Mientras el CEMASC da resultados, las carpetas esperan agentes que cuidan a otros.

Gilberto Loya llegó a la Fiscalía General del Estado con dos promesas: atacar la impunidad y devolverle a la institución la capacidad de investigar los delitos. Por esas dos promesas se le va a medir, no por las entregas de patrullas, las ruedas de prensa ni las reestructuras de organigrama. La impunidad se combate con investigación. Esa investigación la hacen los agentes de la Agencia Estatal de Investigación, que son los brazos con los que actúa el Ministerio Público, y hoy esos brazos no alcanzan.

Los números no admiten maquillaje. En Chihuahua la incidencia delictiva creció 36.7 por ciento en un año. La cifra negra que mide el INEGI llega al 94.2 por ciento: más de nueve de cada diez delitos no se denuncian o no llegan a carpeta, porque la gente aprendió que no pasa nada. La Fiscalía recibe más de 78 mil carpetas al año y acumula más de 11 mil órdenes de aprehensión sin ejecutar. Mientras tanto, las familias chihuahuenses gastan más de 3 mil 870 millones de pesos en protegerse por su cuenta. Pagan dos veces por la seguridad: con sus impuestos y con su bolsillo.

Quien litiga en esta entidad no necesita estadísticas, porque lo vive a diario. Una carpeta pasa semanas sin movimiento. Una solicitud no se acuerda. Una pericial ofrecida a tiempo espera respuesta mientras el plazo de tres días que marca la ley pasa de largo. El hartazgo es tal que esta misma semana el gremio protestó en la Zona Norte por expedientes extraviados y rezagos sin fin. Hasta los fiscales de distrito reconocen que trabajan a marchas forzadas. En los pasillos la explicación es siempre la misma: no hay personal.

El problema no es solo cuántos son, sino a quién obedecen

Decir que faltan agentes es cierto, pero se queda corto. Hay otra causa, menos cómoda de admitir, y está dentro de la propia institución.

El artículo 21 de la Constitución federal establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, y que estas actúan bajo su conducción y mando. El Código Nacional de Procedimientos Penales lo desarrolla sin ambigüedad. Su artículo 127 confía al Ministerio Público la conducción de la investigación, el 131 le impone el deber de ordenar las diligencias, y el 132 obliga al policía a actuar bajo su mando. La Constitución Política del Estado, en sus artículos 121 y 122, y la Ley Orgánica de la Fiscalía General que los reglamenta, dicen lo mismo en el plano local: en la Fiscalía, el Ministerio Público dirige y el agente investiga.

En la práctica, esa jerarquía muchas veces se invierte. La Fiscalía ha incorporado a numerosos agentes del Ministerio Público recién llegados, con preparación académica pero sin el oficio que solo da el expediente diario. Algunos agentes con años de antigüedad aprovechan esa inexperiencia. El oficio de investigación se queda en la bandeja, la orden se cumple a medias o no se cumple, y nadie responde. El ministerio público novato no sabe cómo hacerse obedecer, y el agente veterano sabe que no habrá consecuencias.

Eso no es un asunto de clima laboral. El artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública obliga a los integrantes de las instituciones de seguridad a cumplir con diligencia las órdenes que reciban conforme a derecho. Un agente que ignora la instrucción del Ministerio Público incumple la ley, y el mando que lo tolera es cómplice. Detrás de cada carpeta detenida hay una víctima. Los artículos 20, apartado C, de la Constitución federal y 109 del Código Nacional le reconocen el derecho a que se investigue, a ser informada y a que se le repare el daño. Esa persona acudió a la procuración de justicia en su etapa más elemental y encontró un escritorio vacío.

Los que cuidan a otros

A la falta de agentes y a la indisciplina se suma una pregunta que nadie en el poder ha querido responder: ¿cuántos agentes y policías están comisionados como escoltas de exgobernadores, diputados, senadores y funcionarios de todo nivel? La pregunta no es nueva. El diputado Pedro Torres ya había exigido al hoy fiscal que transparentara cuántos policías y vehículos blindados pagan los chihuahuenses para custodias personales. Mientras tanto, en Seguridad Pública se organizaban rallies tácticos para esos mismos escoltas.

