El trabajo infantil no es una estadística: es una fractura moral. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité de los Derechos del Niño (CDN) coinciden en que cualquier actividad económica que prive a niñas, niños y adolescentes de su educación, salud o desarrollo constituye una violación de derechos humanos. No es un problema laboral, ni una tradición familiar, ni una estrategia de supervivencia: es un síntoma de fracaso institucional.
Las cifras globales son contundentes. Según las estimaciones OIT–UNICEF 2024, 160 millones de menores trabajan en el mundo; 70% lo hace en agricultura; 79 millones realizan actividades peligrosas; y el grupo más numeroso es el de 5 a 11 años, lo que confirma que el daño no empieza en la adolescencia, sino en la infancia temprana. El trabajo infantil es una trayectoria, no un dato aislado: quien trabaja a los 10 años suele haber empezado a los 7, y quien trabaja a los 7 probablemente ya vivía en un entorno donde la escuela era un lujo y la protección institucional, una ausencia.
En México, la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI 2022) revela que 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes realizan trabajo infantil. Pero el espejo más incómodo está en Chihuahua: 113,000 menores trabajan en el estado, lo que representa 13.1% de la población de 5 a 17 años. Es decir, uno de cada ocho menores chihuahuenses vive una infancia atravesada por jornadas laborales, riesgos físicos y abandono institucional.
Aquí aparece el matiz que importa: Chihuahua tiene la tasa más baja de informalidad laboral del país, alrededor de 34% según la ENOE. Pero incluso con ese indicador favorable, el estado mantiene bolsones de precariedad —en la Sierra, en la agricultura familiar, en el comercio callejero y en ciertas periferias urbanas— donde el trabajo infantil se enquista y se vuelve estructural. La OIT lo ha documentado durante décadas: el trabajo infantil no depende del promedio estatal, sino de los espacios donde la protección social se diluye y la vulnerabilidad se vuelve norma.
La ENTI revela además un dato que debería estremecer a cualquier autoridad: el 60% del trabajo infantil en Chihuahua ocurre en ocupaciones peligrosas. Agricultura, construcción, comercio informal, trabajo doméstico intensivo. Son actividades que la OIT clasifica como de alto riesgo físico y emocional. No se trata de “aprender a trabajar”, sino de sobrevivir a un entorno que normaliza que un niño de 12 años cargue costales, manipule herramientas o atienda un puesto callejero hasta la noche.
El Comité de los Derechos del Niño agrega otra capa: la edad no es un dato estático. Un adolescente que hoy trabaja en la construcción probablemente empezó cargando leña a los 8 años. Una niña que hoy limpia casas quizá lleva una década realizando trabajo doméstico intensivo, invisible y no remunerado. El daño se acumula, se profundiza y se hereda. Y en Chihuahua, donde cientos de miles de personas viven en pobreza multidimensional, la vulnerabilidad se convierte en destino.
El problema no es la falta de leyes. México tiene una de las normativas más avanzadas de América Latina: prohibición del trabajo infantil, regulación estricta del trabajo adolescente, sanciones claras. Pero el CDN lo ha dicho con todas sus letras: una ley sin institucionalización es letra muerta. En Chihuahua, la inspección laboral es insuficiente, la protección social es limitada y la coordinación interinstitucional es débil. La tolerancia social del trabajo infantil es, en realidad, tolerancia institucional.
La OIT insiste en que el trabajo infantil es un indicador directo de debilidad estatal. Donde hay precariedad persistente, ausencia de inspección y protección social insuficiente, hay trabajo infantil. Y donde hay trabajo infantil, hay un Estado que no está cumpliendo sus obligaciones internacionales. No es un juicio moral: es un diagnóstico técnico.
Chihuahua necesita mirarse sin evasivas. No basta con celebrar la industria, la frontera o la vocación agrícola. Un territorio que permite que 113,000 menores trabajen es un territorio que está fallando en lo esencial: garantizar que la infancia sea infancia. La pregunta no es qué hacen las familias, sino qué no está haciendo el Estado.
El trabajo infantil es la deuda que Chihuahua no quiere mirar. Pero mientras no se mire, seguirá creciendo. Y cada niño que trabaja es una historia que se desvía, una oportunidad que se pierde y un futuro que se achica. La infancia no debería ser negociable. Y, sin embargo, en Chihuahua, lo es todos los días.
