Email: [email protected]


Los contribuyentes mexicanos gastan mucho dinero en legisladores federales y locales.
Inmersos en el distractor de moda como lo es el Plan B del régimen para desviar la atención de los graves problemas de credibilidad en materia de seguridad, salud, economía y crimen organizado, la lupa se desliza hacia los legisladores locales y cabildos.
Ese cuento de la reforma electoral solicitada por el pueblo, de la cual no existen pruebas fehacientes de dicha petición, sigue siendo empujado por el Ejecutivo federal.
En medio de los flagrantes ataques de la coalición Washington/Tel Aviv a los intereses del régimen teológico iraní, donde el gobierno mexicano se alinea con sus pares ideológicos de Brasil y Colombia para pedir el fin de las hostilidades, el presidente Trump sostiene y reitera que en nuestro país gobierna el narcotráfico.
La acusación es grave en extremo, pese a que las autoridades mexicanas han entregado casi un centenar de viejos criminales y abatido a “El Mencho”, cuya operación dejó una treintena de efectivos militares caídos y una temible respuesta del CNJG.
Una larga cadena de acontecimientos de alto impacto está haciendo mella en la imagen presidencial, con factura para el partido oficial en los comicios intermedios de 2027 en el que se renovará la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.
Entre la opinión pública crece el rechazo a la desgastada “narrativa” del régimen sobre el combate a la corrupción y la supuesta baja de los homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado.
La mayor transa en los más de 200 años de historia de México sigue sin investigarse, por lo mismo, se desconoce el destino de 600 mil millones de pesos del ‘huachicol fiscal’ que operó un enjambre de colusiones ligadas al oficialismo y que ha cobrado la vida de una veintena de testigos y denunciantes. Silenciados, pues.
Por si fuera poco, el sistema de salud mejor que el de Dinamarca no termina de cuajar, por el contrario, los contagios de sarampión, tos ferina y tuberculosis siguen cobrado vidas. Amén de la desastrosa atención médica en hospitales públicos y el inacabable desabasto de medicinas.
Este coctel de negativos resulta peligroso para los pronósticos electorales del régimen mexicano. Es esa la razón por la que el Ejecutivo federal juega sus cartas para aminorar el impacto, jugándose, quizás, la última antes de las elecciones de 2027.
Con el control del discurso a través de las Mañaneras, la titular del Poder Ejecutivo le habla a la base militante y adicta que todavía conserva, para apuntalar a través del Plan electoral, la disposición absoluta de la organización y resultados electorales.
El Plan B fue diseñado con las entrañas, y busca desplazar la atención pública y mediática hacia los legisladores locales y cabildos, los más débiles de la pirámide político-electoral.
Con el pretexto de que son muchos y representan una carga para el erario, la presidenta expone sus motivos electoreros para modificar las reglas del juego y dinamitar una posible derrota mayúscula en 2027.
Dice la primera magistrada del país que, con el Plan B, estilo de la receta del PRI en sus peores momentos, se ahorrarían 4 mil millones de pesos. Mejor aún -añade-, ese dinero se quedaría en las arcas estatales para obras.
La gran mentira de este distractor radica en que los argumentos son parcialmente ciertos, pero absolutamente incongruentes porque los números la sepultan con el peso de su realidad.
Sin demérito de que es un distractor y su última reforma con mayoría absoluta y espuria, el régimen calla lo que cuesta el Congreso federal.
Tan solo para este año la Cámara de Diputados se va a despachar con más de 12 mil 350 millones de pesos para sostener a 500 diputados y a más de 6500 trabajadores de planta, asesores y encargos personales o partidistas.
Los senadores andan por las mismas, proporcionalmente. Esos escaños de ensueño para 128 privilegiados recibirán este 2026 la friolera de 5 mil 150 millones de pesos, a repartir entre senadores y 2850 empleados.
Estamos hablando de que cada diputado federal cuesta a los contribuyentes 24.7 millones de pesos, y le tocarían 13 personas de apoyo.
Cada senador de la república como Andrea Chávez, Javier Corral, Juan Carlos Loera y Mario Vázquez cuestan a los contribuyentes 40.2 millones de pesos anuales, y le tocarían 22.26 personas de apoyo.
En el Congreso local, el séptimo más caro del país, cuenta con un presupuesto de más de 803 millones de pesos para 33 diputados, y más de 650 trabajadores de planta, asesores y otros recomendados.
En la misma lógica del discurso presidencial para repartir el pastelote cada legislador local cuesta 24.3 millones de pesos anuales, y 19.9 personas para desempeñar tan honorable responsabilidad.
Si se aplicara el Plan B al Congreso federal habría un ahorro de unos 700 millones de pesos por la reducción de 32 senadores. La Cámara de Diputados constaría un poco más al agregarle ocho legisladores expatriados.
Y la vacilada de que, con el Plan B los 32 Estados ahorrarían 4 mil millones de pesos, es decir, 128 millones de pesos por cada uno, ese dinero apenas alcanzaría para tapar unos cuantos de miles de baches.
Ciertamente muchas de esas lacras salen millonarios para darse una vida de ensueño y privilegios poco menos o similar a la de la burocracia dorada del Ejecutivo y del Judicial, como presidentes, gobernadores, secretarios de Estado, ministros de la Corte y magistrados.
Pero, con solo recuperar lo robado por el ‘huachicol,’ lo de Segalmex y dejar de subsidiar elefantes blancos como el tren Maya, la refinería Dos Bocas o Mexicana de Aviación, dejamos de pedir prestado, se arreglarían las carreteras federales, se recupera el sistema de salud y el régimen ganaría las elecciones de calle. Con eso.
A lo mejor Trump les perdonaría la carrilla.
Es cuanto.