Hay problemas que no estallan de golpe, pero que desgastan silenciosamente los cimientos de una sociedad. Uno de ellos —quizá el más grave y menos atendido— es la incapacidad creciente de amplios sectores de la población para comprender lo que leen. No hablo del analfabetismo básico, sino de algo más profundo: el analfabetismo funcional, esa condición en la que una persona puede descifrar palabras, pero no puede reconstruir su sentido, valorar su contenido ni someterlo a juicio.
Comprender un texto es mucho más que leerlo. Es un acto de pensamiento que exige relacionar ideas, distinguir hechos de opiniones, evaluar la coherencia de lo dicho y, sobre todo, formar un criterio propio. Cuando esta capacidad falla, no solo se empobrece la vida intelectual del individuo: se compromete su autonomía y su participación en la vida pública.
El lenguaje escrito es la forma más sofisticada de emancipación del pensamiento. Un texto es una idea que ha cobrado independencia de su autor. En él caben emociones, descripciones, hipótesis o ficciones. Pero para que ese pensamiento emancipado cobre sentido, el lector debe reconstruirlo. Si no puede hacerlo, queda atrapado en la superficie de las palabras, sin acceso al significado profundo que las sostiene.
Esa incapacidad tiene consecuencias políticas. Una sociedad que no comprende lo que lee es vulnerable a la manipulación, dependiente de la consigna y presa fácil de la desinformación. Sin comprensión lectora no hay pensamiento crítico; sin pensamiento crítico no hay ciudadanía; sin ciudadanía no hay posibilidad de construir un futuro común. La credulidad no es un defecto moral: es una consecuencia cognitiva.
El origen de esta reflexión no es teórico. Surge de observar, en la vida cotidiana, las dificultades de niñas, niños y adolescentes para comprender textos sencillos; de constatar que algunos adultos —incluso prestadores de servicios— muestran limitaciones al interpretar instrucciones básicas; de advertir que la comprensión lectora se ha vuelto una habilidad frágil y cada vez menos garantizada.
Desde hace años, organismos como la UNESCO y analistas mexicanos han alertado sobre este deterioro, apoyándose en mediciones como las pruebas PISA. Yo mismo he escrito sobre ello. Sin embargo, las recomendaciones han tendido a concentrarse en dos frentes: las currículas escolares y la capacitación docente. Ambas son necesarias, pero los resultados más recientes muestran que no han sido suficientes. El sistema educativo oficial está fallando en grado sumo: cada nueva medición revela que los escolares empeoran sus capacidades de lectura de comprensión.
Por cercanía con los círculos de lectura, advertí algo que, aunque incidental, es revelador. Cuando los participantes comentaban los textos con el coordinador, surgía una realimentación esclarecedora que enriquecía la comprensión y ampliaba el lenguaje. Ese diálogo —no previsto en el diseño original de los círculos, cuyo propósito se limita a estimular la lectura— generaba un espacio de interpretación compartida, de análisis y de construcción de sentido.
Ahí descubrí una posibilidad que el sistema escolar no está ofreciendo: un espacio donde la lectura se convierte en pensamiento, donde el texto deja de ser un objeto pasivo y se vuelve un detonador de conversación, de duda y de aprendizaje mutuo. Ese potencial, sin embargo, permanece subutilizado porque los círculos de lectura, tal como están concebidos, no buscan desarrollar habilidades de comprensión profunda ni pensamiento crítico.
De ahí surge la observación central de este diagnóstico: existen prácticas sociales que, aun sin proponérselo, están generando aprendizajes que el sistema escolar no está logrando consolidar. Los círculos de lectura tradicionales contienen, en germen, una herramienta formativa de gran valor. No se trata de sustituir a la escuela, sino de reconocer que hay espacios donde la lectura se vive como un acto colectivo de interpretación, y no solo como un ejercicio individual de decodificación. Estos espacios pueden ubicarse donde las carencias tempranas se hacen más visibles: en las escuelas. Pero también pueden —y deben— extenderse a los centros comunitarios municipales, a las bibliotecas públicas, a los espacios culturales del estado. Cada entorno requiere estrategias distintas, pero todos comparten un objetivo común: reconstruir la capacidad de comprender, interpretar y deliberar.
Y es aquí donde conviene ser precisos: lo nuestro se agota en el diagnóstico. No corresponde a la ciudadanía diseñar programas, definir presupuestos ni ejecutar acciones. Esa responsabilidad recae en las autoridades educativas, culturales y municipales. Pero sí corresponde a la ciudadanía —y a quienes escribimos sobre lo público— nombrar el problema, mostrar su magnitud y evidenciar la omisión.
Y el diagnóstico es contundente: el sistema educativo oficial no está logrando que los estudiantes comprendan lo que leen. Las mediciones nacionales e internacionales muestran un retroceso sostenido. Y mientras tanto, la vida cotidiana confirma lo que las estadísticas anuncian: niñas, niños, adolescentes y adultos enfrentan dificultades crecientes para interpretar textos, seguir instrucciones o sostener una conversación basada en información escrita.
A esta realidad se suma un hecho igualmente preocupante: no existe un perfil estadístico estatal o municipal que permita dimensionar el problema en Chihuahua. No hay línea base, no hay metas, no hay indicadores. La ausencia de datos no es un detalle técnico: es una forma de invisibilizar el problema. Lo que no se mide no se atiende, y lo que no se atiende se agrava.
Nuestro papel es otro: describir el problema con claridad, mostrar sus implicaciones y recordar que la comprensión lectora es una condición de posibilidad de ciudadanía. El diagnóstico está sobre la mesa. La urgencia es real.
Corresponde ahora a quienes tienen la responsabilidad institucional decidir si este problema seguirá siendo invisible o si, por fin, será atendido con la seriedad que merece.