La inteligencia artificial está transformando la educación, la medicina, la industria y nuestra manera de comunicarnos. Como investigador y académico, estoy convencido de que representa una oportunidad extraordinaria para ampliar las capacidades humanas. Sin embargo, toda innovación de gran alcance exige responsabilidad, reglas claras y una evaluación permanente de sus consecuencias.

La misma tecnología que puede ayudarnos a resolver problemas complejos también puede utilizarse para engañar, manipular y cometer delitos cada vez más convincentes. El robo de identidad ya no consiste solamente en sustraer una credencial, descubrir una contraseña o falsificar una firma. Hoy es posible imitar la voz de una persona, reproducir su rostro, escribir mensajes con su estilo y simular su presencia en una videollamada.

Con fotografías, videos y audios publicados en redes sociales, los delincuentes pueden fabricar contenidos falsos capaces de confundir incluso a familiares y compañeros de trabajo. Esto pone en riesgo uno de los fundamentos de la convivencia: la confianza. Durante años pensamos que reconocer una voz o ver un rostro en una pantalla era suficiente para confirmar una identidad. Hoy debemos aceptar una nueva realidad: ver y escuchar ya no siempre significa comprobar.

Las cifras permiten dimensionar el problema. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos recibió reportes de pérdidas por fraude cercanas a 12 mil 500 millones de dólares durante 2024, 25 por ciento más que el año anterior. Por su parte, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI registró más de 859 mil denuncias y pérdidas superiores a 16 mil 600 millones de dólares. Aunque ambas instituciones utilizan categorías diferentes, sus datos confirman que los fraudes digitales son cada vez más efectivos y costosos.

En México, un análisis de The Competitive Intelligence Unit estimó que durante 2024 se produjeron más de seis millones de fraudes cibernéticos, con pérdidas superiores a 20 mil millones de pesos. El estudio señaló que 34 por ciento de los internautas recibió mensajes sospechosos solicitando información personal y que cada víctima perdió, en promedio, alrededor de 8 mil 750 pesos. También reveló que uno de cada tres usuarios se siente poco o nada preparado para reconocer un intento de phishing.

La inteligencia artificial agrava el riesgo porque permite personalizar el engaño. Ya no se trata únicamente de correos mal redactados. Ahora podemos recibir la llamada de una voz conocida que afirma haber sufrido un accidente, escuchar a un supuesto funcionario solicitando datos confidenciales o participar en una videoconferencia aparentemente encabezada por directivos de una empresa.

El caso de la firma británica Arup demuestra hasta dónde puede llegar esta modalidad. En 2024, un empleado de su oficina en Hong Kong participó en una videollamada en la que aparecían el director financiero y otros compañeros. Todos eran recreaciones digitales. Convencido de que hablaba con sus superiores, realizó 15 transferencias a cinco cuentas bancarias. La pérdida alcanzó aproximadamente 25 millones de dólares.

Desde mi formación como doctor en Economía Circular, considero que la responsabilidad debe acompañar todo el ciclo de vida de una tecnología: desde su diseño y desarrollo hasta su utilización, impacto y eventual corrección. No podemos hablar de innovación sostenible si ignoramos los daños sociales, económicos y humanos que puede provocar su uso indebido.

Mi posición es clara: no debemos responder rechazando la inteligencia artificial, sino construyendo una cultura de seguridad, prevención y responsabilidad digital. La tecnología debe estar al servicio de las personas y no convertirse en un instrumento para despojarlas de su identidad, patrimonio o tranquilidad.

Los delincuentes buscan provocar miedo, confianza excesiva o urgencia para impedir que la víctima piense. Por ello propongo una regla básica: mientras mayor sea la urgencia, mayor debe ser la verificación.

Las familias pueden acordar una palabra de seguridad para situaciones de emergencia. Ante una llamada alarmante, debemos colgar y comunicarnos directamente con la persona mediante un número conocido. Nunca debemos compartir contraseñas, códigos de autenticación o datos bancarios. Tampoco debemos transferir dinero basándonos únicamente en mensajes, audios o videollamadas.

Las instituciones financieras y las empresas tecnológicas también deben asumir su responsabilidad. No es aceptable trasladar toda la prevención al usuario. Necesitamos mejores sistemas para detectar operaciones inusuales, verificaciones adicionales, pausas de seguridad y atención inmediata a las víctimas.

Asimismo, nuestras leyes deben actualizarse para sancionar claramente la clonación de voz, la manipulación de imágenes y la suplantación mediante inteligencia artificial. Utilizar la imagen o la voz de alguien para defraudar no es una simple alteración tecnológica: es una agresión contra su identidad, privacidad, patrimonio y dignidad.

Como académico, sostengo que la alfabetización digital ya no puede limitarse al manejo de una computadora. Debe incluir pensamiento crítico, ciberseguridad, ética, privacidad y verificación de identidad. Necesitamos formar ciudadanos capaces de aprovechar la tecnología sin renunciar a su autonomía intelectual.

No se trata de vivir con miedo ni de desconfiar de todos, sino de desarrollar nuevos hábitos para una nueva realidad. La inteligencia artificial puede reproducir nuestro rostro e imitar nuestra voz, pero no debemos permitir que sustituya nuestro criterio.

En esta era tecnológica, reconocer ya no es suficiente: tenemos que verificar.