De la apropiación cultural al abuso con despensas
Reforma constitucional va con chiquimunicipios

Un apagón dejó atrapados a la diputada Rosana Díaz y al diputado Arturo Medina en el elevador de uso exclusivo para legisladores del que dispone el Congreso del Estado. La falta de energía reseteó la programación del ascensor y los afectados quedaron cerca del piso 12 del edificio.
En el video que nos comparten los lectores (puede verse en la edición digital de GPS) aparece el personal de seguridad y mantenimiento de la torre legislativa en lo que abren la puerta del cubo del elevador desde el piso 13, para darse cuenta que el dispositivo estaba varado un nivel más abajo.
Los legisladores pudieron salir momentos después sin problema alguno, solo se quedaron con el susto y la preocupación que generan esos atorones.
Pero lo que resultó llamativo es que es el segundo incidente en poco más de una semana. Apenas el lunes antepasado, cuatro personas sufrieron lo mismo. Dos asesores y dos visitantes también quedaron atrapados en alguno de los pisos, entre el momento del apagón, la entrada de la planta de respaldo y el reinicio del sistema de programación del elevador.
Así, entre los apagones de la Comisión Federal de Electricidad, que supuestamente se han vuelto comunes en el centro de la capital, y los elevadores de una torre legislativa comprada en la opacidad y que incluso nueva daba problemas, ni los diputados se salvan.

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Por cierto, el inmueble del Congreso del Estado mantiene en operación tres ascensores: uno para pisos pares, otro para nones y otro exclusivo para los legisladores, como si merecieran algún tipo de privilegio dada su sacrificada labor por la patria.
El destinado a diputadas y diputados es el más moderno (y es el que lleva dos atorones recientes). En ese están disponibles todos los niveles, pero rara vez es abierto al pueblo por la gracia y buena onda de quienes encabezan el Poder Legislativo.
La discusión de acabar con esa exclusividad es recurrente, pero jamás tomada en serio por los que la pasan hablando en nombre del pueblo. Ni siquiera ahora que la democratización de los apagones también alcanzó para los legisladores.

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Tal vez fueron los bots contratados para opinar maravillas de ella en redes sociales o una molestia genuina de la población, pero, como sea, la polémica alcaldesa morenista de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, logró atraer las miradas con un simple programa asistencialista de reparto de despensas.
El tema de discusión en algunos foros políticos no fue la entrega de básicos a pobladores en pobreza extrema y ni siquiera el posible negociazo -de algún vivales de la administración municipal- que puede haber en la compra de despensas para regalar a la gente, un clásico de quienes le meten la mano al cajón con el pretexto de atender necesidades sociales.
El asunto cuestionable es, para variar, la apropiación cultural que gustan hacer los gobernantes blancos privilegiados, sean de Morena, del PAN o del PRI, con vestimenta tradicional en extremo refinada de los pueblos indígenas, como se muestra la presidenta municipal en las fotos que pueden verse en la edición digital de GPS.
Pero lo peor de lo peor es otra cosa: las despensas repartidas en elegantes y decoradas cajas de cartón tienen como imagen principal la foto retocada sin pudor alguno, e igual con prendas tradicionales, de la alcaldesa González Ábrego.
Esas despensas fueron entregadas en Turuachi, Agua Amarilla, Chinatú y San Pedro de Chinatú, según el registro oficial dejado en insultantes galerías de fotos, tomadas en montajes selectos que exhiben la pobreza de los beneficiarios mientras muestran a la funcionaria haciendo altruismo con dinero público.
Mínimo existe una falta moral por la ausencia total de respeto a los pueblos indígenas con esa exhibición para satisfacción del ego y por la práctica arraigada de adueñarse de símbolos, cultura, costumbres y hasta colores de los pobladores originarios del estado.
Eso, sin contar la falta a las normas electorales que con todo descaro cometió la presidenta al ponerle su foto a un programa oficial de atención a habitantes en la miseria.
Por ignorancia o tal vez porque crea que tiene impunidad comprada, González Ábrego sigue hundiéndose en el descrédito con acciones de este tipo y otras que han evidenciado que ella es la presidenta municipal, pero los que gobiernan son otros y a ella nomás la dejan para espectáculos deprimentes como este.

