El reciente pronunciamiento emitido por el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores tras el cobarde asesinato del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar, no debería leerse únicamente como la reacción de un gremio ante la pérdida de uno de los suyos; debería entenderse como un recordatorio incómodo hacia las autoridades de los tres órdenes de Gobierno. Es una realidad que México lleva demasiado tiempo arrastrando esta problemática y ante la cual hemos desarrollado una peligrosa capacidad de acostumbrarnos.

Cada vez que un periodista es asesinado, ocurre el mismo ritual: se condena el crimen, se exige una investigación exhaustiva, se solicita la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y, de aquel lado del escritorio, prometen que el caso no quedará impune; días después, la conversación pública cambia de tema y el expediente comienza a recorrer un largo camino del olvido.

Lo preocupante es que esa secuencia ya dejó de sorprender. No se trata de una percepción; las cifras muestran un problema estructural.

Por cierto, en el informe "Estructuras del silencio", presentado este año por Artículo 19, documentó que existen evidencias de 451 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, tan solo durante el año 2025; además, siete periodistas fueron asesinados, una desaparición y 153 casos de acoso judicial, lo que convierte la cifra en la más alta registrada contra este gremio. El informe también revela que el 31 por ciento de estas agresiones fueron cometidas por servidores públicos, una realidad que rompe con la idea de que la amenaza proviene únicamente del crimen organizado.

Mientras tanto, Reporteros Sin Fronteras, advirtió esta misma semana que el asesinato de Francisco Alejandro Leyva convirtió al 2026 como un año marcado por la violencia contra la prensa. La organización sostiene que el caso evidencia las fallas de los mecanismos de protección del Estado y exige una explicación pública sobre por qué, pese a conocer el riesgo que enfrentaba el periodista, no existieron medidas eficaces ni aplicaron los protocolos para salvaguardarlo.

Las estadísticas son duras, pero no alcanzan a describir la dimensión del problema.

Detrás de cada agresión existe una historia que rara vez aparece en los informes. Está el reportero que decide dejar de investigar un tema porque sabe que puede poner en riesgo a su familia. Está la fuente informativa que cancela una entrevista después de recibir una advertencia. Está el medio local que prefiere omitir ciertos nombres porque conoce el precio de publicarlos. Hay comunidades enteras donde la información no desaparece porque los problemas hayan terminado, sino porque narrar lo que ocurre se volvió demasiado peligroso.

Ese silencio no suele contabilizarse y sin embargo, quizás, sea el daño más profundo.

Cuando el miedo modifica las decisiones editoriales, la sociedad comienza a recibir una versión incompleta de la realidad. No porque los periodistas renuncien a su responsabilidad, sino porque el Estado ha sido incapaz de garantizar condiciones mínimas para ejercer una profesión indispensable en cualquier democracia.

La violencia tampoco explica todo. En los últimos años el periodismo mexicano ha tenido que enfrentar campañas de desprestigio, procesos judiciales utilizados como mecanismos de presión, precariedad laboral, ataques digitales y una creciente polarización que convierte a los medios de comunicación en adversarios antes que en intermediarios entre los hechos y los ciudadanos. Informar en México ya no implica únicamente buscar la noticia; también supone calcular los riesgos personales, económicos y legales que puede traer consigo publicarla.

Lo más preocupante es que esa realidad comienza a parecernos normal.

Quizá esa sea la verdadera derrota. No que existan periodistas amenazados, sino que como sociedad dejemos de preguntarnos ¿por qué ocurre? No que aparezcan nuevos comunicados de condena, sino que ya sepamos, casi de memoria, cuál será su contenido. No que un crimen quede sin resolver, sino que la repetición termine por insensibilizarnos.

Una democracia no se deteriora únicamente cuando fallan las instituciones. También se debilita cuando la violencia logra modificar aquello que la sociedad conoce sobre sí misma. Cada investigación que no llega a publicarse, cada historia que queda inconclusa y cada pregunta que deja de formularse, reducen nuestra capacidad para entender la realidad y exigir responsabilidades.

El comunicado del Foro Nacional de Periodistas, afirma que "cuando la violencia intenta sustituir a la palabra, se vulnera el derecho de la sociedad a conocer la verdad". Es una afirmación que merece ser leída con atención, porque desplaza el debate del interés del gremio al interés público. El problema no es solamente que un periodista sea asesinado, el problema es que con cada agresión pierde fuerza el derecho de todos a estar informados.

En el marco por el 41 aniversario de El Diario de Chihuahua, reconocemos el compromiso de quienes, desde las redacciones y los espacios de opinión, continúan ejerciendo un periodismo independiente y crítico, convencidos de que informar con responsabilidad sigue siendo una de las formas más valiosas de servir a la sociedad.