El artículo 21 ordena investigar delitos, no cuidar la tranquilidad de quien ya dejó el cargo. El artículo 134 exige administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Que un policía custodie a un exfuncionario mientras una víctima espera que alguien abra su carpeta no es eficiencia. Es privilegio, y se paga con dinero público.

Hay una omisión más grave. En su momento se denunció públicamente que la Fiscalía se usaba como botín para canalizar asuntos hacia el despacho de sus extitulares. Se denunció y no pasó nada. Ese silencio también es impunidad, quizá la más corrosiva, porque ocurre dentro de la institución encargada de combatirla.

La vitrina que sí funciona

Sería injusto decir que en la Fiscalía nada se mueve. Hay un área que sí se ha fortalecido, y vale la pena reconocerlo con la misma franqueza con que se señala lo demás.

El Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal está a cargo de la licenciada Anahí Blanco Jáquez. Tiene una larga trayectoria en mediación, conciliación y procesos restaurativos en el ámbito ministerial, y bajo su gestión se reportan acuerdos en más del 90 por ciento de los casos atendidos. Esto incluye delitos como el homicidio imprudencial, donde lo que la víctima reclama es una reparación pronta y digna, no un juicio de años. En el área jurídica la acompaña la licenciada Brisa Edén Olvera Prado, agente del Ministerio Público y facilitadora. Su experiencia incluye la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Son dos profesionales con formación sólida y resultados verificables.

Este modelo tiene fundamento. El artículo 17 constitucional ordena que las leyes prevean mecanismos alternativos de solución de controversias y que, en materia penal, aseguren la reparación del daño. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y los artículos 186 a 190 del Código Nacional permiten acuerdos reparatorios en delitos de querella, culposos y patrimoniales cometidos sin violencia. La apuesta institucional parece ser esa: que lo que se puede resolver con diálogo se resuelva en la mesa de mediación, y que las unidades de investigación queden para los asuntos de mayor complejidad. La lógica es correcta.

Pero tiene un riesgo. El artículo 4 de la ley de la materia establece la voluntariedad como primer principio de los mecanismos alternativos. La víctima debe acudir porque quiere, no porque sepa que, si no acepta el acuerdo, su carpeta no se va a mover nunca. Mediar porque conviene es justicia; mediar porque no queda otra es resignación. El éxito del CEMASC no puede convertirse en la coartada de unas unidades de investigación que no funcionan.

La falacia de moda

Por todo esto incomoda la frase que se repite en cada evento oficial: "la seguridad es compromiso de todos". Suena bien, pero es una falacia. En la práctica, primero van los intereses propios, y la justicia, como dice el refrán, que se haga en los bueyes de mi compadre. Pedirle corresponsabilidad al ciudadano mientras quienes mandan no se aplican la regla es pura retórica.

El fiscal tiene en su propia casa la prueba de que las cosas pueden funcionar. El CEMASC demuestra que, con personal preparado, autoridad clara y resultados medibles, la procuración de justicia avanza. Falta llevar ese criterio al resto de la institución. Eso significa regresar a las calles y a las unidades de investigación a quienes hoy cargan portafolios ajenos. También significa que el agente obedezca al Ministerio Público como manda la Constitución, que el ministerio público nuevo tenga respaldo y capacitación, y que se aclare lo que se denunció y nunca se investigó. Mientras eso no ocurra, la Fiscalía tendrá una vitrina que funciona y una bodega donde las carpetas se acumulan. Las promesas con las que llegó el fiscal se medirán por lo que pase en esa bodega.

Abogado litigante, presidente del Colegio de Juristas "JORGE MAZPULEZ PEREZ, vocero de la FECHCA y miembro de la AECHIH