Chihuahua, con una extensión de 247,087 kilómetros cuadrados que representa el 12.6% del territorio nacional, alberga más de 3,131 especies de flora y fauna, destacando la Sierra Madre Occidental como centro mundial de diversificación de encinos. La riqueza del estado trasciende lo biológico hacia su cultura y orografía, enfrentando el reto del uso responsable de sus recursos, tal como se detalla en estudios de biodiversidad hechos por CONABIO y el INEE.

La opinión pública reconoce la crisis hídrica acentuada por la sequía —fenómeno que mantiene bajo estrés extremo al 100% del territorio estatal según el Monitor de Sequía de la CONAGUA—, pero poco se dimensiona la escasez de otros recursos vitales como la madera, el gas, las tierras fértiles y el suelo urbano para la vivienda. Menos aún existe conciencia sobre la necesidad de preservar espacios naturales destinados al esparcimiento, la diversión y la salud mental. El territorio nos provee de los insumos necesarios para subsistir, pero el crecimiento urbano e industrial de Ciudad Juárez, Chihuahua y la Zona Metropolitana de Delicias ha ignorado la lógica del desarrollo sostenible. Las ciudades han crecido impulsadas por dinámicas económicas de explotación y devastación, dejando como consecuencia expansiones caóticas, encarecimiento del suelo y las rentas. Las secuelas de este desorden ya son medibles: los reportes de la propia CONAGUA posicionan a Chihuahua como la entidad que más sobreexplota sus acuíferos a nivel nacional, manteniendo 15 reservorios subterráneos críticos en números rojos. A la par, el crecimiento descontrolado ha provocado déficits crónicos en infraestructura elemental, reflejados en la falta de cobertura de agua potable para más de 100,000 chihuahuenses y una carencia de áreas verdes públicas que, según diagnósticos del IMPLAN, arrastra un rezago histórico de decenas de hectáreas de parques urbanos esenciales para la comunidad.

Esta vorágine inmobiliaria e industrial se manifiesta con claridad en la capital del estado, caracterizada por la contaminación del suelo y una densidad de población extremadamente baja que fomenta la dispersión urbana. Además, padece la tasa de motorización per cápita más alta de todo el país; datos del INEGI y el IMPLAN Chihuahua confirman que existen 0.7 vehículos por cada habitante, un parque automotor desproporcionado que deprime la calidad de vida diaria. Al norte del estado, en Ciudad Juárez, el intercambio comercial y la superindustrialización crearon una urbe caótica caracterizada por la segregación socioespacial, donde la pauperización obrera coexiste con el surgimiento de "zonas de sacrificio" ambientales mapeadas por el suelo contaminado y el despojo de sus reservas ecológicas, tal como lo ha documentado el Colegio de la Frontera Norte. Síntomas similares de desorden se gestan ya en la Zona Metropolitana Delicias-Meoqui y en la región minera de Santa Bárbara. Por su parte, la región de Cuauhtémoc experimenta un desajuste propio: el dinamismo agrícola de la comunidad menonita muestra una severa sobreexplotación de los nutrientes del suelo documentados por el INIFAP y de los acuíferos locales. El impacto en el subsuelo es crítico: registros oficiales de la CONAGUA sitúan al acuífero de Cuauhtémoc como el segundo más sobreexplotado de todo el estado, operando con una tasa de extracción de agua que duplica su capacidad de recarga natural. La constante en todo el territorio es la misma: apropiación, sobreexplotación y enriquecimiento a costa del entorno.

Frente a este escenario, el ordenamiento territorial surge como el instrumento de política pública indispensable para gobernar los recursos, contener la expansión de economías delictivas con control territorial y frenar las dinámicas de especulación inmobiliaria asimétrica. Ordenar el territorio asegura un desarrollo sostenible que equilibre las demandas actuales con las necesidades de las generaciones futuras. Para lograrlo, es urgente concluir el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Chihuahua (POER) y sus respectivos Programas de Ordenamiento Ecológico Locales (POEL) para todos sus municipios. Actualmente, Chihuahua figura entre los estados del país que carecen de un marco normativo ecológico estatal, y de sus 67 municipios, únicamente la capital y Ciudad Juárez cuentan con este instrumento legal de protección ambiental.

La efectividad de estas herramientas metodológicas exige un diagnóstico de precisión sobre la aptitud y resiliencia ecológica del suelo. En un estado de tales dimensiones geográficas, el reto metodológico es monumental. Pese a que dependencias como la SEDUE cuentan con personal capacitado, el éxito del proyecto requiere integrar infraestructuras de datos espaciales y flujos de trabajo geoestadísticos automatizados para delimitar y caracterizar correctamente las Unidades de Gestión Ambiental (UGAS). Definir estas células territoriales —y asignarles lineamientos regulatorios de preservación, protección, aprovechamiento o restauración— demanda competencias avanzadas en el procesamiento de imágenes satelitales multiespectrales e hiperespectrales (como las constelaciones Landsat y Sentinel), fotogrametría digital mediante sensores LiDAR (Light Detection and Ranging) transportados por drones, y el análisis de series temporales de índices de vegetación (como el NDVI y el EVI). La combinación de estas variables biofísicas con algoritmos de inteligencia artificial basados en aprendizaje automático (Machine Learning), como Random Forest o Redes Neuronales Convolucionales (CNN), permitiría a los gestores públicos automatizar la clasificación de coberturas del suelo, predecir dinámicas de cambio de uso de suelo con precisión geométrica inédita y realizar modelaciones predictivas de vulnerabilidad climática y recarga de acuíferos a través de sistemas de información geográfica (SIG) de código abierto y plataformas en la nube como Google Earth Engine.

Instituciones como la UACH y la UACJ albergan desde hace años laboratorios de geomática que han generado avances significativos en el análisis espacial de la entidad. En este esfuerzo colectivo, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) ha consolidado recientemente cursos de capacitación que se han dirigido inicialmente a estudiantes de último semestre y egresados de la Ingeniería en Desarrollo Territorial en FACIATEC. Este curso los especializa en el uso de percepción remota satelital y en la programación de algoritmos aplicados al procesamiento masivo de datos en Google Earth Engine (GEE), un paso crucial para fortalecer las competencias profesionales y científicas directamente en el talento local. Desde la ciencia y la técnica, el objetivo primordial es colaborar activamente con las instancias gubernamentales para el ordenamiento armónico del territorio. El verdadero desafío actual radica en consolidar una gobernanza participativa que traduzca este valioso conocimiento académico en políticas públicas de beneficio mutuo. Promover una planeación coordinada de las actividades industriales, agrícolas, mineras y urbanas nos permitirá construir, en corresponsabilidad entre autoridades, academia y sociedad, un modelo de desarrollo que proteja el entorno y eleve la calidad de vida de las familias chihuahuenses.

Javier Gómez Maturano

Investigador por México

Departamento de Medio Ambiente y Energía