“......El que la tira, que la levante.” Los Farmez

La simbiosis entre la delincuencia organizada y los gobiernos es un fenómeno complejo en el que las redes criminales y los agentes estatales corruptos operan como partes interdependientes y articuladas de un mismo sistema, generando beneficios mutuos. Esta relación va más allá de la simple corrupción, evolucionando hacia un orden híbrido donde la delincuencia organizada y las autoridades coexisten e, incluso, el crimen incorpora miembros a su estructura de negocios y obtiene una cesión tácita de soberanía.

Aspectos clave de esta relación en México y Latinoamérica:

Evolución del crimen: Se pasa de una “fase depredadora” (lucha contra el Estado) a una “fase parasitaria” y, finalmente, a una fase simbiótica, donde la distinción entre gobierno y crimen se difumina.

Captura de gobiernos locales: La expansión del crimen organizado, con más de 80 grupos operando en México, se ha fragmentado y ha logrado capturar gobiernos locales, donde las organizaciones criminales financian campañas y grupos políticos.

Complicidad y sumisión: En algunos casos, no es solo complicidad, sino sumisión de políticos y gobernantes al crimen organizado. Se reportan situaciones donde este actúa de manera concertada con el propósito de obtener beneficios económicos, utilizando incluso patrullas y radios oficiales para cometer ilícitos.

Impacto social: Esta relación genera altos niveles de impunidad, desapariciones y una “gobernanza criminal” donde la delincuencia organizada controla territorios, afectando la vida cotidiana, la economía y la seguridad de las comunidades. La debilidad institucional, la pobreza, la desigualdad y la impunidad son factores que propician esta situación.

El tema es objeto de intenso debate político. Mientras algunos análisis señalan una “herencia maldita” con complicidad en diversos niveles de gobierno, otros sectores, como la presidenta Claudia Sheinbaum, afirman que sus administraciones no están vinculadas con grupos delincuenciales, calificando tales acusaciones como falsas y destacando acciones contra la impunidad.

Esta simbiosis político-criminal se considera una realidad en diversas regiones, donde el crimen organizado y la política se han fortalecido bajo el amparo y la complicidad de algunos gobernantes, lo que representa una grave amenaza para la democracia y la seguridad.

Cuando el PRI tenía la hegemonía del Estado mexicano, el gobierno de Estados Unidos, a través de la DEA, inició presión para la detención de líderes de cárteles. La relación entre el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988–1994) y Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”, es uno de los episodios más polémicos en la historia del narcotráfico en México, marcado por la detención del capo y un presunto “reparto de plazas” que reconfiguró el crimen organizado.

Según el periodista Jesús Blancornelas, tras su detención, Félix Gallardo habría realizado una reunión en prisión para dividir el territorio y evitar conflictos. Sin embargo, el propio Félix Gallardo sostuvo que dicho reparto fue realizado por figuras gubernamentales. Hasta la fecha, continúa en prisión.

Este fin de semana, por conducto de sus abogados, solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos ser reconocido como “testigo cooperante”. Se le señala como posible enlace entre líderes criminales y funcionarios públicos. En caso de represalias, podría ingresar al programa de protección de testigos. ¿De qué tamaño es el miedo? ¿Hablará? Como dice la vox populi: “La voz del pueblo es la voz de Dios”.

La acusación del 29 de abril de 2026 señala a altos cargos de Sinaloa, incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza Cázares. También figuran funcionarios locales como Juan de Dios Gámez Mendívil y Dámaso Castro Zaavedra, además de mandos policiales y financieros.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos habría señalado que solicitará la extradición de funcionarios mexicanos. Estas acusaciones provienen de una corte del Distrito de Nueva York, lo que genera cuestionamientos sobre la confianza en el sistema judicial federal mexicano.

Diversos actores han señalado a otros gobernadores en funciones. Estas acusaciones, según algunos, iniciaron desde el gobierno de López Obrador y continúan en la actual administración, que ha rechazado los señalamientos por falta de pruebas.

La presidenta ha defendido a los señalados argumentando ausencia de evidencia suficiente. Sin embargo, las investigaciones ya han comenzado por parte de la Fiscalía General de la República.

La comparación con el cuarto círculo de la avaricia, descrito por Dante Alighieri en La Divina Comedia, ilustra una crítica al materialismo y al poder desmedido, donde los involucrados se enfrentan entre sí por intereses económicos.

El titular de la SSPE, Omar García Harfuch, viajó a Washington para sostener reuniones de alto nivel. Posteriormente, surgieron nuevos señalamientos desde Estados Unidos, lo que sugiere que las autoridades ya tenían conocimiento previo de estos hechos.

Las presiones internacionales llevaron al inicio de investigaciones en México. Algunos funcionarios solicitaron licencia a sus cargos, mientras otros permanecen en funciones.

El principio jurídico de presunción de inocencia sigue vigente, por lo que corresponde a las autoridades probar las acusaciones. No obstante, la apertura de carpetas de investigación sugiere que existen elementos que deben esclarecerse.

La política de “abrazos, no balazos” ha sido objeto de críticas, así como decisiones controvertidas en materia de seguridad. Este contexto plantea interrogantes sobre la estrategia gubernamental frente al crimen organizado.

Esta es apenas la primera señal de una posible serie de acciones. La historia continúa desarrollándose y sus implicaciones aún están por verse.

¿A qué fue la presidenta a Palenque?

Salud y larga vida.

Profesor por oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.

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