Malala Yousafzai activa imágenes reconocibles: la niña que desafió a los talibanes en su Pakistán natal, la activista que consagró su vida a la educación de las niñas y que, con 17 años, se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Su figura ha sido descrita desde múltiples ángulos —admiración, solidaridad, empatía—, todos ellos marcados por un hecho ineludible: su lucha estuvo a punto de costarle la vida bajo las balas de un fanático talibán.

El pasado 26 de febrero visitó Madrid. En apenas 12 horas sostuvo reuniones institucionales con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. El tiempo para los medios fue mínimo. Una de las pocas entrevistas la realizó Patricia R. Blanco.

La presencia de Malala tenía un propósito preciso: impulsar el reconocimiento global del “apartheid de género” como categoría jurídica para describir el borrado sistemático de las mujeres en Afganistán. Tanto el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Discriminación contra Mujeres y Niñas como la Asociación de Abogados de Estados Unidos definen este concepto como “actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática por parte de un grupo de género sobre otro, con la intención de mantener ese régimen”. El momento es crucial: Naciones Unidas negocia un nuevo tratado sobre crímenes contra la humanidad, y codificar “el borrado de las mujeres de la vida pública” cerraría un vacío legal que hoy deja estos abusos sin una herramienta específica para perseguirlos.

En persona, Malala habla con una mesura extrema. Reconoce —como escribe en Finding My Way— que ha aprendido a esquivar preguntas que podrían distorsionar la percepción de su lucha. También asume que no puede escapar del recuerdo del atentado que sufrió, una parte de su vida que siente “muy lejana” —hoy tiene 28 años— pero que inevitablemente las emociones afloran saturando el ambiente ante aquel infame recuerdo cada vez que establece contacto con el auditorio. No evita la política, pero la reconduce siempre hacia un eje: la educación como fundamento de la igualdad.

Cuando se le preguntó por la normalización de la opresión contra las mujeres en Afganistán, respondió con claridad: “Afganistán es hoy el ejemplo más extremo de opresión sistémica contra mujeres y niñas. Los talibanes están arrebatándoles todos sus derechos: el derecho a aprender, el derecho a trabajar… Y están castigando a quienes se atreven a hablar o a aprender en secreto. Debería alarmar al mundo que tal opresión pueda ocurrir, que la mitad de la población esté siendo borrada de la vida pública. Pero observo pasividad. Han pasado casi cinco años y no vemos ningún progreso”.

Las nuevas reglas extremas —como impedir que una mujer sea vista desde la ventana de su casa o limitar sus movimientos incluso para recibir atención médica— confirman, según activistas afganas y expertos en derechos humanos, que se trata efectivamente de un “apartheid de género”.

Para Malala, la comunidad internacional tiene un rol estratégico: “Necesitamos mecanismos de rendición de cuentas y no debemos normalizar las relaciones con los talibanes. Los derechos de las mujeres deben estar en el centro de la agenda internacional”.

Ante la pregunta sobre cómo ayudar ahora mismo a las niñas afganas, dado que la tipificación jurídica tomará tiempo, Malala explicó:

“Estamos haciendo todo lo posible para que las niñas puedan estudiar desde sus casas. Apoyamos a organizaciones afganas que ofrecen educación alternativa a través de la televisión, la radio y plataformas en línea. Una niña me dijo que incluso leer un libro sola en su habitación es, para ella, un acto de resistencia. Las niñas afganas no se rinden. Tienen valentía y determinación, pero necesitan que el mundo esté a su lado”.

Y añadió una advertencia que trasciende fronteras: “Si decimos que creemos en la igualdad de género, pero no somos capaces de actuar, de nada sirve. Lo que ocurre en Afganistán importa no solo para Afganistán, sino para las mujeres y niñas de todo el mundo”.

La libertad que no puede ejercerse no es libertad

La reflexión que deja Malala obliga a mirar la naturaleza misma de la libertad. Una libertad sometida por un entorno adverso no es propiamente libertad. Es un espacio reducido, casi íntimo, donde la persona solo puede refugiarse en la introspección o en la satisfacción de necesidades elementales. Malala lo llama resistencia o rebeldía, pero incluso ella reconoce que esa resistencia —leer a escondidas, estudiar en secreto, pensar en silencio— no transforma la estructura social, salvo quizá en el ámbito más inmediato del núcleo familiar.

Esa forma de libertad es valiosa, pero insuficiente.

Los derechos humanos son individuales, sí, pero solo adquieren sentido pleno cuando pueden ejercerse en sociedad. Una libertad que no puede salir al espacio público, que no puede incidir en la comunidad, que no puede convertirse en acción colectiva, es una libertad enclaustrada. De ahí la pertinencia del título: la libertad enclaustrada.

El enclaustramiento no es exclusivo de los regímenes extremos

Aunque los regímenes dictatoriales entronizan al género masculino de manera explícita, sería un error pensar que el problema es ajeno a sociedades más abiertas. También en contextos democráticos persisten condiciones sociales, jurídicas e incluso de políticas públicas que favorecen la dominación de un género sobre otro.

El sometimiento no comienza en el Estado; comienza en el hogar.

• En el núcleo familiar se normalizan jerarquías de género.

• En la comunidad se reproducen expectativas y roles.

• En el ámbito general se institucionalizan desigualdades.

No es un rasgo fijo: las familias democráticas aceptan la igualdad de género, y en muchos espacios públicos la igualdad es cada vez más reconocida. Sin embargo, persisten señales ominosas: violencias que vulneran la igualdad hasta el extremo de costar la vida a numerosas mujeres. Ese contraste —entre avances formales y retrocesos brutales— revela que la libertad de las mujeres sigue siendo frágil incluso en sociedades que se consideran abiertas.

Conclusión

El menoscabo sistemático de los derechos humanos de las mujeres —ya sea mediante regímenes que las borran de la vida pública o mediante estructuras sociales que perpetúan desigualdades— constituye una forma de enclaustramiento de la libertad personal. Y este estado de cosas, por doloroso que resulte admitirlo, solo desaparecerá con la disolución de los sistemas políticos, culturales y sociales que lo hacen posible.