceresos, aparte de aparecer como socio de un presunto lava dólares del Cártel de Sinaloa señalado por Estados Unidos.

Más allá de la sospechosa e inexplicable permanencia de Fernández Acosta como jefe de las prisiones estatales, la lista de vilezas en este caso, a la luz de los hechos, comienza con la muerte presentada escuetamente como “paro respiratorio”, cuando fue registrado el deceso de Edwin C.C., cuyos presuntos antecedentes delictivos no son ni deberían ser motivo de juicio postmortem, como tampoco causa para ser torturado y asesinado.

Además de la mentira sobre su muerte hay más acciones crueles e inhumanas más allá de la evidente tortura a una persona privada de su libertad.

Para empezar, el delito fue desde julio, atribuido y documentado en video, con órdenes de aprehensión que no se habían ejecutado desde entonces, inexplicablemente, porque los presuntos responsables estaban plenamente identificados y ubicados en su trabajo. ¿Por qué la tardanza? ¿Burocracia y negligencia? ¿O complicidad?

Además, la opacidad con la que se manejó el hecho, presentándolo como una muerte en Aquiles Serdán, cuando fue torturado en el área de ingreso y revisión de la Ciudad Judicial; el uso de otros reos esposados para cargar al agredido y la manipulación del caso para castigar sólo a unos de los participantes, no a todos.

¿Pues a quién protegen? ¿Por qué tanta dilación si había órdenes de aprehensión desde hace meses? ¿Para que inventar “policías procesales” del Poder Judicial que no existen? ¿Cuántos reos han corrido con la misma suerte? Muchas vilezas y sospechas rodean ese asesinato.

Por menos que eso cualquier jefe de Ceresos de cualquier otra parte del mundo ya estaría también en la cárcel. Y vaya que la lista del general Fernández es larguísima.

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En el arroyo de la colonia Pacífico, una de las que fue devastada por la tromba de 1990, un árbol fue derribado por las lluvias recientes y hasta ayer por la tarde Servicios Públicos Municipales y Protección Civil nomás se echaban la pelotita para no atender el reporte de los vecinos.

Resulta, según el reclamo que nos hacen llegar a GPS, que desde hace unas dos semanas fue presentado el reporte preventivo, porque el árbol ya amenazaba con caerse cerca del cruce de las calles Carlos Fuero y 38, con el riesgo de bloquear el cauce del arroyo y provocarles daños a quienes viven alrededor.

No hubo autoridad alguna que atendiera el llamado preventivo y pasó lo que tenía que pasar con la tormenta del pasado lunes.

Ahora ese árbol caído de la vía pública bloquea el afluente y la preocupación se ha apoderado de los vecinos, no vaya a llover de nuevo, y otra vez las instancias municipales se echan la pelotita para no acudir a hacer su trabajo, pese al riesgo que representa.

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El proceso electoral 2027 de Chihuahua arranca formalmente hoy, con la instalación del Consejo General del IEE, al que están convocados los consejeros encabezados por la presidenta, Yanko Durán Prieto, así como los representantes de todos los partidos políticos.

Entre el arranque formal y la jornada de junio del año próximo habrá 248 días. Poco más de ocho meses para pasar de la instalación del consejo a la renovación de la gubernatura, el Congreso y los 67 ayuntamientos.

El primer gran corte llegará el dos de diciembre, cuando comiencen las precampañas para la gubernatura. Para las diputaciones, ayuntamientos y sindicaturas el banderazo será el 19 de diciembre. En ambos casos, el plazo concluye el 10 de enero.

Después vendrá una pausa relativamente corta antes de que el calendario vuelva a apretar. Del 19 de febrero al primero de marzo se recibirán los registros para la gubernatura; apenas cuatro días después corresponderá el registro de diputaciones, ayuntamientos y sindicaturas. Es decir, marzo será el mes en que comenzarán a quedar formalmente dibujadas las boletas.

Entonces sí, abril será el punto de aceleración definitiva. La campaña por la gubernatura comenzará al iniciar ese mes y tendrá 60 días. Las campañas municipales y legislativas arrancarán el 29 de abril, con 35 días de actividad proselitista para llegar todas al mismo punto de cierre al inicio de junio.

Visto así, el calendario tiene una característica interesante: aunque el proceso formal comienza en octubre, la contienda política tendrá varios relojes simultáneamente. Uno institucional, de 495 actividades; otro partidista, que empieza a acelerarse en diciembre; y finalmente el electoral, que entrará en su tramo decisivo entre febrero y abril.

Ocho meses pueden parecer mucho tiempo, sin embargo, en el servicio público -dicen los burócratas medios- las quincenas tardan eternidades en llegar, pero los años pasan volando.

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Ayer prácticamente se cerró un ciclo para la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, con la presentación de su quinto informe de actividades al frente de la institución y tal como ocurrió en la administración de Marco Bonilla, hizo innovaciones y creó programas trascendentes.

El más aplaudido y reconocido incluso a nivel internacional fue “La calle no es su lugar” que fue presentado en las Naciones Unidas, porque su labor fue retirar a hijos de vendedores ambulantes de los cruceros para llevarlos a un lugar seguro donde recibieran alimentación y atención mientras sus padres trabajaban, algo que en ninguna parte del país se hacía, hasta que llegó Karina Olivas al DIF.

Como la vocación del DIF Municipal siempre ha sido ayudar a quien más lo necesita, Karina también lanzó otro programa, que más bien fue campaña donde toda la sociedad fuera partícipe.

Nos referimos a “Abrigos que Abrazan” para recabar chamarras para niños y adolescentes en condiciones difíciles y el otro más reciente “Reto Útil” para útiles escolares y mochilas que llevaron a la zona rural.

Es con estos programas que Karina al frente del DIF Municipal innovó y dejó su sello persona.

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Durante la discusión de las acciones de inconstitucionalidad sobre la reforma electoral de Chihuahua, llamó la atención que la ministra, Lenia Batres, intentó introducir en el debate del pleno la exigencia de ampliar la representación indígena en todos los ayuntamientos del estado, y no sólo en municipios con amplia presencia de pueblos originarios.

La ministra sostuvo que la Suprema Corte debía declarar de oficio una omisión legislativa, argumentando que el marco normativo local resultaba insuficiente y genérico para garantizar una cuota efectiva de representación indígena en los municipios.

Su planteamiento fue rechazado por el resto de los magistrados por carecer de sustento en las reglas del control constitucional, una pifia más de quien el próximo año deberá asumir la presidencia de la Corte, si es que no hay marcha atrás.

El episodio evidenció el pleno desconocimiento de cuestiones elementales en ese nivel de discusión. La curva de aprendizaje parece ni siquiera haber iniciado en los ministros del acordeón.

Ahí quedará para la posteridad el voto concurrente de la ministra del pueblo, en tema muy delicado para Chihuahua, porque en dicha sesión, la Corte abrió de nuevo la puerta de par en par para la intervención del crimen organizado en las elecciones locales.