En una ocasión, el papa Francisco expresó, en pocas palabras pero con especial sensibilidad, una visión de la política que una servidora siempre ha defendido: “La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común”. Entender la política como una forma de caridad significa reconocer que el bien común se construye cuando las instituciones responden a las necesidades concretas y cuando ninguna persona queda abandonada en los momentos de mayor vulnerabilidad.

Cuando la incertidumbre entra en un hogar bajo la forma de una enfermedad o de un padecimiento grave, se pone a prueba la esencia del humanismo político: si la persona existe para servir al poder o, por el contrario, si el poder existe para servir a la persona. El diagnóstico de una enfermedad es uno de esos momentos en la vida que no admiten discursos. En esa hora difícil, un gobierno se mide con una sola vara: si la persona es atendida, si el medicamento está disponible y si el dolor de las personas puede evitarse.

Lamentablemente, en México, la falta de acceso a servicios de salud dignos se ha convertido en un problema estructural muy serio: familias que enfrentan enfermedades sin atención oportuna, pacientes sin medicamentos, y trabajadores de la salud que exigen condiciones adecuadas para cumplir con su responsabilidad.

Los datos ayudan a dimensionar mejor el problema. De acuerdo con el CONEVAL y el INEGI, en 2018 el 16.2% de la población carecía de acceso a los servicios de salud, es decir, más de 20 millones de personas. Las cifras más recientes (de 2024) muestran que esa proporción se elevó a 34.2%, lo que equivale a más de 44 millones de personas sin acceso a servicios de salud.

Frente a esta realidad, es inevitable cuestionarse qué concepción de la política permite que un problema de esta magnitud se prolongue. ¿Cómo puede un gobierno afirmar que pone en el centro a los más vulnerables y, al mismo tiempo, permitir que persistan carencias que comprometen su salud y su vida?

Cuando la atención se desplaza hacia la concentración del poder y el debilitamiento de los contrapesos, existe el riesgo de que las necesidades reales de la población queden relegadas, mientras el discurso pretende ocupar el lugar de los resultados. Por eso, cuando los hospitales carecen de lo necesario, cuando las medicinas no llegan o cuando los trabajadores de la salud tienen que alzar la voz para exigir condiciones dignas, se nos dice que todo está bien. En otras palabras, la necesidad de la gente queda subordinada a un relato político.

Esa es la lógica del gobierno de la resignación: pedirle a la ciudadanía que se acostumbre a servicios deficientes, que acepte la falta de medicamentos como algo inevitable y que considere normal aquello que debería movilizar toda la capacidad del Estado para resolverlo.

En este contexto, los programas sociales se convierten en el centro de las políticas públicas, y se confunde la entrega de apoyos con la garantía efectiva de los derechos. El problema es que una dádiva puede aliviar necesidades inmediatas y pasajeras, pero el cuidado de la salud exige un sistema que proteja a las personas de manera sostenida, con instituciones, personal, infraestructura, medicamentos y atención oportuna.

Lo anterior obliga a reconocer una cuestión fundamental: los derechos no son favores que el poder concede ni beneficios que la ciudadanía debe agradecer con lealtad; son obligaciones que los gobiernos deben cumplir. Por eso es importante que no nos conformemos, que combatamos la resignación con esperanza y, sobre todo, que apostemos por otras formas de hacer política.

Precisamente en Chihuahua hemos elegido otro camino. Desde el 2022, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares muestra que nuestra entidad se ha mantenido entre los 5 Estados con menor carencia por acceso a servicios de salud.

MediChihuahua es la razón de este resultado. Pero, sobre todo, es la concreción de una convicción muy clara: ofrecer atención médica, estudios y medicamentos gratuitos a quienes no cuentan con otro servicio de salud. Desde su creación, hemos atendido a prácticamente 900 mil personas y brindado más de 4.9 millones de atenciones médicas. Detrás de cada cifra hay una persona y familias completas que no se quedaron solas en la hora difícil.

La lucha contra el cáncer ha sido uno de los grandes propósitos de este programa. A la fecha, el Centro Estatal de Cancerología y el Centro Regional de Radioterapia zona norte han ofrecido más de 97 mil sesiones de radioterapia con acelerador lineal, otorgadas a miles de personas. Y en días recientes hemos dado otro paso importante: llegó a Chihuahua un nuevo acelerador lineal para el Centro Estatal de Cancerología. Es un avance que nos llena de esperanza, porque fortalece nuestra capacidad para ofrecer tratamientos de calidad, menos invasivos y más precisos a quienes enfrentan esta enfermedad.

Quiero expresar nuestro agradecimiento al Organismo Internacional de Energía Atómica por la donación de este equipo y, de manera muy especial, al doctor Luis Carlos Longoria Gándara, director de este organismo para América Latina y el Caribe.

También, gracias al apoyo de la Casa Ronald McDonald México, estamos por poner en servicio una nueva sala de espera en el Hospital Infantil. Porque la dignidad no se juega solamente en un quirófano. También está en las condiciones en las que una madre acompaña a su hijo enfermo, en el trato que recibe una familia y en la certeza de que, aun en los momentos más difíciles, las instituciones la reciben con respeto.

Mi mensaje en esta ocasión es muy sencillo: la precariedad no es un destino. Chihuahua no se resigna a esa realidad. No se resigna a que las personas reciban menos de lo que necesitan.

Chihuahua cuenta con una servidora. Seguiremos construyendo un gobierno que cuide, que responda y que realmente ponga la dignidad de las personas en el centro de cada decisión.