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La propuesta de reforma electoral del PAN en Chihuahua, que deberá ser votada fast track antes de que termine el mes -junto con otras como la segunda vuelta de MC y aplazar la paridad de género en elección de gobernador hasta el 2033-, contempla, como ya se sabe, cambios constitucionales y legales.
A nivel constitucional, la reforma modifica el Artículo 126 para eliminar la obligatoriedad de votar por regidores de forma individual por zonas y eleva a rango constitucional una nueva causal para anular elecciones si se demuestra la intervención del crimen organizado.
Por la vía legal, la propuesta modifica la Ley Electoral y el Código Municipal para desmantelar la división de los municipios en micro-distritos por parte del IEE y reconfigurar el reparto de regidurías plurinominales, las cuales se asignarán de manera global a los partidos que superen el 3% de la votación total en cada municipio.
¿Porque debe ser votada antes de que termine el mes la reforma? Porque así lo dicta el Artículo 105, Fracción II, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dice textualmente que las leyes deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse.
Quedan entonces unos pocos días para dictamen y autorización en el Pleno -que se vislumbra el PAN sacará adelante con sus aliados, más el apoyo de los cabildos de Chihuahua con 25% de la población total del estado, Cuauhtémoc con casi el 5%, Delicias con el 4%, Hidalgo del Parral, Meoqui, Camargo, Saucillo, Guachochi, Ahumada y demás chiquillada -40 municipios-.
Estos municipios pequeños apoyando la reforma permitirían rebasar el umbral del 50% de representatividad poblacional exigida por la constitución, aún sin Juárez, que tiene el 41% de la población, pero no sin aprietos.
Es lo que viene en los próximos tensos días.

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El desarrollo de una ciudad no se construye a partir de monólogos ni de vetos anticipados, sino mediante el diálogo entre quienes tienen la responsabilidad de representar a la ciudadanía.
Por eso llama la atención el llamado que ha hecho Marco Bonilla a los diputados de Morena para discutir uno de los proyectos de infraestructura más importantes para Chihuahua capital: la vialidad Poniente 5.
Más allá de las diferencias partidistas que han marcado la relación entre el PAN y Morena en los últimos años, y se han acentuado en las últimas semanas, el planteamiento del alcalde parece razonable.
Antes de rechazar una propuesta, lo mínimo que puede esperarse de cualquier representante popular es escucharla, analizarla y debatirla con seriedad.
Bonilla ha insistido en que la obra responde a una necesidad real de la ciudad. Miles de automovilistas padecen diariamente los problemas de movilidad en la zona poniente. La nueva vialidad busca precisamente aliviar uno de los puntos de mayor congestión vehicular.
Vemos que no se trata de una ocurrencia ni de un proyecto de lucimiento político; se trata de infraestructura para resolver un problema cotidiano de las familias chihuahuenses.
El alcalde incluso ha reconocido públicamente la disposición que ha encontrado en el coordinador de la bancada morenista, Cuauhtémoc Estrada. Sin embargo, también ha dejado claro que hasta ahora no ha existido una respuesta concreta para una reunión que permita revisar a detalle el proyecto y sus implicaciones financieras.
Lo preocupante sería que la discusión se diera por terminada antes de comenzar. Cuando una fuerza política decide cerrar la puerta al diálogo, pierde la oportunidad de representar no solamente a sus simpatizantes, sino a todos los ciudadanos que esperan soluciones a los problemas públicos.
Al final, las obras no son del PAN ni de Morena. Las vialidades, los puentes y la infraestructura permanecen mucho después de que terminan los periodos de gobierno. Los ciudadanos difícilmente preguntan qué partido impulsó una obra cuando ésta mejora su calidad de vida; lo que sí recuerdan es quién ayudó a construir soluciones y quién prefirió quedarse en la confrontación.