En México, millones de derechohabientes del IMSS y del ISSSTE viven cada día un fenómeno que rara vez se nombra con precisión: la expropiación sistemática de su tiempo. No se trata de una molestia ocasional ni de un mal día en la ventanilla. Es un patrón estructural que afecta a trabajadores, familias y empleadores, y que deteriora la vida productiva del país.
Mi experiencia reciente —un día entero absorbido entre trámites y esperas— no es relevante por sí misma. No es el origen de este texto ni su motivación principal. Es, más bien, un recordatorio de que debo profundizar en un análisis que llevo años observando: la tramitología en salud no es una falla operativa, sino un síntoma de un problema sistémico que tiene consecuencias económicas, sociales y democráticas.
El tiempo perdido como daño económico y ciudadano. Cada hora que un derechohabiente pasa esperando atención médica, un trámite o una validación administrativa es una hora que no trabaja, no produce, no cuida, no estudia y no descansa. Es una pérdida real, con efectos concretos: 1) disminución de ingresos para quienes viven al día; 2) interrupción de procesos productivos; 3) costos adicionales para empleadores; 4) desgaste emocional y físico; 5) menor participación cívica y comunitaria.
El Estado actúa como si el tiempo de las personas fuera un recurso gratuito. Pero no lo es. El tiempo es un bien perecedero e irrecuperable, y su desperdicio masivo constituye un daño económico que nadie registra y un daño ciudadano que nadie reconoce.
Un diseño institucional que transfiere costos al derechohabiente. La saturación del IMSS y del ISSSTE no es un accidente ni una suma de malas prácticas. Es el resultado de un diseño que prioriza la reducción de costos internos por encima del bienestar del derechohabiente. Plantillas mínimas, procesos redundantes, sistemas informáticos fragmentados y una cultura organizacional que privilegia el procedimiento sobre el criterio producen un efecto predecible: Lo que la institución ahorra en nómina lo paga la sociedad en tiempo, productividad y desgaste.
Es una transferencia silenciosa de costos desde el Estado hacia quienes sostienen al Estado con su trabajo.
La paradoja: el Estado también maltrata a sus propios trabajadores. Un exfuncionario del ISSSTE me dijo alguna vez que los trabajadores del Estado padecen el mismo suplicio que los demás derechohabientes. Esa afirmación revela algo más profundo: la burocracia mexicana no distingue entre ciudadano y empleado público. Ambos son tratados como piezas intercambiables dentro de un aparato que no reconoce el valor del tiempo ni de la dignidad.
Cuando el Estado obliga a sus propios trabajadores a perder horas en trámites interminables, se da un tiro en el pie. Deteriora la salud, el ánimo y la productividad de quienes sostienen el servicio público. Y al hacerlo, deteriora también la calidad del servicio que reciben los demás.
La ideología burocrática: un autoritarismo cotidiano. Lo que solemos llamar “actitud burocrática” es, en realidad, una ideología institucionalizada. No es autoritarismo en su versión espectacular, sino en su forma más cotidiana: 1) el trámite por encima del derecho; 2) la espera por encima de la eficiencia; 3) la obediencia por encima del criterio; 4) la institución por encima del derechohabiente.
Este autoritarismo silencioso no necesita gritar ni reprimir. Se expresa en turnos, sellos, formularios, ventanillas y silencios.
El tiempo como indicador democrático La calidad de un sistema de salud no se mide solo por su infraestructura o su presupuesto, sino por el tiempo que exige a las personas para ejercer sus derechos.
Un Estado que expropia el tiempo de sus derechohabientes —y de sus propios trabajadores— no solo es ineficiente: es un Estado que erosiona la dignidad, la productividad y la vida democrática del país.
La conclusión es clara: El IMSS y el ISSSTE no solo vulneran derechos: expropian el tiempo de millones de derechohabientes y deterioran la productividad nacional. Ese tiempo perdido es un daño moral, un costo económico y un indicador de la calidad democrática del país.